Oct 012005
 

Pedro José Masa Redondo.

Miajadas durante los años 30 era un municipio con 7.554 habitantes, que se dedicaban, en su mayoría, a la agricultura. La población tenía una densidad mayor a la media nacional (62’3 habitantes por kilómetro cuadrado de Miajadas, frente al 46’7 del Estado). El aumento de la población, su progreso y el incremento de las tensiones entre los diversos grupos sociales fue anexo al desarrollo de la II República, pero con los mismos problemas que el resto de la zona extremeña: la Reforma Agraria y las tensiones entre campesinos y terratenientes, la pobreza de la población, el enfrentamiento Iglesia-Estado o la gran división política del vecindario, produciendo estas condiciones numerosos enfrentamientos y situaciones críticas durante estos años. Esos problemas se mantuvieron durante el mandato del Frente Popular, e incluso se acentuaron en un gran número de casos (por ejemplo, la reforma agraria o las tensiones con la Iglesia católica).

1. Las elecciones de febrero de 1936.

A mediados del mes de diciembre de 1935 (exactamente el día 14), Portela Valladares formó un nuevo Gobierno tras la caída de la CEDA, convocándose posteriormente elecciones a Cortes, al no hallarse acuerdo que sostuviera este Gobierno interino de orientación centrista, en el que no había participación de los grandes partidos políticos nacionales.

Las amenazas de la extrema derecha, las presiones de Gil Robles con la intención de hacerse con el poder y la oposición de las izquierdas forzaron al propio Portela a tomar la decisión de acelerar el decreto de disolución de las Cortes en los últimos días del año, convocando las elecciones legislativas para el día 16 de febrero de 1936[1].

Durante esta época, la politización de la sociedad española y, por ende, la miajadeña, era extrema; llegando a diferenciarse claramente dos ideologías preponderantes:

  1. La izquierda socialista, ya que el número de afiliados a la Casa del Pueblo socialista y al propio PSOE era muy amplio.
  2. La derecha, tanto radical como moderada, pues la formación de Falange Española restó bastantes afiliados a los partidos de tendencias moderadas, llevando a sus seguidores a demostrar una disposición más combativa contra las entidades políticas republicanas.

Durante el año 1935 la situación en la provincia de Cáceres había sido más tranquila en el sentido del orden público, pues se redujeron el número de huelgas[2]. Pero, al comenzar la campaña electoral salieron a flote las divergencias entre los distintos grupos político-sociales, provocadas por la situación agónica que vivían los agricultores, en especial los yunteros, y el descontento con las políticas ejercidas por el gobierno cedista. Por ello, en el Gobierno Civil de Cáceres se reciben diversas circulares desde el Ministerio de la Gobernación para evitar altercados durante la celebración de los actos políticos preelectorales[3]. El ejemplo más claro de estas ordenanzas es la Circular nº 169, con fecha 26 de diciembre de 1935, donde se aclaraba que los actos públicos de significado político podían dar lugar a enfrentamientos entre individuos de ideologías distintas, siendo primordial tomar medidas para evitarlos. Las medidas de la circular anterior atendían a las siguientes consideraciones:

“Se dispondrá que a partir de esta fecha y por la fuerza a sus órdenes se practiquen en todas las poblaciones que comprenden el territorio de su mando intensos cacheos y muy especial en las primeras horas de la noche y en sitios de aglomeración, cuando las circunstancias lo aconsejen que deben comprender tanto a las personas que ofrezcan sospechas como a los grupos de individuos que por su aspecto o conocida actuación puedan provocar desórdenes.”

“Si le encontrasen armas en poder de individuos que tuviese licencia para llevarla y V. E. por razón, lugar o persona que no era conveniente siguiera en su uso, bastará me lo comunique para que quede aquella en suspenso o anulada con arreglo a las atribuciones que me confiere el vigente Reglamento de armas.”[4]

Atendiendo a estas observaciones, se puede esgrimir que los pagos que realizó la Corporación Municipal de Miajadas en las sesiones plenarias de los días 13 y 27 de enero y 3 de febrero de 1936 respondieron al cumplimiento de estas ordenanzas. En fecha 13 de enero se abonó a la empresa Fernández un viaje a Trujillo, lugar al que conducían a un detenido ante el Juzgado de Instrucción, desplazamiento con un coste total de 37 pesetas. El 27 de enero quien recibió una remesa de dinero por una cuestión parecida fue el vecino Adolfo Vázquez, que percibió 35 pesetas por conducir a un detenido a Trujillo. El último desembolso que citamos fue el que de forma más clara se ajusta a las consideraciones de la Circular nº 169, ya que se vuelve a pagar a la Empresa Fernández una peseta por el transporte de armas al Juzgado de Instrucción[5].

2. La campaña electoral.

El día 17 de enero el Gobierno Civil de Cáceres envía a todos los Alcalde y Ayuntamientos de la provincia un documento sellado como “reservado y personal”, donde se remiten algunas de las advertencias para el buen desarrollo de la campaña y las elecciones en la provincia, documento cuyo título es “Instrucciones dictadas por el Gobierno Civil de Cáceres y que han de observar los señores Alcaldes de esta Provincia durante el período electoral”[6]. Entre las disposiciones que el Gobernador Civil eleva a todos los consistorios municipales hemos de destacar las siguientes[7]:

  1. Mantener sin eludir esfuerzo alguno el orden público, para que la libertad de propaganda y “el libre y pacífico ejercicio de los derechos políticos, no sean perturbados, ni las coacciones materiales ni transgresiones de la Ley, ni la desobediencia de Decretos, o Disposiciones vigentes, puedan ser permitidos”.
  2. Adoptar las precauciones precisas para impedir cualquier actividad o maquinación tendente a dificultar las operaciones preelectorales, e informar a la mayor brevedad de cuantos hechos referidos con este juicio ocurran con la mayor diligencia posible.
  3. Mantener los derechos de reunión y propaganda, siempre que los actos se celebren en lugares cerrados, entendiendo éstos como los que están techados. A todas las reuniones y actos públicos se enviará un Delegado de la Autoridad municipal, quien será el encargado de evitar enfrentamientos “y si se cometiese alguna trasgresión de la Ley Penal, en cualquier orden o aspecto, deberá llamar la atención de los oradores y si insistieren en la culpabilidad, deberá proceder a suspender la reunión o el acto empleando la fuerza pública para ello”.
  4. Impedir todo acto o manifestación pública o política que no esté autorizada, levantando un atestado de aquellos que hayan sido suspendidos, enviando el citado documento al Juzgado pertinente y al Gobierno Civil.
  5. Para evitar choques entre fuerzas contrarias, el Alcalde debe prohibir o evitar que coincidan actos que puedan derivar en hechos violentos.
  6. Tener en cuenta que ni el uso de banderas, emblemas o uniformes está permitido, ni tampoco la manifestación sin licencia de la autoridad gubernativa.
  7. Aunque se respete la libertad de prensa, los Alcaldes deben proceder a comunicar al Fiscal la denuncia de periódicos o “impresos de toda clase” que aconsejen la violencia y solicitar la orden para recoger esos legajos.
  8. No se permitirá la emisión por radio de propaganda o manifiestos políticos sin estar autorizados por el Ministerio de la Gobernación.
  9. Se prohíbe la colocación de altavoces en la vía pública para actos relacionados con las elecciones o algún tipo de propaganda electoral. Tampoco se permite el vuelo de aquellos aviones que tengan por finalidad hacer publicidad relacionada con alguna tendencia política.
  10. Para solucionar todas las dudas que surjan respecto a la constitución de las Juntas Municipales del Censo Electoral se tendrá presente la Circular del 16 de octubre de 1933 del Presidente de la Junta Central del Censo Electoral.
  11. Si se diera el caso de duplicación de nombres en las listas electorales, la Autoridad tiene el deber de aplicar lo dispuesto en la Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 20 de octubre de 1933.
  12. En las mesas y las diversas operaciones electorales, no podrá encontrarse presente persona ajena a las que dictamina la Ley Electoral. Además, los interventores actuantes en las elecciones del 16 de febrero podrán desempeñar el mismo cargo en las elecciones complementarias del 1º de marzo, previa justificación de los documentos electorales oportunos.
  13. A los efectos de facilitar, en los casos de duda, la identificación de los electores a que se refiere el artículo 43 de la Ley Electoral, podrán utilizarse y exhibirse por los Electores de uno y otro sexo, además de los medios y documentos, que dicho artículo expresa, actas o informaciones notariales de conocimiento, pasaportes expedidos por los Gobiernos civiles, documentos militares y cualesquiera otros en general autorizados por los funcionarios depositarios de la fe pública, judicial, extrajudicial, municipal y universitaria. (Orden de 8 de Noviembre de 1933, Gaceta del 9)”.
  14. La intervención de la fuerza pública el día de la elección se limitará, cuanto sea posible, a las puertas de los Colegios para cuidar el ordenado acceso de los votantes a la mesa electoral, y en auxilio de la autoridad del Presidente de la mesa electoral, sin perjuicio de que en las proximidades se halle situada discretamente la fuerza necesaria para prevenir cualquier disturbio”.
  15. Los domingos 16 de Febrero y 1º de Marzo, en que se celebrará la elección, prohibirá toda clase de fiestas y espectáculos que puedan distraer la fuerza pública, que debe estar íntegramente destinada a garantizar la normalidad electoral”.
  16. Al tener noticias de que se trata de actuar subversivamente en el período electoral o en las elecciones, lo comunicará inmediatamente a este Gobierno para adoptar las providencias más convenientes”.
  17. Los Alcaldes, autoridades gubernativas y todos los agentes oportunos deberán mantenerse en sus puestos desde las seis de la mañana hasta que se dé por finalizada la elección y recuento (tanto el día 16 de febrero como el 1 de mazo, si fuese necesario).
  18. Cuantas informaciones tenga que comunicar a este Gobierno en relación con la presente circular lo participará inmediatamente por telégrafo desde el sitio más próximo, y si lo hiciera por conferencia telefónica vendrá obligado a ratificarlo por medio de telegrama para que conste en el expediente respectivo”.

Este documento demostraba que el Gobernador Civil deseaba una campaña electoral sosegada y pacífica, pretensiones que no fueron correspondidas totalmente, pues los enfrentamientos entre las fuerzas políticas contrarias se fueron sucediendo en diferentes lugares de la provincia. En Miajadas, con la vuelta de algunos de los elementos más significados políticamente, se dio lugar a pugnas y tensiones entre los encargados de dar publicidad a las ideas políticas de los partidos concurrentes a las elecciones.

Durante toda la campaña electoral el alcalde de Miajadas fue Juan Caro Chamorro, que no se encontraba en plenas facultades físicas durante estas fechas, ya que, en el pleno del día 13 de enero, solicitó quince días de permiso para que “pueda restablecer su salud”[8]. Esta petición fue atendida, y en la sesión posterior (27 de enero) ya no aparecía como Alcalde Presidente el citado señor, sino su compañero Martín Masa Pintado, volviendo Juan Caro a ocupar su cargo el 3 de febrero.

Durante los meses de diciembre y enero la situación del pueblo miajadeño era de tranquilidad, pero todo se fue caldeando a medida que se acercaban las votaciones, y, derivado de ello, hubieron de producirse un mayor número de enfrentamientos entre políticos y personas de a pie.

Cuadro 1: ACTOS POLÍTICOS EN MIAJADAS, ESCURIAL, ALMOHARÍN Y VILLAMESÍAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1936

FECHA DE CELEBRACIÓN PARTIDO POLÍTICO POBLACIÓN
2 – febrero – 1936 CEDA Miajadas
7 – febrero – 1936 Frente Popular Miajadas y Almoharín
8 – febrero – 1936 Unión Republicana Miajadas
9 – febrero – 1936 Falange Española Almoharín
11 – febrero – 1936 Frente Popular Miajadas
12 – febrero – 1936 Frente Popular Escurial
13 – febrero – 1936 Frente Popular Villamesías

Fuente: Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres (ADPCC), Elecciones 1936.

En la tabla anterior, referida a los actos políticos celebrados en Miajadas y otros pueblos de la comarca, se aprecia que la opción política que más discursos pronunció en Miajadas fue el Frente Popular, y si se compendian todos los actos electorales celebrados en los restantes municipios, también encontraremos la misma variable. Esta cuestión da cuenta del peso que tenía sobre la población de esta zona el PSOE, ya que este partido llegó a tener cerca de 500 afiliados en Miajadas, por lo que el número de seguidores del Frente Popular sería bastante elevado al sumarse el resto de partidos políticos republicanos de izquierda que formaban esta agrupación.

Pero no por realizar un menor número de mítines, los partidos adscritos a la tendencia ideológica contraria estaban ausentes de afiliación, ya que Falange Española también tenía una significativa implantación en el municipio, alcanzando el número de 82 afiliados antes de diciembre de 1935, elevándose hasta 102 a fecha 10 de febrero de 1936[9]. Aunque el temor por el enfrentamiento entre falangistas y socialistas estaba latente en los seguidores del Frente Popular, llegando a requerir continuamente a la Guardia Civil para evitar las amenazas y provocaciones que les lanzaban desde el bando contrario, éstos no se produjeron de forma más clara hasta los primeros días de febrero[10].

Mientras discurría la campaña, en Miajadas se seguían celebrando sesiones plenarias del Ayuntamiento, siendo la más destacada el Pleno Extraordinario del día 9 de febrero, donde se discutió el acuerdo de la aportación que debía hacer el consistorio municipal para la construcción de unos nuevos Grupos Escolares por parte del Estado. Se alcanzó el siguiente acuerdo:

  1. Aportar por parte del municipio 22.689`78 pesetas a la construcción de los cuatro Grupos Escolares en dos plazos y pedir a la Caja Extremeña de Previsión Social y al Instituto Nacional de Previsión la entrega de ese dinero, con cargo al préstamo concertado con ambas entidades en fecha 17 de enero de 1928, cuando se concretó la adquisición de los derechos de construcción de las escuelas.
  2. Las escuelas se construirán por parte del Estado, con la aportación del municipio, ya que era más favorable para el consistorio y la población. Pero el dinero sobrante del anterior préstamo, que eran 22.681`20 pesetas, no se destinará a la construcción de ningún otro edificio o compra de otro local para otras funciones, sino que en su momento será utilizado para el material pedagógico necesario en las escuelas[11].

Aunque ya se han apuntado algunas cuestiones referentes al orden público, no se debe desdeñar el enfrentamiento sufrido entre algunos acólitos del Frente Popular y Falange durante los días 6 y 7 de febrero. En esas fechas se produjo una reyerta por motivos políticos, cuando un grupo de socios del grupo falangista atemorizó a varios socialistas, obligándoles a pasar la noche en el campo por miedo a que los derechistas volvieran a enfrentarse a ellos. Ambos grupos mostraron armas y palos, produciéndose varios heridos como resultado del enfrentamiento, alcanzando el ruido de estas noticias a la máxima autoridad al efecto: el Ministro de la Gobernación, Portela Valladares, que recibe la información por medio del Gobernador Civil de Cáceres[12].

El Alcalde respondió al Gobernador Civil de la Provincia de Cáceres, cuando éste le consultó sobre estos datos y la situación planteada, que si bien el número de seguidores del PSOE era muy superior al de los partidarios de Falange, los primeros temían a los segundos. Los falangistas estaban dirigidos por Francisco González Díaz, fundador de esa organización en Miajadas y concejal del propio Ayuntamiento, que ya había participado y liderado actos parecidos con anterioridad, destacando la huelga del 23 de agosto de 1933 en la que se produjeron diversos enfrentamientos entre personas de diferente ideología en la puerta de la Iglesia de Santiago, lugar donde se resguardaron los derechistas bajo la tutela del sacerdote Juan Cifuentes. Además, este político era una de las figuras más destacadas a nivel provincial de Falange Española, pues participó en un gran número de discursos y mítines durante la campaña electoral, aunque sería encarcelado después de las elecciones y liberado unos días antes de la sublevación del 17 de julio, la cual dirigió él mismo en Miajadas[13].

Según se desprende de los diversos envíos de la Benemérita al Gobernador Civil, en Miajadas y su pueblo más cercano (Escurial) los días 11, 12 y 13 de febrero no hubo ningún altercado de relevancia, celebrándose los actos de forma tranquila y sosegada[14]. Pero como se acercaba el día de las votaciones, la preocupación en el máximo mandatario provincial se incrementaba debido a la inquietud porque volvieran a reproducirse hechos violentos y altercados de cierta importancia.

Todos estos enfrentamientos que se produjeron en estas fechas, se encuadran en lo que Eduardo González Calleja ha definido como violencia política: “ (…) el uso consciente -aunque no siempre deliberado o premeditado-, o la amenaza de uso, de la fuerza física por parte de individuos, entidades, grupos o partidos que buscan el control de los espacios de poder político, la manipulación de las decisiones en todas o partes de las instancias de gobierno, y, en última instancia, la conquista, la conservación o la reforma del Estado (…)”, violencia que se reproduce con posterioridad a las elecciones, y tendrá su punto culminante en la sublevación militar del 17 de julio[15]. En referencia a la violencia en la política durante la II República, el propio González Calleja determina que “la violencia en política engloba, por tanto, las actitudes de ofensa al sistema como de defensa del mismo a través de la coerción legal o ilegal y el Estado de excepción.(…) un estudio sobre la conflictividad sociopolítica y la crisis de la democracia en la España de los años treinta debe detenerse de forma obligada en el estudio del proceso ideológico-político de la violencia, ejemplificado en la actitud de clases, partidos, organizaciones, dirigentes o intelectuales orgánicos. Es decir, todo el complejo conglomerado de circunstancias que generaron una verdadera actitud social de rebeldía, un talante insurreccional y una “cultura de la violencia” que perjudicó la legitimidad de la República tanto o más que las propias acciones armadas”[16]. Estas afirmaciones de González Calleja denotan cómo la sociedad española, y por ende la miajadeña, en los años treinta (y más en 1936) se estaba desmoronando por problemas internos, muchos de ellos relacionados con la oposición por la fuerza a las políticas ejercidas por los diversos gobiernos existentes, notándose más estas acciones violentas en momentos de desconcierto o cierto descontrol, como fue la campaña electoral de 1936.

Para conseguir la deseada paz, el día 14 de febrero partió del propio Gobierno Civil otro oficio donde se ordenaba al Jefe de la Guardia de Asalto de la provincia dar apoyo a la Guardia Civil en diversos municipios para salvaguardar el buen desarrollo de la campaña electoral y las propias votaciones, dictando el mismo Gobernador las fuerzas que habían de destacarse en cada municipio[17].

Causa de la anterior disposición fue que este día 14 de febrero el Gobernador eleva al Ministro de la Gobernación una nueva petición para que le envíen la cantidad necesaria de dinero que habría de pagarse como “extra” debido al destacamento de la fuerzas de seguridad con motivo de las elecciones. Al igual que con la Guardia de Asalto, el día 13 se le había comunicado a la Guardia Civil la obligación que tenía este cuerpo de mantener el orden público durante el día de los comicios, asegurando que todos los ciudadanos pudieran emitir su voto con total libertad, a la vez que se les prescribía las directrices oportunas para que patrullaran los colegios electorales con intención de evitar aglomeraciones a sus puertas durante las votaciones. Estas órdenes se cumplieron fielmente hasta llegar el día de los comicios[18].

3. El 16 de febrero: resultados electorales.

El día 16 de febrero fue el marcado para que la población pudiera acercarse a los colegios electorales para depositar su voto. En Miajadas, la votación se desarrolló con bastante tranquilidad y sin ningún sobresalto, como indicaron algunos concejales posteriormente en las reuniones plenarias del consistorio municipal.

Los resultados electorales fueron bastante controvertidos; ya que surgió el problema de que las cifras ofrecidas por una institución, como es el Gobierno Civil de Cáceres, no concordaron con la otra institución que también se encargó de hacer el recuento. Ambas fuentes utilizadas para el análisis de los comicios nos dan resultados muy divergentes, pues las resultas que se recogieron en la Diputación Provincial de Cáceres tienen variables totalmente diferentes a las ofrecidas por el gobernador civil cacereño. Los resultados relativos a Miajadas fueron los que se apuntan en los siguientes cuadros, indicando los resultados de ambas fuentes.

Cuadro 2: RESULTADOS ELECTORALES (16 febrero 1936)

CANDIDATO RESULTADO – VOTOS
Teodoro Pascual Cordero 1.200
F. Javier Morata Pedreño 1.664
Luis Narváez Ulloa 1.202
Víctor Borjano Gómez 1.286
Adolfo Rodríguez Jurado 1.779
Eduardo Silva Gregorio 1.745
Honoria Maura y Gamazo 1.777
José Giral Pereira 1.801
Luis Martínez Carvajal 1.794
Fulgencio Díez Pastor 1.799
Faustino Valentín Torrejón 1.797
Luis Romero Solano 1.798
Felipe Granado Valdivia 1.797
Rafael Bermuda Ardura 1.797
José Antonio Primo de Rivera 228
Manuel Mateo 207
José Luna Meléndez 221

Fuente: AHPCC, GCC, Serie Elecciones Generales, Resultados 1936.

Cuadro 3: PORCENTAJES SEGÚN FORMACIONES POLÍTICAS

FORMACIONES POLÍTICAS GOBIERNO CIVIL DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Frente Popular 52’66 % 48’81 %
CEDA 44’58 % 47’10 %
Falange Española 2’74 % 5’89 %

Fuente: AHPCC, GCC, Serie Elecciones Generales, Resultados 1936 y ADPCC, Elecciones 1936.

Acudiendo a cualquiera de las dos fuentes se comprueba cómo la fuerza vencedora en Miajadas fue el Frente Popular, al igual que en los pueblos colindantes (Escurial y Almoharín; exceptuando Villamesías donde venció la CEDA). En lo concerniente a los datos facilitados por el Gobierno Civil, se aprecia una mayor diferencia entra las dos fuerzas más votadas (8’08 puntos), mientras que en las cifras de la Diputación Provincial, la diferencia se reduce a menos de dos puntos porcentuales. La victoria del Frente Popular en estas poblaciones respondió a las expectativas que tenían depositadas los trabajadores del campo en esta formación política, pues creían que la victoria les acarrearía mayor número de puestos de trabajo a los desempleados y, sobre todo, la aceleración de la reforma agraria, cuestión muy necesaria en unos municipios con gran imbricación de la agricultura, como eran Miajadas y sus pueblos aledaños.

Tras las elecciones, la vida política siguió su curso, siendo aceptados los resultados sin que se produjera en los primeros días altercado alguno de importancia. En las sesiones plenarias del Ayuntamiento posteriores al 16 de febrero se procedió a pagar los diversos gastos producidos por las elecciones. En la sesión supletoria del 17 de febrero, además de dar cuenta del tranquilo desarrollo del día anterior, se produjo la inclusión (por iniciativa del propio Alcalde) de los gastos electorales“para comida de la fuerza pública y empleados que han estado de servicio permanente”, como una partida especial en el presupuesto anual[19].

Junto al acuerdo anterior, también se abonaron las siguientes remesas de dinero a diversos vecinos del municipio por cuestiones parecidas, aunque mediante acuerdos en sesiones diferentes y distantes en el tiempo:

  1. La primera partida que se hubo de pagar ascendía a 10 pesetas para Andrés Pañero Pintado por el alquiler del colegio electoral del distrito 2º, en vez de las 30 que el vecino había pedido por la utilización de su local. (Sesión ordinaria del 15 de abril)
  2. En la sesión del 2 de mayo se decidió pagar la mayoría de las deudas contraídas en relación al día 16 de febrero: 43’80 pesetas a Pedro Cañamero Masa por artículos para las mesas electorales, 14’10 pesetas a Carlos Domínguez por el mismo motivo y otras 14’10 pesetas a José González Babiano por el mismo concepto. A los últimos dos vecinos también se les paga la remesa dedicada a la comida del día de los comicios: Carlos Domínguez cobró 27’70 por la suministrada a los Guardias de Asalto y José González Babiano recibió 198’80 por la suministrada en los colegios electorales a las personas allí destinadas.
  3. Con fecha 25 de mayo, se acordó pagar a la empresa de P. Peñalver 24 pesetas por la compra de un sello con el grabado “Voto”, que se utilizó en una de las mesas.
  4. Como último pago, el día 13 de julio se pagaron 146’27 pesetas a la Imprenta Trejo por los impresos electorales.

Si nos atenemos a las cifras facilitadas anteriormente, el coste mínimo del día 16 que se puede extraer es de 478’87 pesetas, dinero que puede elevarse si sumáramos el dedicado por los diversos partidos a la publicidad y el dedicado a la limpieza de los lugares públicos por parte del Ayuntamiento. Esta cantidad era bastante superior a la consignada en el presupuesto de 1936 para otras partidas mucho más necesarias, como era el caso del caudal dedicado a las instituciones benéficas municipales (420 pesetas), al socorro de pobres (400 pts.) o a la extinción de plagas del campo (25 pts.), e incluso de una tasación muy cercana a la otorgada a conceptos como los retiros obreros (500 pts.) o los seguros sociales (750 pts.).

Aunque el día de las votaciones se desarrolló tranquilamente, la violencia política seguía produciéndose, ya que tres fascistas miajadeños, liderados por Francisco González Díaz, agredieron a un vecino de Santa Cruz de la Sierra el día 17 de febrero. Estos tres hombres iban en un automóvil a Trujillo y al pasar por este pueblo cercano, los obreros que arreglaban la carretera les saludaron con los puños en alto y les tiraron algunas piedras, a lo que ellos respondieron bajándose del camión y dándoles una paliza. Esta acción supuso una de las acusaciones por las que Francisco González y otros falangistas miajadeños fueron detenidos en el mes de abril de 1936, cuando fueron trasladados a la cárcel provincial de Cáceres y no salieron de allí hasta el mes de julio[20].

4. Desarrollo político durante la etapa del Frente Popular.

La situación política y socio-económica de Miajadas se fue agravando según corría el tiempo de gestión del nuevo gobierno del Frente Popular, pues volvieron a aparecer cuestiones que forzaban al límite la convivencia pacífica entre los vecinos: las invasiones de linderos, las tensiones con la Iglesia o la mala gestión en algunos temas sociales. Todo lo anterior, sumado al descontento general por la nueva puesta en marcha de la reforma agraria, acentuaba la disposición beligerante de algunos grupos sociales (grandes propietarios, sacerdotes, algunos empresarios, etc.) contra el sistema político reinante; todo lo cual se vio reflejado en el apoyo de estos grupos de poder a la sublevación del mes de julio.

Una de las primeras decisiones del recién nombrado gobierno de Manuel Azaña fue restituir los Alcaldes y Ayuntamientos suspendidos o revocados en el sur de España durante el llamado “bienio negro”[21]. Por ello, el 20 de febrero se citó a todos los concejales en sesión extraordinaria con la única finalidad de reponer en sus cargos a los destituidos el 13 de marzo de 1934, que según la convocatoria debían de ser las siguientes personas:

  • Carlos Cuadrado Correyero, Juan Pedro Valares y Valares, José Sánchez Cortés, Máximo Acero Caro, Juan Díaz y Díaz, Pedro Santos Rodas, Casto Babiano Martínez, Agustín Muñoz López, Francisco Tornero Caro, José Valares Dávila y Francisco González Díaz[22].

En esta sesión, después de darles posesión de sus cargos, se acordó volver a reunirse cuarenta y ocho horas después para realizar “examen de la contabilidad municipal y de la gestión de las comisiones gestoras que se han sucedido a partir del 13 de marzo de 1934”[23].

En la sesión del 22 de febrero, celebrada igual que la anterior bajo la presidencia del socialista Antonio Tostado Loro, el primer asunto en tratarse fue dar posesión de sus cargos a dos concejales que no habían asistido el día 20 (Juan Díaz Díaz y Pedro Santos Rodas). Posteriormente, por iniciativa de Carlos Cuadrado Correyero, se propuso declarar nulos todos aquellos acuerdos adoptados por las comisiones gestoras interinas, pero tal nulidad sólo se entendería sin perjuicio de que fuese revisada toda su actuación. El Ayuntamiento en pleno decidió dejar vigentes los acuerdos oportunos para el mejor desarrollo del municipio, una vez que fuese nombrada una Comisión que estaría formada por Agustín Muñoz López y Casto Babiano Martínez, con la ayuda de Juan Aurelio Vicente Reyes como letrado, para el estudio de tales acuerdos. Otro asunto que se trató fue la dimisión del Alcalde, que fue aceptada, nombrándose al Primer Teniente de Alcalde como poseedor de ese cargo, el cual recayó en Juan Díaz Díaz.

Debido a la anterior situación, el día 3 de marzo tuvo lugar un nuevo pleno extraordinario; esta vez con la intención de elegir al nuevo Alcalde-Presidente. La votación se realizó por voto secreto y personal a través de papeletas, siendo el sufragio definitivo de ocho votos a favor de Máximo Acero Caro, contra dos en blanco, por lo cual el señor Acero fue nombrado Alcalde[24].

El 16 de marzo, además de otros acuerdos sobre temas de mayor relevancia social, se restituyó el nombre de diversas calles. El nombre de estas vías hacía referencia a distintos personajes relevantes en la política nacional (como era el caso de la calle a Manuel Azaña o a Indalecio Prieto), que habían sido retirados durante el gobierno de la Comisión Gestora nombrada a finales de 1934. Esta actuación partió de una consideración del concejal Juan Aurelio Vicente Reyes, quien se hizo “voz pública de los anhelos republicanos de este vecindario”, respondiéndose de forma afirmativa por parte del consistorio y recibiendo con posterioridad cartas de agradecimiento por parte de las personas a las que se les había restituido su nombre en los rótulos de las calles. También se acordó cambiar los nombres a las Calles Puente y del Matadero, por los nuevos de Calle 16 de Febrero y de Jiménez de Asúa respectivamente[25].

El 16 de marzo se volvió a discutir la creación de las escuelas, proyecto pactado desde 1928 con el Estado, pero se dejó en el aire como había ocurrido anteriormente, ya que el gobierno no había remitido todavía el dinero y era un gasto demasiado elevado para que fuera sufragado por el Ayuntamiento en ese momento.

El mes de mayo estuvo marcado por la huelga del día 1, día del trabajador. Como resultado de ese acto, los huelguistas y la UGT elevaron una serie de peticiones al Consistorio, de las que se asumieron algunas. Este fue el caso de la construcción de la carretera a Villar de Rena por parte del Estado o la construcción de las Escuelas Públicas. Otras, sin embargo, ni se llegaron a tomar en consideración (por ejemplo, abrir las casas cerradas para ponerlas a disposición de los trabajadores por una baja renta, el alojamiento por parte de los obreros por parte del ayuntamiento hasta que encuentren trabajo o la creación de una casa de socorros), todas ellas tildadas de ser demasiado exigentes para llevarlas a la realidad[26].

Durante el mes de mayo, también señalar que a los acuerdos alcanzados el día 25 de ese mes no se suman 8 concejales (la mayoría de ellos de filiación socialista) por considerar esa sesión como ilegal, pues no se ajustaba al horario reseñado en citaciones anteriores ni a los acuerdos alcanzados sobre la hora de celebración de las sesiones, ya que todas debían celebrarse a las diez de la noche y esta reunión se celebró a las diez de la mañana, produciéndose un enfrentamiento entre las fuerzas componentes del Frente Popular[27].

En la sesión del 2 de junio, mientras se comenzaba a discutir el presupuesto municipal, se produjo una interrupción en el desarrollo habitual de la sesión cuando la Guardia Civil entró en la sala para entregar al Alcalde accidental (Juan Díaz Díaz) un comunicado del Gobernador Civil de la provincia. En este documento, el mandatario provincial manifestaba la admisión de la renuncia a cargos de Máximo Acero Caro, al alegar falta de salud y enfermedad grave. El Gobernador aceptó la renuncia a la Alcaldía, pero no al puesto de concejal que también el señor Acero solicitaba. A la vez, también se nombró en ese documento a Juan Aurelio Vicente Reyes para cubrir la vacante de Máximo Acero y a Senén Ruiz Santos para cubrir dimisión del Bartolomé Avís Sánchez, dimisión que fue presentada junto a la del mentado Máximo Acero.

5. El problema laboral.

El Frente Popular llevaba en su programa electoral una reforma de la legislación social básica y la institución de un salario mínimo para todos los trabajadores, sobre todo para los yunteros sin tierra, ya que se pretendía elevar los sueldos hasta conseguir un nivel aceptable de vida[28]. Debido a estas reclamaciones, la organización UGT propuso el día 29 de febrero las siguientes consideraciones para afrontar las difíciles condiciones en que vivían los trabajadores miajadeños:

  1. “Que el Ayuntamiento resuelva lo antes posible la angustiosa situación de los trabajadores, bien por medio de alojamientos u otros procedimientos análogos.
  2. Que del Depósito del trigo que obra en poder del Ayuntamiento se reparta a renuevo entre los trabajadores hasta el verano, haciéndose de esta manera una obra de verdadera justicia que contribuiría en parte a resolver el problema de la crisis de trabajo” [29].

A la primera petición, el Alcalde respondió que haría lo posible para resolver el acuciante problema del paro, y por ello convocaría a todos los propietarios para que voluntariamente ofrecieran tierras y trabajo a los parados, a la vez que elevaría al IRA una petición para disponer del trigo almacenado, pues éste pertenecía al citado organismo.

El 16 de marzo, como respuestas a las anteriores peticiones y otras relacionadas formuladas por algunos concejales, se discutió la formación del cuerpo de guardas rurales para atender correctamente lo concerniente a la colocación obrera, con la intención de que no se registrasen incidentes por esta cuestión. Este grupo quedó formado por las siguientes personas:

  • Como Guarda Mayor, Agustín de Arenas Soto; y como meros Guardas, Francisco Tadeo Pintado, Antonio Martínez Corrales, Aurelio Hortet Sánchez, Vicente Cruz Loro, Antonio Vicente Pizarro, Juan Pintado Loro, Ceferino Gallego Franco, Pedro Fernández Cuadrado y Esteban Bravo Pino[30].

Otra forma de combatir el paro obrero fue la puesta en marcha de diversas obras municipales, todas ellas pagadas por el consistorio municipal, cuestión recogida en el programa electoral del Frente Popular. Cada quince días se procedía al pago de los jornales devengados por esta cuestión, alcanzando la máxima cuantía de ellos al día 30 de abril (3.612 pesetas), poniendo de manifiesto el esfuerzo por eliminar el mayor número de parados y, también, la posibilidad de altercados. Una nueva obra municipal que se comenzó a realizar con la intención de eliminar el paro fue la construcción de la carretera Miajadas-Villar de Rena; la cual había sido incluida en el plan nacional de carreteras y había sido comunicado al alcalde a través de un escrito firmado por el ministro José Giral.

Para solucionar otro problema laboral surgido con la detención del empresario local Nemesio Dávila, que dejó a sus trabajadores sin oficio, se decidió incluirlos en el censo obrero para ayudarles a pasar la difícil situación, percibiendo dinero del erario público. Esta actuación no fue la única de este tipo que se produjo, ya que algunas asociaciones vecinales propusieron que se acordara una subvención de doscientas pesetas para salvar del descalabro económico a los maestros nacionales; acuerdo que no se tomó en consideración y dejó a los profesores con un sueldo insuficiente para vivir con dignidad[31].

El día 1 de mayo tuvo lugar la manifestación por el Día del Trabajador. Se presentaron al Consistorio municipal una serie de conclusiones y peticiones, algunas de las cuales se venían repitiendo desde varios meses atrás. Entre las más destacadas estaban las siguientes:

  1. Traída de aguas a diversas calles del municipio.
  2. Creación de una Casa de Socorro.
  3. Creación de una Biblioteca Municipal.
  4. Construcción de las Escuelas y otros edificios públicos para librar el presupuesto del dinero pagado por el arrendamiento de tales lugares.
  5. Republicanizar las dependencias municipales.
  6. Turno riguroso de colocación obrera.
  7. Alojamiento de yunteros y trabajadores del campo el tiempo que sea necesario.
  8. Abrir las casas cerradas y ponerlas a disposición de los trabajadores con menor renta por un precio razonable.

Aunque algunas cuestiones se tomaron en consideración, como es el caso de las dependencias municipales o el turno de colocación obrera, el concejal socialista Alfonso Galán Oliva propuso que los acuerdos tomados se ejecutasen con la mayor rapidez posible, siendo (a su entender) de crucial necesidad la mayoría de ellos.

Por otro lado, muchos trabajadores acudieron a los representantes políticos con la intención de mejorar su situación laboral y personal. Este el caso de Gregorio Pacheco Fuentes, trabajador en las obras municipales, quien tras un accidente exigió se le diera medio jornal, pero los concejales respondieron con la petición de una investigación sobre el accidente y la inclusión del obrero en la Décima del Paro Obrero para que pudiera acceder a las obras municipales en realización[32].

6. Tensiones sociales: Reforma Agraria, Iglesia y sociedad.

Con la victoria del Frente Popular se volvió a poner en marcha la Reforma Agraria, detenida súbitamente durante el bienio de 1933 – 1935, con la intención de solucionar la situación de los yunteros extremeños y andaluces[33].

Consecuencia de ello, el 3 de marzo se divulgó un decreto por el que los yunteros pudieron volver a trabajar las tierras que les habían sido otorgadas en 1933. A partir de este momento, los propietarios vuelven a sentirse atemorizados por la posible pérdida de sus tierras y se pusieron a la defensiva. La UGT, que en Miajadas estaba dirigida por Antonio Tostado Loro, elevó la petición antes comentada del día 29 de febrero, con el propósito de resolver la problemática de los trabajadores del campo[34]. Debido a la situación que se había planteado sobre estos obreros, el 3 de marzo el Gobierno adoptó la determinación de que los yunteros que habían sido expulsados de las tierras que habían estado trabajando, podían volver a cultivarlas[35].

En Miajadas, en 1933 al menos habían sido decomisadas unas 85 hectáreas por el Instituto de Reforma Agraria durante el mes de marzo, siendo entregadas a un número indeterminado de yunteros en los días posteriores a ser tomadas en posesión por el delegado del propio ministerio. Estas intervenciones se distribuyeron de la forma siguiente:

  • 22 hectáreas al propietario Antonio Chamorro Sánchez en la finca “Canchales”.
  • Otras 11 a Sofía Ruiz Román en el mismo paraje.
  • 3 hectáreas a Gaspar Sánchez Ruiz en la finca “Cardizosa”.
  • 15 hectáreas a Félix Amarillas Celestino en la zona de “Chinoso”.
  • 20 hectáreas a Alfonso Castuera Corral en la finca “Esparragal”.
  • Otras 15 a la viuda de Damián Sanz en la misma finca[36].

En 1936, los yunteros se mostraron intranquilos con la tardanza de este reparto, finalmente, el 20 de marzo, el IRA aprobaba un Decreto por el que se instaba al reparto de las tierras entre los yunteros, provocando con ello varios altercados. La mayoría de estas pequeñas disputas estuvieron en relación con la usurpación de linderos, como bien lo demuestran las quejas de algunos propietarios ante el Ayuntamiento, como fue el caso de Juan de Arcos González. Para llevar a buen puerto el asentamiento de los obreros agrícolas era necesario nombrar un concejal que se encargara de ello, función para la que fue designado Agustín Muñoz López[37].

Los obreros del campo se encontraban en una citación penosa, pues su sueldo no sobrepasaba las 3’5 pesetas, dinero que no les llegaba a la mayoría de ellos para vivir dignamente. Aunque se tomaron algunos acuerdos para intentar solucionarlo (como el comentado abaratamiento de los alquileres o la intensificación de la reforma agraria), éstos no fueron suficientes para conseguir una mejor supervivencia. Por esto, muchos trabajadores tenían que trabajar diariamente un número de horas excesivo si querían conseguir llevar algo de comida a sus casas.

En fecha 2 de junio se puso en conocimiento de la Administración Municipal diversas comunicaciones del propio IRA donde se dictaban las normas para los anticipos de los yunteros asentados como intento de solución del paro forzoso, dinero que se pagó con cargo al Censo de Paro Obrero.

Relacionado con estas actuaciones del IRA fue el nombramiento de Adolfo Vázquez Humasqué, director de la mentada institución, como hijo predilecto del municipio por “la labor realizada a favor de los yunteros de Extremadura”[38].

Otro tipo de tensiones sociales surgidas durante estos meses, aunque ya venían de tiempo atrás, fueron las disputas con la Iglesia Católica y su representante en Miajadas. Las discrepancias se fueron incrementando según fue discurriendo la Administración del Frente Popular, llegando a su mayor tirantez el día 25 de abril cuando se concertaron dos decisiones en su contra, sumadas ambas a la prohibición de exhibir elementos religiosos en público. Estas dos decisiones fueron las siguientes:

  1. A través de una proposición del Alcalde, se crea un “arbitrio sobre los enterramientos religiosos”, que será incluido y concretado por la Comisión de Hacienda en el presupuesto ordinario de 1936.
  2. A proposición de Alfonso Galán Oliva, y según sus palabras, “por la minoría socialista”, se insta a realizar una inspección en las escuelas particulares (en este caso los colegios de religiosas), ya que se conocía que se estaban dando clases de religión en todas ellas, cuando estaba totalmente prohibido. El Alcalde manifiesta no tener jurisdicción en este tema, por lo que delega en la Inspección de Primera Enseñanza.

Esta actitud contraria a la Iglesia Católica explica las razones que llevaron a su representante en Miajadas a sumarse a los sublevados el 18 de julio de 1936, demostrando además la oposición beligerante que mantuvo desde tiempo atrás contra la República; pues había formado parte de algunas huelgas en su contra durante los primeros tres años del régimen republicano, como fue el caso de la producida el 18 de agosto de 1933, donde el sacerdote acogió en la Iglesia de Santiago a varios huelguistas y les dio ánimos para seguir con su protesta en contra de la Reforma Agraria de la Segunda República y de dar mayor cantidad de tierras a los yunteros y pequeños agricultores[39].

La llegada de la Segunda República había supuesto un empuje en el desarrollo intelectual de la sociedad española, que se quería mostrar en Miajadas a través de la creación de nuevas Escuelas Públicas para lograr una mayor formación cultural. La construcción de los edificios se había concertado en 1928, pero todavía en 1935 no se había puesto en marcha, por lo que en estos últimos meses de gobierno republicano se intentó acelerar su construcción, la cual se retrasará hasta 1938 que se dio por terminada su construcción.

Los profesores y maestros nacionales se encontraban en una situación penosa, tanto económica como personalmente. Estos funcionarios no sólo cobraban poco dinero, sino que además tenían unas viviendas en alquiler que se encontraban casi en ruinas, instándoles esta situación a elevar sus quejas al Ayuntamiento[40]. El 2 de junio propusieron que se les otorgara una subvención de 200 pesetas para poder sobrellevar su angustiosa situación, proposición que fue rechazada por el Consistorio, lo que les situaba en un contexto bastante penoso, pues no podían llegar a final de mes con el sueldo tan bajo que percibían y debían pedir comida a algunos vecinos.

Relacionado con la educación se situó la prohibición de la enseñanza religiosa, emanada del Gobierno Central y aplicada por el Consistorio Municipal, decisión que volvía a encender los ánimos de los profesores de centros privados dedicados a esta cuestión y la oposición del sacerdote municipal. Mientras se discutían estas cuestiones, el Ayuntamiento sólo intentaba acelerar la construcción de las escuelas para tener contentos a los propios maestros y no evitar sus quejas constantes.

Durante los meses de febrero a julio, las condiciones sociales de la mayoría de la población se encontraban cada vez en una peor situación, llegando varios vecinos a pedir ayuda al propio alcalde. Este es el caso de Luís Fábregas Bravo, que solicitó un socorro económico por encontrarse enfermo por un accidente, pero todos los concejales se negaron a dárselo esgrimiendo que legalmente no podían dar socorros domiciliarios. Se intentó autorizar la apertura de una suscripción pública para conseguir los pertinentes recursos, aunque finalmente no se produjo[41].

Con esta situación social, económica y política se llegó a la sublevación de julio de 1936, donde se verían reflejadas las diferencias entre la población, sobre todo, entre los diversos cuerpos sociales.

7. Fuentes: archivos y bibliografía.

  1. Archivos
    • Archivo Histórico Provincial de Cáceres (AHPCC)
    • Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres (ADPCC)
    • Archivo Municipal de Miajadas (AMM)
  2. Bibliografía
    • Ayala Vicente, Fernando; La violencia política en la provincia de Cáceres durante la Segunda República (1931 – 1936), Mérida, Muñoz Moya Editores Extremeños, 2003.
    • Ayala Vicente, F.; Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la II República, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2001,p. 153.
    • Chaves Palacios; Julián; Violencia política y conflictividad social en Extremadura. Cáceres en 1936, Cáceres, Coedición Diputación Provincial de Cáceres – Diputación Provincial de Badajoz, 2000.
    • García Pérez, Juan; “Los yunteros: sus vicisitudes y protagonismo revolucionario en el campo cacereño durante la II República” en Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano, Cáceres, Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, 1979, pp. 335 – 347.
    • González Calleja, Eduardo; “Algunas reflexiones sobre el papel de la violencia en la vida política”, en VV. AA., El Siglo XX: balance y perspectivas, Valencia, Ed. Alfons el Magnanim, 2000, pp. 349 – 358.
    • González Calleja, E.; “La violencia política y la crisis de la Democracia republicana (1931 – 1936)”, en Hispania Nova, Número 1, Años 1998 – 2000
    • Rivas, David M. y Ruesga Benito, M., “Las condiciones sociales y las actitudes políticas de los españoles en los años treinta”, en Tamames, Ramón; La Guerra Civil Española 50 años después, Barcelona, Planeta, 1986, pp. 29-44.
    • Tuñón de Lara, Manuel; La España del Siglo XX: De la República a la Guerra Civil, Barcelona, Laia, 1979, 5ª edición.
    • Tuñón de Lara, M.; Tres claves de la Segunda República, Madrid, Alianza, 1985.

NOTAS:

[1] Tuñón de Lara, Manuel; La España del Siglo XX: De la República a la Guerra Civil, Barcelona, Laia, 1979, 5ª edición, pp. 475 – 479.

[2] Si lo comparamos con los años anteriores, podemos ver que el número de huelgas y manifestaciones, al menos en la provincia de Cáceres, registraron un descenso. Ayala Vicente, Fernando; La violencia política en la provincia de Cáceres durante la Segunda República (1931 – 1936), Mérida, Muñoz Moya Editores Extremeños, 2003, p. 118.

[3] García Pérez, Juan; “Los yunteros: sus vicisitudes y protagonismo revolucionario en el campo cacereño durante la II República” en Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano, Cáceres, Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, 1979, pp. 335 – 347.

[4] Archivo Histórico Provincial de Cáceres (en adelante AHPCC), Sección Gobierno Civil de Cáceres (en adelante GCC), Serie Elecciones Generales, Caja 1602.

[5] Archivo Municipal de Miajadas (en adelante AMM), Libros de Acuerdos (en adelante LA), Libro Años 1934 – 1936, Sesiones citadas.

[6] AHPCC, GCC, Serie Elecciones Generales, Caja 1602.

[7] Citaremos en cursiva las frases textuales de todo aquel documento que utilicemos.

[8] AMM, LA, Libro Años 1934 – 1936, Sesión del 13 de enero de 1936.

[9] AMM, Libro Registro de Socios de Falange.

[10] Ayala Vicente, F.; Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la II República, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2001,p. 153.

[11] AMM, LA, Años 1934 – 1936, Sesión extraordinaria del 19 de febrero de 1936.

[12] AHPCC, GCC, Serie Orden Público y Derechos Ciudadanos (en adelante OP), Policía de Orden Público y fuerzas de seguridad (en adelante Policía), “Partes diarios de ocurrencias de la Guardia Civil” (en adelante “Partes”), caja 455.

[13] Ayala Vicente, F.; La violencia política en la provincia de Cáceres durante la II República, pp. 131 – 132 y Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la II República, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2001,pp. 157 y 160.

[14] AHPCC, GCC, Serie Elecciones Generales, Caja 1602.

[15] González Calleja, Eduardo; “Algunas reflexiones sobre el papel de la violencia en la vida política”, en VV. AA., El Siglo XX: balance y perspectivas, Valencia, Ed. Alfons el Magnanim, 2000, pp. 349 – 358; (p. 353 para esta cita).

[16] González Calleja, E.; “La violencia política y la crisis de la Democracia republicana (1931 – 1936)”, en Hispania Nova, Número 1, Años 1998 – 2000.

[17] AHPCC, GCC, Serie Elecciones Generales, Caja 1602, “Oficio enviado al Jefe Provincial de la Guardia de Asalto”.

[18] AHPCC, GCC, Serie Elecciones Generales, Caja 1602, “Oficio enviado al Teniente Coronel Primer Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres”.

[19] AMM, LA, Años 1934 – 1936, Sesión supletoria del 17 de febrero de 1936.

[20] AHPCC, GCC, OP, Policía, “Partes “, Caja 455, y Chaves Palacios; Julián; Violencia política y conflictividad social en Extremadura. Cáceres en 1936, Cáceres, Coedición Diputación Provincial de Cáceres – Diputación Provincial de Badajoz, 2000, pp. 103 – 107.

[21] Tuñón de Lara, M.; Tres claves de la Segunda República, Madrid, Alianza, 1985, pp. 171-172.

[22] AMM, Legajos sin clasificar, “Convocatoria del 20 de febrero”.

[23] AMM, Legajos sin clasificar, “Convocatoria extraordinaria del 22 de febrero”.

[24] AMM, LA, Años 1934 – 1936, Sesión ordinaria del 3 de marzo de 1936.

[25] AMM, LA, Años 1934 – 1936, Sesión ordinaria del 16 de marzo de 1936.

[26] AMM, LA, Años 1936 – 1938, Sesión del 1 de mayo de 1936.

[27] AMM, LA, Años 1936 – 1938, Sesión ordinaria del 2 de junio de 1936 y AMM, Legajos sin clasificar, “Convocatoria extraordinaria del 25 de mayo”.

[28] Tuñón de Lara, M.; Tres claves (…) pp. 167-168 y Rivas. David M. y Ruesga Benito, M., “Las condiciones sociales y las actitudes políticas de los españoles en los años treinta”, en Tamames, Ramón; La Guerra Civil Española 50 años después, Barcelona, Planeta, 1986, pp. 29-44, (p. 40 para esta nota).

[29] AMM, LA, Años 1936 – 1938, Sesión ordinaria del 29 de febrero de 1936.

[30] AMM, LA, Años 1936 – 1938, Sesión ordinaria del 25 de mayo de 1936.

[31] AMM, LA, Años 1936 – 1938, Sesión del 25 de mayo de 1936.

[32] AMM, LA, Años 1936 – 1938, Sesión ordinaria del 29 de febrero de 1936.

[33] García Pérez, J., “Los yunteros: vicisitudes”, op cit.p. 343 y Tuñón de Lara, M, Tres claves, op. cit., p. 173.

[34] AMM, Legajos sin clasificar, Convocatorias para diversas reuniones.

[35] Tuñón de Lara, Tres claves, op. cit., p. 170.

[36] AMM, Legajos sin clasificar, Actas del Junta Municipal de Reforma Agraria.

[37] AMM, LA, Sesión ordinaria del 30 de marzo de 1936.

[38] AMM, LA, Sesión ordinaria del 30 de marzo de 1936.

[39] Véase Ayala Vicente, Fernando; La violencia política en la provincia de Cáceres durante la Segunda República, pp. 54 – 57 y 167 – 171.

[40] AMM, LA, Sesión ordinaria del 2 de junio de 1936.

[41] AMM. LA, Sesión ordinaria del 29 de febrero de 1936.