Ene 042018
 

Marciano Martín Manuel[1]

 

INTROITO

Para José Sánchez-Matas González[2], «en marzo de 1936 los rojos quemaron el altar mayor de la parroquia de Santa María». Ventura Ginarte González también se hizo eco de «la quema del altar de Santa María en la parroquia de la iglesia y la desaparición del sagrario»[3]. Francisco Moriche Mateos ha publicado una nueva versión procedente de las fuentes orales[4]:

 

Por un lado, vecinos de derechas afirman que varios jóvenes izquierdistas, ayudados por uno de ellos que había sido monaguillo y conocía la forma de acceder al recinto con la puerta principal cerrada, prendieron fuego dentro del templo, robaron el sagrario con el cáliz sacramental, se marcharon por donde habían entrado y bebieron vino con el cáliz en alguna taberna del pueblo.

La otra versión, sostenida por vecinos de izquierdas, dice que varios derechistas obligaron bajo amenazas a algunos jóvenes a iniciar el incendio, para conseguir, culpando de ello a simpatizantes del Frente Popular, provocar una radicalización de los enfrentamientos entre ambos bandos.

Carecemos de pruebas definitivas para afirmar o descartar una u otra versión del suceso. En cualquier caso, anotamos que es la primera de ellas la más difundida, aunque varios vecinos consultados respaldan la segunda, basándose en conversaciones mantenidas en su momento con algunos de los izquierdistas acusados de incendio, como el apodado Canore, y alguna charla lejana en el tiempo con Tío Castilla, dueño de la taberna donde presuntamente se bebió vino con el cáliz robado y que negó tajantemente tal hecho. También para respaldar esta segunda versión se alude a la confesión supuestamente realizada por el vecino Tomás Chinín antes de morir, en el sentido de que él mismo y otros jóvenes fueron obligados a confesarse a sí mismos y acusar a otros de la responsabilidad del incendio. Significativo en extremo resulta también el hecho de que el cáliz robado finalmente apareciese, tiempo después, en manos de uno de los más significados personajes del régimen franquista en Hervás.

 

¿Cómo era la situación política y social en la Hervás republicana de 1936? ¿Y qué nos revelan las fuentes documentales de archivo sobre el controvertido incendio?

 

LA ENSEÑANZA LAICA Y RELIGIOSA

El Frente Popular [FP] controló el ayuntamiento tras las elecciones a Cortes del 16 de febrero de 1936. No obstante, Eduardo Silva Gregorio, de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de Gil Robles, fue el candidato más votado, con 1194 sufragios. José Giral Pereira, de Unión Republicana, obtuvo 766[5]. El gobernador civil del FP, Miguel Canales, repuso a los cuatro concejales de izquierdas que habían sido depurados por el gobernador radical Miguel Ferrero Pardo en 1934. No obstante, al hilo de la política caciquil de su predecesor, el gobernador del FP destituyó a los cinco concejales de derechas elegidos en las elecciones municipales de 1931: Matías Álvarez Benavides (Republicano Independiente), Vicente Cid Gómez–Rodulfo y Quintín Hernández Martín (Liga Agraria), Primitivo Martín Sánchez y Tomás Sánchez Hoyos (Radical). Y designó concejales interinos a Patricio Ferreira Mártil, Anastasio Martín Marín y Julio González Muñoz (Izquierda Republicana) y los socialistas Luis García Holgado, presidente de la Agrupación, Eustaquio Oliva Cerro, Guillermo Herrero Herrero y Adrián Pérez Castellano. Ángel Barrios Pérez recuperó la alcaldía que había obtenido en las elecciones de 1931.

La coalición republicana del FP abordó el tema de la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, como había prometido Luis García Holgado al electorado en el mitin del 5 de febrero[6]; ratificó el acuerdo de construcción del grupo escolar, constaría de doce aulas, seis para niños y seis para niñas, un comedor escolar, casa del conserje, inspección médico y museo[7]; y concertó la adquisición de un solar a Benedicto Hernández Herrero, en la Plaza de González Fiori, tasado en doce mil pesetas.

La coalición republicana y socialista había retirado los símbolos religiosos de las escuelas públicas, secularizado el cementerio municipal e inhabilitado el movimiento católico del Círculo Tradicionalista, en 1932[8]. Las calles eran un hervidero de rumores. Al sacerdote Benito Herrero le habían llegado noticias de la inminente clausura de la Escuela Dominical por el FP. El director espiritual se anticipó a los hechos y cursó una epístola al teniente de alcalde, Luis García Holgado, el día 5, del siguiente tenor:

 

Sr. Don Luis Garcia Holgado.

Presente: Muy Sr. mío: Han llegado a mis rumores de que Vd. trabaja para impedir el funcionamiento de la Escuela Dominical, creyendo «sin duda mal informado» que estamos fuera de la Ley.

Yo siempre [he sido] respetuoso con la Autoridad y obediente a las Leyes, jamás he trabajado ni me he desenvuelto al margen de la Ley.

Las Escuelas Dominicales, dicho por los Inspectores no están sujetas a las Leyes del Magisterio, puesto que se trata de dos horas cada semana. Además, yo entiendo que toda Asociación dentro de sus respectivos locales, puede dedicarse a instruir a sus asociados, proporcionarles algún recreo etc; y creo que Vd. sabrá que estamos aprobados por el Gobierno Civil, y por consiguiente dentro de la Ley de Asociaciones.

Además, para mayor garantía, sepa Vd. que tenemos de directora de nuestra Asociación a Doña Julia Comendador que es Maestra Nacional, retirada en su casa. Y en fin que dicho local es de propiedad particular como la casa que Vd. habita.

Perdone que me haya anticipado a darle estos datos para que proceda en todo con conocimiento de causa. Si a pesar de todo se nos atropella, esperaremos tranquilamente y nos defenderemos con todos los medios legales. De Vd. attento.- Benito Herrero. Rubricado.

 

Luis García Holgado, zaherido por el tono acre del director espiritual, expidió una misiva al gobernador civil de Cáceres, con una copia de la carta, en la que le informaba[9]:

 

Excmo Sr.

En esta localidad, funciona, una llamada «Escuela Dominical» que regenta o dirije un sacerdote, tratandose de darlo viso de legalidad, con la adscrición a ese funcionamiento de una Maestra Nacional, sin ejercicio. El funcionamiento de esa Escuela Dominical, en el aspecto cultural, como todas las de su clase es nulo. En el aspecto político–social, máxime en esta nueva etapa del rescate de la República, es ocasión y sitio de reunión donde estravaxandose de la función peculiar que debiera tener, se alienta el deseo de fracaso de los nuevos rumbos del régimen, dando ocasión a discusiones dentro y fuera del recinto que ocupa que producen desasosiego público.

A probar ello de manera indubitada y con toda la prudencia y eficacia, que la experiencia pasada indica observar a toda Autoridad Gubernativa, se encaminaba el que informa y he ahí que la desaprensiva conducta del Director o pretendido Director, de ese Centro de reunión, nos da la certidumbre de lo que es en si, dirigiendose a esta Alcaldia en la carta adjunta, cuyo contesto descubre harto claramente, el fin de ese Centro Dominical.

Por lo consignado que es cierto, y la actitud de reto, de esa cominicación epistolar que se me ha dirigido, me hace estimar de urgente necesidad y asi se lo ruego y encomiendo a V. E. de que tal Centro que no cumple ninguna misión social útil, sino de aliento cierto a la reacción sea clausurado siquiera provisionalmente, hasta que comprobados cuantos extremos sean precisos se decrete la clausura definitiva.

Asi lo espera merecer de V. E. en bien de la tranquilidad pública y régimen Republicano.

 

La Constitución de 1931 consideró a las confesiones religiosas como asociaciones, vetó el ejercicio de la enseñanza a las comunidades religiosas y la disolución de las instituciones que, a tenor de sus actividades, constituyesen un peligro para la seguridad del Estado. Juventud Católica, rama femenina y masculina, había tramitado los requisitos necesarios en el gobierno civil para funcionar como asociación, en mayo de 1933[10].

En los plenos municipales de los días 11 y 18 de marzo, el alcalde Ángel Barrios abordó el tema de la escuela laica y la supresión de la enseñanza por las órdenes religiosas. En su opinión resultaba «verdaderamente lamentable que en un régimen republicano, y en los cuatro años de vigencia de nuestra ley fundamental, no hayan sido cumplidos totalmente precepto de tanta importancia como el laicismo en la enseñanza pública y sigan por este motivo recibiendo enseñanza religiosa en colegios, niños y niñas pertenecientes a un Estado laico». Se refería al colegio de monjas josefinas trinitarias que levantaba sus muros en el número 11 de la calle Centiñera. Ángel Barrios moraba en el número 14, con su compañera Encarnación Gómez Pérez, 37 años, y su hermana soltera Dolores Barrios Pérez, 37 años. El alcalde socialista consideró que había que abordar con la mayor diligencia posible «la creación de dos escuelas de párvulos, una para niñas y otra para niños, con objeto de que reciban en ellas la enseñanza laica los niños que hasta ahora asisten a colegios religiosos»[11].

Entre tanto, Luis García Holgado estimó que las reuniones de Acción Católica en la Escuela Dominical eran una tapadera para conspirar contra la paz y el orden de la República, por lo que decidió, a tenor del artículo 26 de la Constitución, candar las puertas al centro católico. La alcaldía solicitó la clausura al gobernador civil, el día 17 de marzo[12]:

 

Negociado: Orden publico.

En esta localidad vienen funcionando las Asociaciones denominada «Juventud Católica Femenina» y «Juventud Católica Masculina» en el Edificio llamado de la Escuela Dominical, Plaza de Don Faustino Castellano, desplegando sus Directivos y afiliados una actividad o actuacion provocativa, celebrando reuniones clandestinas, admitiendo a elementos extraños a la misma, con los que se confabulan, propalando rumores en desprestigio del régimen que al trascender al publico producen protextas, acaecidas con reiteracion.

El jueves ultimo dia 12 de marzo fue sorprendida por los Agentes de mi autoridad y Teniente de la Guardia Civil una de tales reuniones clandestinas encontrando en el local de la Juventud Católica Femenina sobre 50 mujeres y menores de edad, contestando a la indagatoria de los Agentes con evasivas y manifestando que seguirian haciendo las reuniones.

Esta Alcaldía ve manifiesto peligro para el sosiego publico, en la continuacion del funcionamiento de esas Asociaciones, porque no solamente concurren diaria y frecuentemente los afiliados a las mismas si no que también lo hacen los tradicionalistas y fascistas de la localidad, resultando un centro de expansion de la reaccion.

Entiende pues, que procede y seria una medida saludable para la tranquilidad publica la clausura de esos Centros, por las causas apuntadas.

Le saluda atentamente. Hervas 17 de Marzo de 1936.

 

Juventud Católica masculina no se quedó de brazos cruzados. Ese mismo día, a las siete y media de la tarde, el jefe interino de la guardia municipal, Marino Colmenar Castellano, vicepresidente de la Agrupación Socialista, tuvo que «disolver varios grupos que habían formado los individuos de la Juventud Católica en la Plaza de los Capitanes Galán y García Hernández [Plaza de la Corredera], con el propósito de impedir la clausura de la Escuela Dominical, ocurriendo algunos incidentes los cuales fueron resueltos sin novedad». El inspector de la zona de Primera Enseñanza, Eduardo Málaga, vecino de La Granja, dio fe de «la irregularidad en el funcionamiento de la Escuela Dominical», -no señaló en qué consistía la irregularidad-, y tramitó la orden de clausura al gobernador civil. Las mujeres obreras y sirvientas católicas recibirían la enseñanza laica y gratuita «en las escuelas nacionales por las maestras nacionales de aquella villa»[13], que se habían ofrecido voluntarias, a propuesta del consejo local de Primera Enseñanza[14].

A las 19,30 de la tarde del día 23 de marzo, el cabo Florencio Pizarro y los guardias municipales Maximino Rubio, José Fraile, Julián Calderas, Emilio Muñoz y Alejandro Salgado entraron en la Escuela Dominical, por la calle de la Fábrica [Plazuela de Hernán Cortés] número 33, y procedieron «al reconocimiento y clausura de dicho centro en virtud de orden del alcalde de esta villa don Ángel Barrios Pérez, el que se llevó a efecto dando por resultado negativo». El sacerdote Benito Herrero confesó a Ventura Ginarte González[15] que los policías municipales «registraron la Escuela Dominical, y me quisieron llevar a la cárcel, pero no encontraron razones». Los agentes del orden público precintaron la puerta con «unas tiras de papel en cuyos extremos quedan estampados la firma del cabo Florencio Pizarro, quedando clausurada en la misma forma la puerta de entrada que tiene referido local por la Plaza de D. Faustino Castellano número treinta y cinco». Firmaron el enterado, el cabo Florencio, los presidentes de los centros de Juventud Católica, Flora Muñoz y Conrado Hernández, y los testigos Antonio Romero Sánchez y Fulgencio González Majadas[16]. La coalición del FP barrió de la vida republicana la labor docente de la Escuela Dominical, en consonancia con el programa laicista del ayuntamiento y la Constitución republicana, pero también barrió la actividad cultural del centro, autorizada por las leyes.

Parafraseando a Gerald Brenan, el laberinto republicano hervasense se desarrolló en una atmósfera de enfrentamiento ideológico y crispación social, con un sinfín de problemas, como la oleada anticlerical de la izquierda contra los movimientos sociales de la iglesia católica, con el telón de fondo de la enseñanza laica; el control por los socialistas de las redes clientelares sindicales de la Casa del Pueblo; el desencanto del movimiento anarcosindicalista con la UGT, impaciente por consumar una revolución social y una reforma agraria que nunca llegarían; y las vendettas laborales de los patronos–concejales de derechas que no estaban dispuestos a transigir con un reparto más equilibrado en los beneficios del capital. El desconocimiento por los patronos–concejales del espíritu solidario del movimiento obrero y de sus justas reivindicaciones salariales, les llevó a la convicción de que los trabajadores eran unos rojos asalariados al servicio de Moscú. Y, a su vez, la fobia acendrada del proletariado hacia los patronos–concejales de las fábricas textiles y del mueble les llevó al convencimiento de que eran fascistas.

Eran las dos orillas de la Hervás republicana del treinta y seis: el carca y el rojo.

En este intrincado laberinto de pasiones sociales y pulsiones ideológicas, el altar mayor de la iglesia parroquial de Santa María de Aguas Vivas fue pasto de las llamas en la noche del domingo de Ramos de 29 al lunes 30 de marzo, inicio de la semana santa.

 

SUMARIO NÚMERO 43 DE 1936 POR INCENDIO

El lunes día 30 de marzo, el alcalde socialista Ángel Barrios cursó un telegrama al gobernador civil de la provincia, a las 12 de la mañana, con una noticia escueta del incendio:

 

Participo a V. E. según me comunica sereno municipal noche pasada sobre 12,30 observo incendio en Iglesia Santa María siendo extinguido vecindario hubo necesidad destruir altar mayor para evitar propagacion le saluda.

 

Una hora después, el teniente de línea Román Muñoz Muñoz le comunicó el suceso del siniestro y la sustracción del dinero de los cepillos limosneros:

 

Noche ultima sobre una madrugada fue advertido por un sereno municipal incendio Iglesia Santa Maria esta localidad acudiendo vecindario en masa que consiguio con fuerza y autoridades extinguir fuego no quemandose más que altar mayor y sin menor daño resto altares e iglesia se supone que fuego sea intencionado y se inicio detrás dicho altar mayor ignorándose forma practicado gestiones union Juzgado apareciendo después violentados los cepillos Iglesia no ocurrieron incidentes y existe tranquilidad correo detalles.

 

Como anunció en su telegrama, el teniente Román Muñoz envió el atestado de los hechos por correo, ampliando el resultado de las investigaciones[17]:

 

Como ampliación a mi telegrama de hoy sobre incendio en la Iglesia de Santa María de esta localidad, ocurrido en la noche última, tengo el honor de participar a V. E. que poco antes de la una de la madrugada, advirtió el sereno municipal Francisco Flóres Gómez dicho incendio e inmediatamente lo comunicó a sus compañeros, dando la voz de alarma; presentándose con toda rapidez el Oficial que suscribe con la fuerza de esta residencia, autoridades locales y numeroso vecindario, principalmente de la clase obrera, que trabajó con gran decisión y sin reparar en peligros, dirigidos por el que suscribe y demás autoridades, consiguiendo que a las tres de la madrugada quedara completamente sofocado el siniestro y que éste se redujera al altar mayor, sin que sufrieran el menor daño, ni el resto de la Iglesia, ni los demás altares existentes en ella, sin desgracias ni incidentes personales.

El siniestro se inició detrás de dicho altar mayor, no advirtiéndose indicio alguno de que se haya producido con ningún líquido ni materia inflamable, como lo demuestra el hecho de que unas columnas que había en la parte anterior del altar, no han sufrido los efectos del fuego, aunque tuvieron que tirarse al suelo para evitar se propagara a ellos el incendio de la parte posterior, suponiéndose que de haberse empleado gasolina u otro combustible incendiario, dichas columnas hubieran también ardido.

Hasta la fecha, no se ha podido esclarecer si el fuego ha sido casual ó intencionado y en este caso, quien o quienes hayan podido producirlo, pues ni en las puertas del templo, ventanas, tejados ni paredes, existe señal alguna de violencia, aunque se sospecha sea intencionado, por haberse iniciado por detrás del altar mayor, donde según referencia del Cura Párroco, no había luces ni corriente eléctrica y sí solo una lamparilla de aceite delante del lado derecho del altar, que no se cree produjera el fuego, pero que de haberlo producido casualmente, hubiera prendido primero en la parte de delante del altar y no en la de detrás.

A pesar de no existir las señales de violencia aludidas, a última hora de la madrugada manifestó el Párroco D. José Rodríguez Trinidad, que una hermana suya que habita en su compañía y fué de las primeras personas que acudieron al fuego, había observado que la puerta de la sacristía que dá a unos corrales y comunica con el templo, estaba abierta cuando ella llegó, extremo éste que no se ha confirmado, pues los serenos y otros vecinos que llegaron los primeros y abrieron la puerta principal de la Iglésia, no advirtieron que estuviera abierta la de la sacristía, ni tampoco saben que dicha Señora, que fué al templo en unión de ellos, hallara abierta la puerta de referencia, la cual tiene un pequeño cerrojo que se cierra por dentro, habiéndose comprobado que si ese cerrojo hubiera estado bien echado, no es posible abrir la puerta sin violencia, cuya violencia no se advierte en lo más mínimo; y solo se explicaría que la puerta habia sido abierta por fuera, en el caso de que el cerrojo se dejara sin echar ó se hiciera deficientemente.

De madrugada y después de sofocado totalmente el fuego, se advirtió que dos cepillos limosneros del templo, cerrados con candados pequeños, estaban violentados, pareciendo que los candados se habian hecho saltar con un crucifijo de metal de uno de los altares y cuyo crucifijo estaba doblado, pero en dichos cepillos no habia cantidad alguna y se cree que fueron violentados cuando la Iglésia estaba invadida por los que acudían al siniestro.

También manifiesta dicho Párroco que no ha sido hallado el copón del altar siniestrado, que es de plata lisa valorado en unas cien pesetas aproximadamente, ignorando si con el fuego ha podido derretirse o desaparecido entre los escombros del altar, ó ha sido sustraido.

Tanto por el que suscribe, como por la fuerza a sus órdenes, de acuerdo y en cooperación con el Juzgado de Instrucción, que instruye diligencias, Alcalde y demás autoridades, se practican activas gestiones para el esclarecimiento del hecho, que apasiona los ánimos de este vecindario divididos con encono por cuestiones políticas y sociales y que mutuamente se achacan la culpabilidad de lo ocurrido, sin aportar dato ni indicio alguno conducente a su esclarecimiento; siguiéndose por toda la fuerza dichas gestiones, de cuyo resultado, caso de ser favorable, daría cuenta inmediata a su respetable autoridad; siendo el estado de ánimo del vecindario algo excitado, aunque hasta la fecha existe tranquilidad.

 

A su vez, el gobernador civil informó del siniestro al ministro de Gobernación, Amós Salvador Carreras[18]:

 

Alcalde de Hervás con esta fecha me telegrafía lo siguiente. Participo a VE según me comunica sereno municipal en la noche pasada sobre 12,30 y 1 observó incendio en Iglesia Santa María de esta Villa siendo extinguido por vecindario. Resultó quemado altar mayor y resto iglesia y altares menor daño. No hubo incidentes de ninguna clase y la tranquilidad es completa. Lo traslado VE su conocimiento y a fin de que se sirva informarme sobre el particular. Le saluda.

 

Y le envió una copia del oficio del teniente de la Guardia Civil, el 1 de abril. Victoriano Cazás Herrero, juez municipal y sustituto del juez de Primera Instancia e Instrucción del partido de Hervás durante su ausencia, pidió al alcalde socialista, el 30 de marzo, que dos agentes municipales acompañasen al sargento de la guardia civil, Ángel Vaz–Romero, «para llevar a cabo un minucioso registro en los escombros que han quedado del altar y retablo mayor siniestrados en el templo de Santa María de Aguas Vivas, a fin de hallar y ocupar el copón o restos del mismo que se guardaba en el sagrario del altar aludido». Se acababa de incoar el sumario número 43 de 1936 por incendio de la iglesia parroquial de Santa María.

Mientras el juez instructor se aplicaba en las diligencias sumariales, la maestra María Dolores Jiménez Pulido entraba en el retrete de las escuelas nacionales, hoy Hospedería «Valle del Ambroz», y se encontró con una inscripción en la pared escrita a dos manos. El primer rótulo, redactado con lápiz color grosella, decía: «Viva Acción Popular». El segundo, con lápiz color encarnado, añadía: «Y muera doña Lola que es una tía puta». Acción Popular estaba vinculada al Partido Regional Agrario, el partido de los terratenientes, la burguesía y el ejército. Tras el alzamiento militar de 1936, Acción Popular y los agrarios nutrieron las filas de Falange.

La maestra María Dolores Jiménez formaba parte del grupo pedagógico progresista inspirado en la Institución Libre de Enseñanza como instrumento de transformación educativo de la sociedad, cuya metodología no era del aprecio de la derecha católica. El jefe de orden público Marino Colmenar realizó pruebas caligráficas a «varios niños y niñas de distintas escuelas teniendo la sospecha de que pudieran ser uno de los niños de la escuela de don Emiliano Rodríguez». Las autoridades municipales y educativas encontraron similitudes con la caligrafía de Publio Vega Hernández, de doce años, y de Antonio Cano Santos, de catorce, que negaron la autoría. El niño Juan Colmenar informó al sargento Ángel Vaz que había prestado un lápiz encarnado a Publio, similar al de la inscripción. La maestra Aurelia Rodríguez, de ideología conservadora, tenía un lápiz color grosella, «que es de suponer que utilizaron los niños, sin su consentimiento, en dichas inscripciones». El consejo local escolar pidió a las autoridades municipales que abriera una investigación[19].

El sábado día 4, el alcalde accidental Luis García Holgado notificó a don Hipólito Prieto Pérez, párroco de San Juan Bautista, la circular número 1269 del gobernador civil Miguel Canales, que prohibía taxativamente celebrar las procesiones de semana santa en todos los pueblos de la provincia de Cáceres[20].

El domingo día 5 se había producido una reyerta en el exterior de la taberna de Cirilo García entre las familias Majada y Joaquín Lomo, jornalero de la UGT. Cuatro personas resultaron heridas con armas blancas. Los tres informes oficiales redactados por personas de diferentes ideologías políticas nos ofrecen su visión particular de los hechos, que expongo para que cada cual, acorde con su conciencia, o su ideología, pueda formular el veredicto de su historia. Son las miradas poliédricas del laberinto republicano hervasense.

El teniente de línea Román Muñoz Muñoz, trabajador infatigable al servicio de la república española, y no de los intereses de los partidos políticos y los sindicatos, envió un informe detallado al gobernador civil[21]:

 

Como a las 21 horas de la noche ultima, fue requerido por el Jefe de la Policia Municipal de esta Villa, el auxilio de la fuerza porque a consecuencia de una reyerta ocurrida momentos antes entre varios individuos, de la que habian resultado 6 heridos, estaban los ánimos del vecindario bastante excitados y pudieran surgir nuevas cuestiones.

Seguidamente, salió el Oficial que suscribe con el Sargento Comandante del Puesto de esta Cabecera D. Angel Vaz Romero Mateos y una pareja del mismo, que en unión del Alcalde y Agentes Municipales lograron disolver los grupos, sin que ocurrieran nuevos incidentes; y auxiliaron al Juzgado de Instrucción, que tambien se presentó prontamente, y que comenzó a instruir las correspondientes diligencias; de cuya reyerta resultaron los heridos siguientes:

Gregorio Majada Gómez, de 23 años, herida incisa en región torácica posterior derecha, penetrante en el tórax, grave.

Pedro Majada Gómez, de 19 años, hermano del anterior, herida incisa en la región escrotal izquierda, pronóstico reservado.

Joaquín Lomo Garcia, de 26 años, herida incisa en región infra–umbical, pronóstico reservado.

Julián Calzado Barbero, de 36 años, herida incisa, en región glútea derecha, leve.

Cándido Majadas Sánchez, padre de los dos primeros, erosiones y contusiones en la región torácica lateral derecha y lateral del cuello, leve.

Catalina Gómez, esposa del anterior, contusión en región torácica lateral izquierda, leve.

Las heridas de los 4 primeros todas de arma blanca, y las de los ultimos de golpes; y como los tres primeros se consideran los principales autores y culpables de lo sucedido, quedaron detenidos en sus respectivos domicilios a disposición del Sr. Juez de Instrucción.

La reyerta tuvo lugar sobre las 20,30 horas, en la calle «Relator González» de esta localidad; y de las averiguaciones practicadas por la fuerza, resulta que a dicha hora se hallaban en la taberna de Cirilo Garcia, entre otros, un grupo formado por los vecinos Joaquín Lomo García (a) Cancho, Francisco Barros Valle, Abilio Gonzalez y Cipriano Sanchez y otro grupo que formaban Cándido Majada Sanchez con dos de sus hijos llamados Gregorio y Pedro Majada Gómez; ambos grupos de distinta filiación política y con resentimientos anteriores por parte del apodado «Cancho» y la familia del Cándido Majada, derivados de sus diferencias políticas, sin que en la taberna, cuyo dueño es de filiación derechista, como así mismo el Cándido Majada e hijos, tuvieran discusión ni mediara palabra alguna, saliendo primeramente de la misma, el apodado «Cancho» con sus compañeros, haciéndolo después los dos hijos del Cándido Majada, que se encontraron próximo a la puerta de la taberna al Joaquín Lomo Garcia (a) Cancho y otro mas; y sin que haya podido aclararse de quien partió la agresión, pues los hijos del Cándido dicen que fue del apodado «Cancho» y éste asegura con sus acompañantes que la agresión partió de los anteriores, el resultado es que el Joaquín Lomo y los dos hijos de Cándido se agredieron mutuamente, resultando los tres con las heridas al principio expresadas, culpándose de ellas, los hermanos Majada, al Joaquín Lomo y éste de la que él padece, al Gregorio Majada, extremos que los tres niegan.

Inmediatamente de iniciarse la reyerta, se aglomeraron multitud de personas, principalmente de los concurrentes a otros establecimientos de bebidas próximos al lugar de la ocurrencia, que en vez de apaciguar los ánimos, los excitaban mas, guiados por rivalidades políticas, originándose una riña tumultuaria, de la que resultaron heridos el citado Cándido Majada y su esposa que acudieron en auxilio de sus hijos y además otro vecino llamado Julián Calzado Barbero, los tres con las heridas antes referidas, sin que este último tomara parte en la reyerta al principio mencionada, ni se hallar presente, sinó que acudió al advertir el tumulto y afirma que ignora quién pudo herirle, pues a poco de llegar al sitio del suceso, se dirigieron a él sus convecinos Abilio Gonzalez y Cipriano Sanchez, con otros que no recuerda quienes le dijeron «a la cárcel» y estando en discusión con ellos, fué cuando le hirieron por la espalda; negando aquellos que ellos le dijeran fuera a la carcel, ni que discutieran con él, así como que sepan quien le produjera la herida leve que padece.

En cuanto a las armas blancas con que se han producido las lesiones, no han podido ser intervenidas, pues los heridos que aparecen culpables, no tenían ninguna en su poder y niegan haber sido ellos los autores de las que sufren sus contrarios; y del oportuno reconocimiento hecho en el sitio del suceso, no hué hallada arma alguna.

El Oficial que suscribe con la fuerza a sus órdenes continua las gestiones y auxiliando al Juzgado para el total esclarecimiento de lo ocurrido.

 

El socialista Luis García Holgado, destacado por su beligerante actitud anticlerical, en su labor como alcalde por enfermedad del titular Ángel Barrios, comunicó al gobernador civil[22]:

 

Tengo el honor de comunicar a V. E. los siguientes

H E C H O S   S U C E D I D O S,

En la noche del domingo día 5 del actual se encontraba en el establecimiento de bebidas [de] Cirilo García el afiliado a la Sociedad obrera del campo UGT Joaquín Lomo Garcia y observó que entraban un padre y tres hijos llamado el padre Cándido Majadas Sanchez y los hijos Gregorio, Pedro y Victoriano Majadas Sanchez, que el primero notó que de una manera velada y cuchicheando entre ellos lo observaba por lo que temiendo por los antecedentes de los anteriores alguna agresión salió a la calle.

Seguidamente el padre y los hijos citados salieron tambien y el padre le arrancó una cayada de la mano y el hijo llamado Pedro intentó agredirlo repetidas veces lo que no pudo ser por haber hurtado el cuerpo a los golpes. Que en este revuelo dos vecinas de ésta Villa sujetaron al Joaquín y entonces el Pedro con una navaja le dió un golpe en el vientre diciendole: Toma eso, cabrón y que entonces haciendo un esfuerzo violento se deshizo de los que le sujetaban echando a correr a fin de que no, lo mataran y a buscar al Médico para que le curara puesto que se sentia herido. Este presenta una herida de pronostico reservado en el vientre.

Después que sucedió esto parece que hubo un tumulto y que cuando se deshizo resultaron heridos el hijo del Candido llamado Victoriano con una puñalada en un costado penetrante que según el forense interesa la pleura y no sabe si el pulmón. Estado grave.

Otro de los heridos tambien hijo del Candido y llamado Pedro tambien resultó con una herida en la ingle poco penetrante y tambien de navaja. Estado pronostico reservado.

En éste tumulto parece que intentó apaciguar los ánimos el empleado Municipal sepulturero de este Ayuntamiento que se encontraba en el establecimiento de bebidas y sin saber por quién resultó con una herida de navaja en la nalga derecha bastante penetrante. Pronóstico reservado.

El primer herido, o sea Joaquin Lomo, dice que le hirió el Pedro Majadas.

El Victoriano Majadas dice que le hirió el Joaquin Lomo.

El Sepulturero Municipal dice que no sabe quien le hirió y,

El Pedro Majadas dice que le hirió Pedro Rey Valle.

Esto Excmo. Señor es el relato escueto según los informes que tiene esta Alcaldía.

 

Antecedentes de éstos hechos.

Días despues de las elecciones pasada, los hermanos Majadas tuvieron una discusión y amenazaron (pues se trata de elementos de Acción Catolica y de los mas procaces del pueblo), al tal Joaquin Lomo. El establecimiento donde se originó el principio de los hechos es propiedad de Cirilo Garcia Mahillo hermano politico del coadjutor de ésta Villa don Benito Herrero Director inspirador y todo de las Juventudes Catolicas y tradicionalistas. Un hijo del citado dueño es uno de los elementos fascistas catolicos de mas consideración en éste pueblo.

En éste establecimiento hace aproximadamente un més se originó tambien por un elemento de derechas de los pagados por ésas derechas, el atentado a un agente de mi autoridad queriendo matarlo con un cuchillo, asunto en el cual intervino el Juez de Instrucción y que se ha celebrado el juicio hace unos dias habiendo sido condenado el autor de la agresión Pedro Barragán a dos años y cuatro meses.

También en éste establecimiento el pregonero de ésta Alejandro Hernandez venia dando mitines y conferencias fascistas y hablando mal de las Autoridades legalmente constituidas por lo que está suspenso de empleo y sueldo y se le sigue Expediente.

Otros muchos datos se pudieran dar de sucesos de esos y actitudes que se han tomado en muchos de estos establecimientos; desde luego es el punto de reunión de todos los elementos de derechas activos y casi todos ellos protegidos por elementos patronales y de derecha de ésta población y dónde indudablemente se traman todas las cuestiones politicas que alteran la paz de éste pueblo.

En todo este asunto interviene el Juzgado de 1ª instancia.

Esto Excmo. Señor, como a V. E. se le alcanzará no por la ya sucedido sino por lo que pueda ocurrir, puesto que los ánimos no están lo suficientemente calmados debe dar motivo de una medida de V. E. y que esta Alcaldía se atreve a porponer:

Primero: La clausura del establecimiento citado donde han emanado los hechos.

Segundo. Un intervención de agentes de su autoridad para la busca y registro de armas puesto que aunque ayer no se usaron los de fuego tenemos casi la seguridad que en poder de éstos elementos y otros parecidos las hay.

No obstante, V. E. con su mas elevado criterio resolverá.

 

Tres años después, el 30 de octubre de 1939, el alcalde de la comisión gestora del Movimiento Nacional, ofreció su relato al juez de Primera Instancia[23]:

 

Cumpliendo con lo interesado por V. E. en su atenta comunicación fecha 27 del actual, dimanante de la causa número 22 de 1936, por Atentado, tengo el honor de informarle que Pedro Sánchez Barragan, de esta naturaleza y vecindad casado y mayor de edad, ha observado buena conducta político–social, habiendo sido contrario a las ideas marxistas y no habiendo estado afiliado a ninguna sociedad dependiente de la extinguida Casa del pueblo, por cuya causa fué perseguido.

En cuanto a la naturaleza y circunstancia de los hechos que dieron origen a la causa que se siguió a referido Pedro Sánchez Barragan en ese Juzgado con el número 22 de 1936, de las averiguaciones practicadas resulta: Que el 23 de Febrero de 1936 se encontraba [el] citado Pedro Sánchez Barragan en unión de Cecilio Amador, Parson Sánchez y Miguel Yuste, todos los cuales habian votado en las elecciones del 16 de Febrero de 1936 la candidatura de derechas, y habian defendido este ideal en el Establecimiento de bebidas de Cirilo García Mahillo, también de filiación derechista, presentándose en referido establecimiento Santiago Aceras y Patricio Ferreira, ambos destacados elementos izquierdista de esta villa, pues el primero de estos dos se encuentra cumpliendo condena de treinta años impuesta por el Tribunal Militar por tratar de resistir a las fuerzas que declararon en esta villa el Estado de Guerra el 21 de Julio de 1936, y el segundo fue designado Concejal del funesto Frente Popular con fecha 29 del mismo mes de Febrero por su destacado izquierdismo; que al poco tiempo de estar en el extablecimiento el Santiago Aceras provocó a los cuatro relacionados al principio por el motivo de ser derechistas, lo cual dió origen a que el Pedro Sánchez Barragan le contestara tratando de defenderse, entrando en aquel momento un Guardia Municipal y el Jefe de Municipales, llamado Marino Colmenar, significado elemento extremista (que se encuentra en situación de desaparecido[24]) y amenazando el Guardia Municipal con una carabina y el Marino con una pistola al Pedro Sánchez Barragan, lo trataron de detener, siguiéndose el procedimiento por atentado. Que el referido Santiago Aceras en expresado sumario fué también procesado por el mismo hecho pero en el acto del juicio fue absuelto, y en cambio el Pedro Sánchez Barragan fué condenado.

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.

 

El día 17 de abril, Félix García Matos y Luis García Serrano, representantes de los centros de Juventud masculina de Acción Católica de la diócesis de Plasencia, comunicaron al gobernador civil su malestar por la actitud persecutoria de las autoridades republicanas con los centros católicos, con una leve glosa sobre el incendio de la iglesia parroquial[25]:

 

[…] Desde que allí se fundó la Juventud Católica, cuenta con la antipatía natural de los que equivocadamente juzgan que la Acción Católica se mezcla en la política de los partidos, sin atender a que ella tiene solo como fín el formar corazones y ganarlos nada más que para Cristo. Los beneficios que redundan a la sociedad y a los individuos de esta reevangelización que pretendemos, no es necesario que se los encarezcamos a V. E.

Con estos antecedentes, nada tiene de particular que en cuanto ha habido ocasión, se hayan manifestado los elementos adversos con actos que bien se pueden calificar de persecutorios.

Primeramente y por mandato del Sr. Alcalde y con el pretexto de ciertos infundios, se les hizo un registro en el Centro social con resultados totalmente negativos y favorables al buen concepto de aquella J. C., lo cual no impidió que fuese clausurado, paralizando así toda actuación de nuestros jóvenes en su vida cultural y formativa, que era lo que se pretendía. Más no contentos con esto se les hace objeto constante de mofa y hostilidad hasta llegar a la agresión. El Domingo dia 5 del presente més han resultado heridos dos jóvenes de A. C. y maltratada la madre [de] ellos en una reyerta provocada por sus adversarios. Todo esto se realiza con la mayor impunidad y complacencia de las autoridades locales, no dudando en denunciar ante V. E. al jefe de los municipales del pueblo como uno de los instigadores; y también que mucha culpa de la subversión de los animos la tiene un grupo de individuos de Bejar que bajan todos los Domingos de propaganda. Coincidiendo con la presencia de estos, se realizó el intento de quemar el dia 29 pasado una Iglesia en donde no ardio mas que el retablo y el altar mayor por que acudió prontamente el vecindario.

Delata todo esto, señor, una situación peligrosa que solo la imposición de la autoridad de V. E. y vuestra certera intervención pacificadora, puede resolver con bién para todos.

Nosotros rogamos a V. E. que restablezca la Justicia devolviendo a aquella Juventud Católica su libertad de actuación dentro de las leyes, con la apertura del Centro y el permiso para seguir desenvolviendo su labor, probadamente cultural y benéfica y sin contacto alguno con la política. El acta que levantaron con motivo de la clausura, és elocuente en este punto.

Rogamos encarecidamente a V. E. que haga sentir su influencia para contener desmanes y encauzar la actuación de las autoridades a fin de que no se produzcan confusiones ni nuevos hechos como los que denunciamos.

 

En la biblioteca de la Casa del Pueblo había dos ejemplares del libro Incendios de conventos. Posiblemente se refería al volumen Incendios de conventos en España y supresión de misiones y colegios españoles en Ultramar, de Luis G. Alonso Getino, Madrid 1932. Casi todos los ejemplares procedían de la biblioteca particular que Luis García Holgado donó a la Casa del Pueblo antes de su traslado a Cáceres, destinado como jefe de correos[26].

Entre tanto, la comisión provincial arbitral de la revisión de despidos por represalias políticas, en virtud del decreto del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión de 29 de febrero de 1936, instó a la readmisión e indemnización laboral de los treinta y cuatro obreros del sindicato de la industria textil y las ocho obreras de la sociedad La Aurora del Progreso, que habían sido despedidos de la fábrica de tejidos del ex concejal agrario don Vicente Cid Gómez–Rodulfo Sánchez–Matas, por su participación en la huelga revolucionaria de octubre de 1934. De la fábrica del mueble del ex concejal Matías Álvarez Benavides habían despedido a ocho obreros, y de la de Vicente Castellano Sánchez, presidente del partido radical, a cuatro. El artículo 91 de la ley de contrato de trabajo consideraba que el abandono del puesto de trabajo con motivo de huelga no rompía el vínculo jurídico laboral. Por consiguiente, los empresarios estaban obligados a la readmisión de los trabajadores.

Ante las reticencias del fabricante del textil, el sábado día 17 de abril Ángel Barrios dictó una orden de registro en la casa del industrial, en la Avenida de la República, hoy, Paseo de la Estación. El sargento Ángel Vaz–Romero y el guardia civil Dionisio Encinas Carrasco, en presencia de los testigos Marino Colmenar Castellano, jefe de policía, y Miguel Gómez Rodríguez, registraron la vivienda y el vehículo, «por si en él se encontraran armas o documentos fascistas». Su padre, Eduardo Cid Sánchez-Matas, propietario del inmueble, no opuso resistencia. También cachearon a la servidumbre. El registro duró treinta minutos, sin resultados satisfactorios, según informó el teniente Román Muñoz Muñoz. Ángel Barrios comunicó al gobernador civil que había ordenado la detención de «Vicente Cid de filiacion fascista por negarse a dejar cachear ni registrar su automóvil por los citados agentes». El industrial ingresó en la prisión del partido por desobediencia a los agentes municipales, sumario número 54 de 1936[27]. Ángel Matas, jefe de prisión, filtró al alcalde que la autoridad judicial tenía previsto liberar al reo porque no había cargos en su contra. Ángel Barrios comunicó al gobernador civil las circunstancias que habían concurrido en su detención, la gravedad de sus manifestaciones y «la resistencia al cumplimiento de toda orden o disposición gubernativa». Se refería a la no readmisión de los obreros despedidos de su fábrica. El juez de Instrucción ordenó la liberación del empresario, el día 20, a las 20,30 horas[28]. Ángel Barrios expresó su malestar porque en años anteriores, por circunstancias parecidas, se encerraba a una persona por tiempo indefinido. La coalición republicana del FP quedó desacreditada ante los obreros. Al día siguiente, las minorías de Izquierda Republicana y socialista presentaron la dimisión al gobernador civil, que no admitió porque estaban en periodo electoral. Las elecciones municipales habían sido convocadas para el día 12 de abril, pero fueron suspendidas por la conflictividad social[29].

Por otra parte, los sindicatos obreros de la Casa del Pueblo habían reivindicado, sin éxito, la entrega de tierras a las comunidades campesinas y la devolución de las fincas a los arrendatarios desahuciados por los patronos. Ante la pasividad del gobierno central entró en liza el Sindicato Único de Oficios Varios, órgano de la CNT, el 21 de abril. En la comisión organizadora estaban Saturio Mártil, Carlos Sánchez, Heliodoro Sánchez, secretario, Plácido Neila Castaño y Ladislao García. Otros militantes eran Constantino Neila Bueso[30], Clemente Simón Mansilla, Víctor Téllez Lices, Joaquín y Enrique Lomo García[31]. Pedro Morante asumió la presidencia. Algunos afiliados eran obreros desencantados de política cicatera de la UGT, como Ladislao García, presidente del sindicato agrario en 1932[32]. La CNT contaba con 89 afilados en junio. Trasladó la sede a la calle Abajo número 12[33].

La CNT, un proyecto ideológico que estaba próximo al comunismo libertario, entró en pugna con la Casa del Pueblo por el control del movimiento obrero[34]. La crisis del proletariado, acentuada por el desempleo forzoso y la falta de tierras de cultivo, aceleró la petición de la reforma agraria. El jefe del Servicio Técnico de Reforma Agraria no había acudido al socorro del campesino, que había solicitado en reiteradas ocasiones revisar las praderas susceptibles de roturación y de asentamientos. Eduardo Silva Gregorio había transformado en prados sus huertas de regadío y había dejado otras tierras en barbecho para lesionar el trabajo bracero en sus fincas[35]. Tampoco pudo remediar el paro obrero el ayuntamiento del FP. Los fondos de la décima, que cotizaban forzosamente los industriales para ayudar a paliar el paro, eran muy escasos y el temporal de lluvias puso la guinda al campo. Un intento de ocupación de fincas rústicas había sido abortado en Granadilla, en diciembre de 1933. En 1935 la dirección de Montes estudiaba la ordenación del monte número seis del castañar gallego, el tercero en riqueza de España, para remediar el paro obrero. El campesino del Ambroz entró en acción. Treinta y dos yunteros de Valdelamatanza roturaron la finca La Mina, en Baños de Montemayor, propiedad de Eduardo Silva, el 20 de abril. Otros campesinos de Baños de Montemayor intimidaron con roturar La Barranca, pero gobierno civil ordenó el desalojo. Cuatro días después, cuarenta y siete campesinos roturaron con yuntas y herramientas de labor la finca La Auditoria, de Víctor Comendador Masides, en Aldeanueva del Camino, pero fueron desalojados por la guardia civil[36]. En junio, la CNT exigió al ayuntamiento del FP que ejecutase la ley de laboreo de fincas urbanas y declarase «de utilidad social» las fincas Los Barreños y el Lomo, de Eduardo Silva y otros propietarios de derechas administradas por los medieros[37]. Ante la impotencia por no poder solventar los problemas laborales del campesinado, la coalición del FP presentó de nuevo su dimisión, el 2 de mayo, pero tampoco fue aceptada.

Entre tanto, el día 21 de abril, el maestro Emiliano Rodríguez solicitó al ayuntamiento del FP la apertura del mingitorio de las niñas porque estaba fuera de la investigación judicial. Gloria Pérez, presidenta accidental de Juventud Católica femenina, y Conrado Hernández, presidente de la sección masculina, solicitaron la reapertura de la Escuela Dominical, el día 17 de junio. El alcalde accidental Anastasio Martín Marín respondió, dos días después, que el centro había sido clausurado «como medida de precaución para evitar choques y desmanes públicos», las circunstancias políticas que determinaron su cierre no habían desaparecido, y les remitió al gobernador civil[38].

En la manifestación del primero de mayo, las fuerzas de asalto incautaron una pistola vieja y descargada a Emigdio Regidor Belloso, de Baños de Montemayor. El alcalde de Baños de Montemayor, Gonzalo Gómez, pidió al homónimo de Hervás que intercediera ante el juez de instrucción para que lo pusiese en libertad[39]. En la otra orilla, el policía municipal Alejandro Hernández Sánchez fue expedientado por apología del fascismo y desacato al jefe municipal; el agente Víctor García Sánchez fue enjuiciado por desobediencia al alcalde republicano; y Antonio Castellano, José Campos y Domingo Acera, por alteraciones del orden público y alardes fascistas en el salón de bailes del café Artesanos, sito en la calle Braulio Navas.

El ayuntamiento del FP había reactivado el proyecto de construcción del centro escolar, la colonia y la escuela de párvulos en los meses de marzo y abril[40]. Por otra parte, el inspector provincial de Primera Enseñanza y el alcalde Ángel Barrios abordaron el tema de la escuela laica y la supresión de la enseñanza católica en el colegio de la orden religiosa. El ayuntamiento republicano financió la creación de dos escuelas de párvulos para acoger a los niños de la escuela de las monjas josefinas trinitarias, que entrarían en funcionamiento en 1937. El Estado republicano subvencionó la construcción de las escuelas nacionales con 204.000 pesetas, publicado en La Gaceta de Madrid de junio de 1936.

El día 18 de julio, mientras las tropas golpistas del general Yagüe enfilaban hacia Sevilla, el ayuntamiento del FP transfirió a Diputación de Cáceres el proyecto de la colonia escolar. Como no disponía de recursos económicos, la corporación municipal cedió el solar de los Campillares[41]. Este fue el último acuerdo del ayuntamiento republicano.

 

REAPERTURA DEL SUMARIO NÚMERO 43 DE 1936

José Puente Ruiz, teniente coronel del Batallón de Ametralladoras número 7 de Plasencia, declaró el estado de guerra en la ciudad del Jerte el 19 de julio. En Hervás, los republicanos trataron de defender con escaso armamento la legitimidad de la República. Ángel Pérez Neila me ofreció su versión de los hechos, mientras se efectuaba el escrutinio de las elecciones municipales de 1983, en el colegio Santísimo Cristo de la Salud[42]:

 

Los primeros momentos de la guerra no eran muy tranquilizadores, según los partes y noticias que por la radio facilitaba el gobierno. Los altos cargos de organizaciones, sindicatos, ayuntamientos y Guardia Civil se reúnen el 19 de julio por la noche y ordenan que se haga una severa vigilancia por la población y las carreteras. No hay órdenes de arresto. El pueblo está tranquilo. Llegan noticias de que el cuartel de Plasencia se ha sublevado y ha cubierto sus objetivos, como el de Béjar. Ciertos dirigentes, con el teniente de la Guardia Civil, hacen gestiones para conseguir armamento en Plasencia, pero no se lo dan. Nos limitamos a esperar, hasta que llegaron las fuerzas sublevadas de Plasencia y nos rendimos.

 

Las tropas nacionales, comandadas por el capitán de infantería de las fuerzas sublevadas y el sargento de la Guardia Civil, Ángel Vaz–Romero Mateos, proclamaron en la Plaza de Abasto «el nuevo Estado español», el día 21 de julio[43]. El teniente Román Muñoz Muñoz desapareció de escena. Las tropas de ocupación destituyeron al ayuntamiento del FP y nombraron alcalde presidente a Eduardo Cortés Amores, a las 19 horas, «en pro de los anhelos de España sobre redención de los humildes, respeto a los inalienables derechos individuales». Ese mismo día ingresaron en la prisión del partido, Marino Colmenar, jefe de policía, Miguel Ibero, presidente de la Casa del Pueblo, Marcos Castellano Ciprián, presidente del sindicato obreros panaderos de la CNT, Benito Bastos, Guillermo Herrero Herrero, Julián Hernández y Gregorio Gómez Hernández. Antonio López Valle, tesorero de la CNT, se había dado a la fuga. La Junta Auxiliar del Gobierno Civil se estableció en la Escuela Dominical. Militantes de Juventud masculina de Acción Católica se enrolaron voluntarios el 19 de julio en la 1ª Centuria de la 1ª Bandera de la Falange de Castilla. Hubo siete fallecidos, según confesó el sacerdote Benito Herrero[44].

El día 9 de agosto, el teniente Salvador Solórzano, de la comandancia de Casar de Palomero, jefe de las fuerzas nacionales concentradas en Hervás, puso a disposición del juez de Instrucción del partido de Hervás a Jesús Sánchez Ibáñez alias el Artillero, Felipe García Sánchez, Plácido Neila Castaño, Marcelino Málaga Ordoñez, Esteban Sánchez Trinidad, Tomás Ordoñez Hinjos alias Chinin, Marciano García Sánchez y Valeriano Téllez Lices, como «autores y cómplices del incendio intencionado ocurrido en la Iglesia Parroquial de este pueblo en la noche del 30 al 31 de marzo» de 1936[45]. Pelayo González Sánchez, comandante de la Guardia Civil de Aldeanueva del Camino, cuya fuerza había sido concentrada en Hervás, entregó al secretario judicial un atestado con los nombres de los ocho participantes en el incendio, que habían ingresado en la perrera[46]. Todavía no habían detenido a Máximo Hernández Gil.

Los agentes municipales Pablo Gil y Cipriano Hernández –presidente del sindicato campesino El Porvenir del Obrero en 1922–, a petición del juez de Instrucción, practicaron un reconocimiento exhaustivo en el tejado de la escuela nacional de niños, en la calle Braulio Navas, el día 14. Buscaban «una palmatoria de metal dorada corriente, tamaño pequeño, con un cabo de vela», que habían sustraído de la iglesia parroquial la noche del incendio. Las pesquisas resultaron infructuosas[47]. Un informe intituló el sumario: «Incendio»; otro: «Contra el libre ejercicio del culto y otros».

El juez instructor del Batallón de Ametralladoras número 2 de Plasencia solicitó al alcalde de la comisión gestora municipal informes de la conducta moral, pública y privada de Esteban Sánchez Trinidad, de Ciudad Rodrigo (Salamanca), 33 años, padre de tres hijos, alpargatero; y los hermanos Felipe y Marciano García Sánchez, de Portaje (Cáceres), de 28 y 23 años, alpargateros.

El juez interino Victoriano Cazás Herrero requirió al alcalde que le informara de la conducta de Marcelino Málaga Ordóñez, soltero, 19 años; Tomás Ordóñez Hinjos, soltero, 33 años; Jesús Sánchez Ibáñez, soltero, 21 años; Plácido Neila Castaño, soltero, 20 años; Valeriano Téllez Lices, soltero, 25 años; y Máximo Hernández Gil, soltero, 28 años, naturales y vecinos de Hervás.

El teniente Salvador Solórzano había detenido a Jesús Sánchez Ibáñez alias el Artillero, Félix Sánchez García alias Viena y Serapio Valle Castellano alias Cachena, el día 8 de agosto, incriminados en el robo de dinamita, detonadores, pólvora y cartuchos de caza en la casa de Jaime Martín Herrero, sumario número 80 de 1936. A petición del comandante militar juez instructor de Plasencia, la alcaldía remitió nuevos informes de la conducta moral y la filiación política de Jesús Sánchez Ibáñez alias Franklin Lincon, Félix Sánchez García y Serapio Valle Castellano, ebanista, el 8 de septiembre[48]:

 

[…] Que Jesús Sánchez Ibañes (a) Artillero; Felix Sánchez Garcia (a) Viena, y Serapio Valle Castellano, constantemente han observado mala conducta por todos conceptos, por sus ideas extremistas, disolventes y peligrosas, reuniéndose siempre con las peores compañías.

El Jesús Sánchez está procesado tambien como uno de los autores del incendio ocurrido en la Iglesia de Santa Maria de esta villa en 30 de Marzo último. Por otra parte este individuo después de proclamado el Estado de Guerra en esta localidad, huyó al campo, donde fué detenido.

La filiación politica de los tres, es la de dirigentes de las juventudes socialistas, o mejor dicho comunistas[49] […]

Todos los dias que mediaron desde que se inició el movimiento patriotico militar hasta que se declaró en esta el Estado de Guerra, se vió a los tres individuos en actitud provocativa y capitaneando grupos de ideas extremistas.

 

Condenados por consejo de guerra a la pena capital, Jesús y Serapio fueron ejecutados en el campo de tiro de Plasencia, el 12 de diciembre de 1936. También Félix Sánchez García, pero desconozco la fecha[50].

Paralelamente se produjeron terribles paseos a manos de grupos falangistas armados de los pueblos vecinos. En el paseo del día 12 de septiembre perdieron vilmente la vida en Puerto de Béjar: José Álvarez Martín, militante de la Casa del Pueblo, y Porfirio Neila Bueso, militante de El Porvenir del Obrero y miembro de la policía rural. El día 13 fueron paseados en el mismo lugar: Marino Colmenar[51], vicepresidente del PSOE y vicepresidente de la Casa del Pueblo; Antonio Gallardo Matas, secretario del PSOE y de la Casa del Pueblo; Miguel Ibero Alonso, concejal del PSOE y presidente de la Casa del Pueblo; y Bernabé Majadas Sánchez, vocal de la Casa Pueblo. Todos tenían en común su vinculación con la Casa del Pueblo. También fueron víctimas del paseo abyecto: Germán Fernández alias Cinalobas (26 de julio), Nicomedes Blanco Valle, concejal socialista (5 de agosto), Valeriano Moreno López (20 de agosto), Pedro Rey Valle (31 de agosto), Pablo Hernández Neila (agosto?), Germán Fernández Peña (1 de septiembre) y Luis García Holgado, presidente del PSOE y vocal de la Casa del Pueblo (21 de septiembre)[52].

La corporación nacional reactivó el proyecto de construcción de la colonia escolar, en enero de 1937. Benedicto Hernández refrendó la venta del solar en las mismas condiciones económicas. El catolicismo retornó a las escuelas públicas como religión oficial y el crucifijo fue repuesto en las aulas, el 1 de septiembre de 1936[53]. El día 16 de octubre, el comité gestor del bando nacional otorgó cinco mil pesetas a la iglesia parroquial para reconstruir el retablo del altar mayor siniestrado, como «protesta contra el sacrilegio y vandálico atentado que se cometió en dicha parroquia por las hordas marxistas y encarna el criterio hidalgo del nuevo Estado acudiendo solícito a todo lo que represente tradición y catolicismo»[54]. El alcalde Eduardo Cortés Amores entregó los fondos al obispo de Plasencia, depositados en la Caja de Ahorros, en diciembre de 1937, pero sólo podía manejarlos el vicario. El deseo de la comisión gestora no era otro que «contribuir a que desapareciera la huella marxista de nuestra querida parroquia»[55].

El día 11 de mayo de 1938 el presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres reclamó a Victoriano Cazás, juez interino, el traslado a la cárcel de Cáceres de los presos Esteban Sánchez Trinidad, Tomás Ordóñez Iglesias, Valeriano Téllez Lices y Máximo Hernández Gil, encartados en la causa número 43 de 1936 por incendio. El carcelero Ángel Matas entregó los presos a la comandancia de la Guardia Civil, el día 20. El jefe de prisiones de Plasencia, Atilano Gil, hizo lo propio con Plácido Neila Castaño, pero no con Marcelino Málaga Ordóñez, que había sido destinado a la prisión central de Cuéllar, el día 16, con otros cuarenta y seis detenidos, entre ellos, los hervasenses Urbano Santos Díaz, Alejandro García Zúñiga, Francisco Ciprián Sánchez y Ángel Pérez Neila, condenados por consejo de guerra. El recluso Marcelino Málaga Ordóñez fue enviado a la prisión provincial de Cáceres, el día 25 de mayo. El transporte del preso se efectuó «por ferrocarril con arreglo a las condiciones del contrato entre el Estado y las compañías ferroviarias», como era habitual en estos casos. Se había fijado el juicio oral en la Audiencia Provincial de Cáceres, el 7 de junio[56]. Marciano García Sánchez se hallaba en libertad provisional. Prestaba sus servicios como soldado en el ejército en el Regimiento de Infantería Argel número 27, 7º Batallón, 3ª Compañía, Estafeta de Compañía número 41[57].

En diciembre, la Audiencia Provincial de Cáceres separó del cuerpo al juez municipal Victoriano Cazás Herrero. Había sido secretario del partido radical de Lerroux en 1933 y concejal interino por designación directa del gobernador civil en 1934, presentó su dimisión el 27 de diciembre para incorporarse al cargo de juez municipal el 1 de enero de 1935[58]. Eduardo Martín, juez interino tras la destitución de Victoriano Cazás, solicitó al alcalde, el 23 de mayo de 1939, una terna de personas identificadas con la política de la nueva España, para desempeñar los oficios de juez municipal y juez municipal suplente, «cuidando muy mucho de que ninguna de ellas haya pertenecido a ningún partido de los que integraban el maldito Frente Popular ni que hubieran tenido concomitancias con los mismos». El juez interino requirió otra terna de hombres leales con el nuevo régimen para elegir a los fiscales municipal y suplente con las mismas condiciones ideológicas que el anterior. Fue designado juez propietario Plácido Lanzos Herrero, miembro de la gestora municipal y alcalde radical en 1934, y jueces suplentes Eduardo Martín Sánchez, que ejercía como juez interino, y José Barbero Neila. Jaime Martín Herrero fue nominado fiscal propietario, y Ramón Sánchez Vicente y Eugenio Rubio Herrero, fiscales suplentes. Finalmente Jaime Martín Herrero desempeñó el cargo de juez interino[59].

La Audiencia Provincial de Cáceres dictó sentencia el día 30 de marzo, declarada firme por auto de 10 de abril de 1939[60]. El juez interino Jaime Martín envió al alcalde un traslado del expediente de ejecución de la sentencia, efectuada por Nicomedes González Cañardo, secretario judicial, el día 8 de septiembre, para que lo archivase en la alcaldía. Esta fue la letra oficial de la sentencia[61]:

 

Don Nicomedes González Cañardo, Abogado, Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción de esta Villa y su Partido.

Doy fe: Que en la causa seguida en este Juzgado con el nº 43 de 1936, por incendio, contra Placido Neila Castaño, natural y vecino de Hervás, hijo de Teodoro y de Juana, de veintidós años de edad, de estado soltero, de oficio jornalero, con instrucción, sin antecedentes penales de mala conducta; Marcelino Málaga Ordóñez, natural y vecino de Hervás, hijo de Cipriano y de Florentina, de veintiún años de edad, soltero, alpargatero, con instrucción sin antecedentes penales de mala conducta; Esteban Sánchez Trinidad, natural de Ciudad Rodrigo y vecino de Hervás, hijo de Antonio y Manuela, de treinta y cinco años de edad, casado, alpargatero, con instrucción sin antecedentes penales de mala conducta; Tomás Ordóñez Iglesias, natural y vecino de Hervás, hijo de Rosario y Petra, de treinta y cinco años de edad, soltero, jornalero sin instrucción sin antecedentes penales de mala conducta; Valeriano Téllez Lices, natural y vecino de Hervás, hijo de Delfín y Rosario, de veintisiete años de edad, soltero, jornalero sin instrucción con antecedentes penales de mala conducta; y Máximo Hernández Gil, natural y vecino de Hervás, hijo de Vicente y Primitiva, de treinta años de edad, soltero, jornalero sin instrucción sin antecedentes penales de mala conducta; la Audiencia Provincial de Cáceres dictó sentencia con fecha 30 de marzo último, declarada firme por auto de 10 de abril siguiente condenando a Placido Neila Castaño como autor de un delito de robo a la pena de cuatro años, dos meses y un día de presidio menor, accesorias de suspensión de todo cargo ó profesión oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y como autor también de un delito de incendio a la pena de diez y seis años, ocho meses y un día de reclusión menor, accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; a los procesados Marcelino Málaga Ordóñez y Esteban Sánchez Trinidad como autores de un delito de robo a la pena cada uno de ellos de cuatro años, dos meses y un día de presidio menor y como autores también de un delito de incendio a cada uno de ellos la pena de diez y seis años, ocho meses y un día de reclusión menor y las mismas accesorias que al anterior; al también procesado Tomás Ordóñez como autor de un delito de robo a la pena de cuatro años, dos meses y un día de presidio menor accesorias de suspensión de todo cargo, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y como autor de un delito de escarnio a la Religión, a la de cuatro meses de arresto mayor accesorias de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y multa de quinientas pesetas que hará efectivas a los quince días de ser firme esta sentencia, sufriendo de no hacerlo así treinta días de arresto subsidiario al procesado Valeriano Téllez Lices como autor de un delito de robo a la pena de seis años de presidio menor; accesorias de suspensión de todo cargo, profesión, oficio y derecho de sufragio durante en tiempo de la condena al procesado Máximo Hernández Gil como encubridor de un delito de robo a la pena de doscientas cincuenta pesetas de multa que hará efectivas a los quince días de la firmeza de esta sentencia, sufriendo de no hacerlo así diez y seis días de arresto subsidiario y como autor de un delito de escarnio a la religión a la pena de cuatro meses mayor accesorias de suspensión de todo cargo y del derecho del sufragio durante el tiempo de la condena y quinientas pesetas de multa que hará efectivas a los quince días de ser firme esta sentencia sufriéndola de no hacerlo así treinta días de arresto subsidiario; a que indemnicen al representante de la Iglesia Parroquial en cinco pesetas los procesados Tomás Ordóñez, Valeriano Téllez y Máximo Hernández, a los procesados Marcelino Málaga, Placido Neila y Esteban Sánchez a la misma representación de la Iglesia, en la cantidad de cien mil pesetas y a todos los procesados al pago cada uno de ellos de la novena parte de las costas procesales, declarando de oficio el resto de los mismos.

Y para que conste cumpliendo lo mandado expido el presente que firmo en Hervás a ocho de Septiembre de mil novecientos treinta y nueve. Año de la Victoria.

 

El auto judicial señaló cuatro tipificaciones de delito. Incendio: Plácido Neila, Marcelino Málaga y Esteban Sánchez. Robo (no especifica si se trataba del cáliz, del dinero de los limosneros, o de ambas cosas): Plácido Neila, Marcelino Málaga, Esteban Sánchez, Tomás Ordóñez y Valeriano Téllez. Escarnio a la religión (beber vino en el cáliz en la taberna del tío Castilla): Tomás Ordóñez y Máximo Hernández. Y encubrimiento de robo: Máximo Hernández. En el expediente figuraban seis procesados: Placido Neila Castaño, Marcelino Málaga Ordóñez, Esteban Sánchez Trinidad, Tomás Ordóñez Iglesias, Valeriano Téllez Lices y Máximo Hernández Gil.

Faltaban tres personas. Jesús Sánchez Ibáñez el Artillero había sido fusilado. Marciano García Sánchez se encontraba combatiendo en las filas del ejército nacional. Entró en prisión poco después. A primeros de julio de 1943, el director de la prisión central de Burgos solicitó informes para otorgarle la libertad condicional, pero el alcalde Manuel Álvarez Pérez dictaminó «que, a juicio de esta Alcaldía no deben serle concedidos al mismo, los beneficios de libertad condicional, en atención a los desfavorables antecedentes político-sociales que tiene»[62]. Felipe García Sánchez alias Maquinista, presidente de Juventudes Socialistas[63], había sido fusilado en Plasencia por consejo de guerra[64].

En este punto de la historia, es menester recurrir al texto de F. Moriche Mateos porque ha recabado testimonios orales de testigos de oídas, -que no identifica-, los cuales mantuvieron conversaciones con Marcelino Málaga Ordóñez y tío Castilla, así como «la confesión supuestamente realizada por el vecino Tomás Chinín antes de morir». Son testimonios orales imprescindibles para abordar la ardua y compleja labor de exégesis del problema histórico, del laberinto republicano hervasense, que no siempre coinciden con las fuentes documentales de archivos y la sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial, controlada, dicho sea de paso, por las fuerzas nacionales de ocupación.

A Máximo Hernández Gil, según F. Moriche Mateos[65], «el Juzgado de Instrucción de Hervás lo condenó por los delitos de “robo, incendio y escarnio a la religión”. Fue uno de los cuatro acusados de quemar la Iglesia de Santa María y hacer desaparecer el sagrario». La Audiencia Provincial de Cáceres lo condenó por los delitos de escarnio y encubrimiento de robo, pero no lo involucró en el incendio. No era el sagrario lo que había desaparecido de la iglesia parroquial, como aventuraron V. Ginarte González[66] y F. Moriche Mateos[67], sino el cáliz. Máximo Hernández Gil ingresó en prisión el 30 de mayo de 1938 y fue liberado el 30 de marzo de 1939[68].

De Tomás Ordóñez alias Chinín, F. Moriche Materos[69] notificó que «fue acusado de la quema de la iglesia. Confesó, tras ser brutalmente agredido, que lo habían hecho él mismo y otros tres hervasenses: Canore, Artillero y Tatito». Sin embargo, la Audiencia Provincial de Cáceres incriminó como autores del incendio a Plácido Neila, Esteban Sánchez y Marcelino Málaga. El Artillero no fue juzgado. Tomás Ordóñez fue acusado de robo y de escarnio, pero no de incendio.

Marcelino Málaga Ordóñez y Gonzalo Blázquez Hernández tenían pendiente un juicio verbal de faltas en mayo de 1936. El juzgado de Instrucción solicitó un certificado de sus bienes, el 23 de mayo, que resultó negativa. Marcelino Málaga Ordóñez cumplió condena en las penitenciarías de Cáceres y de Cuéllar por diversos delitos. Le denegaron la libertad condicional en febrero de 1947[70].

Valeriano Téllez Lices fue incriminado únicamente como autor del delito de robo. Tenía antecedentes de mala conducta. Valeriano Téllez, Tomás Ordóñez y Máximo Hernández habían cumplido cinco días de arresto menor en la prisión preventiva del partido judicial, el día 26 de mayo de 1931, «en juicio verbal de faltas por falta de respeto y desobediencia leve al señor alcalde» Ángel Barrios[71]. Y en 1932, Valeriano Téllez Lices había sido procesado por hurto por la Audiencia Provincial de Cáceres, condenado a dos años de presidio mayor, cuatro meses y un día[72].

La narrativa de F. Moriche Mateos coincide con el auto jurídico a la hora de señalar que a Plácido Neila Castaño «la Audiencia de Cáceres le condenó, el 27 de mayo de 1939, por los delitos de incendio (16 años de prisión) y robo (4 años de prisión)». Pero hay una ligera disonancia en la fecha. La sentencia fue dictada en firme por auto de 10 de abril. Quizá, el 27 de mayo, Plácido Neila Castaño recibió la notificación de la sentencia del juzgado. El reo cumplía condena en la cárcel vieja de Cáceres en marzo de 1940[73].

 

RECAPITULACIÓN

El incendio provocado del altar mayor de la iglesia parroquial de Santa María durante el gobierno municipal de la coalición de las minorías republicanas del FP, en el que participaron nueve personas de ideologías de izquierdas, se desarrolló dentro de la campaña de persecución por el laicismo anticlerical beligerante local contra las instituciones y los centros sociales de la iglesia católica (Círculo Tradicionalista, Acción Católica y Escuela Dominical), y la resistencia del catolicismo conservador a la pérdida de sus privilegios ancestrales que identificaba al Estado con la Iglesia Católica.

Apéndice fotográfico

Fot 1. Retablo y altar de la iglesia de Santa María de Aguas Vivas, Hervás (Cáceres)

Fot 2. Fé del Secretario Judicial del Juzgado de Instrucción de Hervás (Cáceres)

 

Bibliografía

[1] Mi agradecimiento a Sebastián Caballero González, archivero municipal, al ayuntamiento de Hervás, por sus sugerencias.

[2] «Para gloria del municipio», Ferias y Fiestas de Hervás [=FFH] 1951, pp. 64–65.

[3] Hervás: su historia, su tierra, su gente, Madrid 1991, p. 51.

[4] Represión, silencio y olvido. Memoria Histórica de Hervás y el Alto Ambroz, Badajoz 2008, pp. 64–65.

[5] Archivo Municipal de Hervás [=AMH], leg. [=legajo] 50, carp. [=carpeta] 2, 16 febrero 1936.

[6] AMH, leg. 50, carp. 2.

[7] AMH, «Actas municipales 1936», fols. 16v, 28, 40, 53v y 56v.

[8] Véanse mis ensayos «La iglesia católica en Hervás durante el bienio republicano–socialista, 1931–1933», XLI Coloquios Históricos de Extremadura, Badajoz 2013, pp. 431–452; y «La educación en Hervás (Cáceres) durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República», XLIII Coloquios Históricos de Extremadura, Badajoz 2015, pp. 369-393.

[9] Las cartas en AMH, leg. 50, carp. 2; transcribo los errores ortográficos de los autores.

[10] AMH, leg. 50, carp. 2, 15 marzo 1936; y leg. 629, carp. 2.

[11] AMH, «Actas municipales 1936», fols. 22v–23 y 37v; y leg. 54, carp. 4.

[12] AMH, leg. 50, carp. 2, 17 marzo 1936.

[13] Archivo Histórico Provincial de Cáceres [=AHPCC], Gobierno Civil, caja 4031 «Hervás 1936»; y AMH, C. L. 37 «Actas municipales 1936», fol. 29v.

[14] AMH, «Actas municipales 1936», fol. 29v.

[15] «50 años al servicio de su pueblo», FFH, 1976, pp. 23–27.

[16] AMH, leg. 621, carp. 8.

[17] Los telegramas y atestado en AHPCC, Gobierno Civil, caja 1282 «Abril 1936».

[18] AHPCC, Gobierno Civil, caja 1282 «Abril 1936».

[19] AHPCC, Gobierno Civil, caja 1282 «Abril 1936»; y AMH, leg. 50, carp. 2.

[20] AMH, leg. 50, carp. 2.

[21] AHPCC, Gobierno Civil, caja 1282 «Abril 1936»; y AMH, leg. 50, carp. 1.

[22] AHPCC, Gobierno Civil, caja 1282 «Abril 1936».

[23] AMH, leg. 53, carp. 2.

[24] Había sido paseado por falangistas el 13 de septiembre de 1936.

[25] AHPCC, Gobierno Civil, caja 1282 «Abril 1936».

[26] Así lo expresa F. MORICHE MATEOS Represión, silencio y olvido p. 78.

[27] AMH, leg. 50, carp. 2, 17, 18 y 20 abril.

[28] AHPCC, Gobierno Civil, caja 4031 «Hervás 1936»; y caja 430, núm. 171.

[29] AHPCC, Gobierno Civil, caja 4031 «Hervás 1936».

[30] AMH, leg. 51, carp. 1, en el informe enviado por la alcaldía al capitán del regimiento de Infantería de Argel número 27 notificó que tenía filiación comunista y de la CNT; los informes de la alcaldía de Hervás sobre la filiación política de los reos no siempre son fiables, no diferencia al socialista del comunista.

[31] AMH, leg. 132, carp. 4 «Relación del personal de esta villa de Hervás, que se encuentra movilizado, 27 diciembre 1938».

[32] La huelga de campesinos de 1932 propició el cierre del sindicato obrero de la UGT que dirigía Ladislao García, al que acusaron de dejarse influenciar por la CNT, y fue apartado de la dirección.

[33] AHPCC, Gobierno Civil, caja 4301«Hervás 1936».

[34] Véanse mis trabajos «La revolución de octubre de 1934 en Hervás (Cáceres), Actas de las III Jornadas de Historias Locales de Extremadura, Garrovillas de Alconétar (Cáceres) 2013; y «La huelga general de los trabajadores de la tierra de Hervás, junio de 1934», Memoria Histórica de Plasencia y las Comarcas 2013, Universidad Popular de Plasencia, Plasencia 2013, pp. 53-61.

[35] AHPCC, Gobierno Civil, caja 2805, expte. 5.

[36] AHPCC, Gobierno Civil, caja 1282 «Abril 1936».

[37] AMH, leg. 50, carp. 2, 16 y 17 junio 1936.

[38] AMH, leg. 50, carp. 2, 30 marzo, 17, 18 y 20 abril, y 17 y 19 junio 1936.

[39] AMH, leg. 50, carp. 2, 7 mayo 1936.

[40] AMH, «Actas municipales 1936», fols. 28v y 34.

[41] AMH, «Actas municipales 1936», fols. 37–37v, 40–41v y 53v–56v y 91; leg. 50, carp. 2, 14, 17 mayo y 18 julio 1936; y leg. 56, carp. 5, 1943.

[42] «Habla el alcalde», La Corredera, junio 1983, pp. 20–21.

[43] AMH, «Actas municipales 1936», fol. 11v.

[44] AHPCC, Gobierno Civil, caja 4031 «Hervás 1942».

[45] AHPCC, Gobierno Civil, caja 1283 «Agosto 1936».

[46] AMH, leg. 50, carp. 1,

[47] AHPCC, Gobierno Civil, caja 1283 «Agosto 1936»; y AMH, leg. 50, carp. 1.

[48] Los datos en AMH, leg. 50, carp. 1, días 9, 14, 15, 18, 20, 21 agosto y 8 septiembre 1936.

[49] En Hervás no existía el partido comunista. Jesús era de la CNT; de Félix y Serapio desconozco su filiación.

[50] F. MORICHE MATEOS Represión, silencio y olvido, no cita su fusilamiento.

[51] F. MORICHE MATEOS Represión, silencio y olvido p. 80, refiere que el jefe de orden público se encontraba huido en el monte, (estaba en la cárcel), y su familiar, el juez municipal Victoriano Cazás, le hizo llegar el mensaje de que podía bajar al pueblo sin problemas. Con motivo de un viaje a la capital, los falangistas le sacaron de la perrera y lo pasearon en Puerto de Béjar.

[52] J. CHAVES PALACIOS, La represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil (1936-1939), Universidad de Extremadura, Salamanca 1995, reimpresión Salamanca 1996, pp. 113–116, y F. MORICHE MATEOS Represión, silencio y olvido pp. 74-87. Clemente Simón Mansilla no fue fusilado en 1937, como sugiere F. MORICHE MATEOS en p. 163; estaba con vida el 26 de noviembre de 1947, en AMH, leg. 57, carp. 3. Otros datos de los fusilados en AMH, leg. 63, carp. 2.

[53] AHPCC, Gobierno Civil, caja 4031 «Hervás 1936».

[54] AMH, «Actas municipales 1936», fols. 5 y 11v.

[55] AMH, leg. 51, carp. 3, 18, 20 y 22 diciembre 1937.

[56] AHPCC, Gobierno Civil, caja 4031 núms. 135 y 165 «Hervás 1938».

[57] AMH, leg. 591, carp. 5, 4 agosto 1938.

[58] AMH, «Actas municipales 1935», fol. 12.

[59] AHPCC, Gobierno Civil, caja 4031 «Hervás 1938»; y AMH, leg. 53, carp. 4.

[60] Una referencia del proceso en AHPCC, JIH, caja 236 libro registros (1928-1969).

[61] AMH, leg. 595, carp. 2, Autos judiciales, núm. 52.

[62] AHPCC, Gobierno Civil, caja 4031 «Hervás 1943»; y AMH, leg. 56, carp. 4, 14 y 17 julio 1943.

[63] Doroteo González Muñoz era vicepresidente, Gerardo Barbero García, secretario, Ángel Pérez Neila, vicesecretario, y Enrique Regidor Castaño, tesorero, en AMH, leg. 50, carp. 2.

[64] F. MORICHE MATEOS Represión, silencio y olvido p. 85.

[65] Represión, silencio y olvido p. 96, lo llama Máximo Barragán Hernández alias Tatito.

[66] Hervás: su historia, su tierra, su gente p. 51.

[67] Represión, silencio y olvido p. 64.

[68] AMH, leg. 591, carp. 5, 3 y 4 agosto 1938; y leg. 53, carp. 2, 26 julio 1939.

[69] Represión, silencio y olvido p. 98.

[70] AMH, leg. 50, carp. 2; el informe del alcalde le identificó con la C.N.T., en AMH, leg. 596, carp. 2.

[71] AMH, leg. 618, carp. 5; y leg. 595, carp. 2.

[72] AMH, leg. 595, carp. 2.

[73] F. MORICHE MATEOS Represión, silencio y olvido p. 89; y AMH, leg. 54, carp. 1.