CHDE Trujillo

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

 La rebelión armada del 18 de julio de 1.936 supuso, para la educación, en general y para el magisterio, particularmente, un tremendo mazazo, por cuanto significó el retroceso en la formación de las sucesivas generaciones de españoles, a la vez que instauró un régimen de terror entre los docentes, al someterlos a un cruel y perverso proceso de depuración política, que debía determinara las adhesiones al nuevo “régimen” o, por el contrario, identificar a los maestros, “desafectos” al mismo, para aplicar sobre ellos ensañadas sanciones. Cerca de 1.200 maestros de la provincia de Cáceres, según la documentación obrante en el Archivo General de la Administración, padecieron el proceso, en el que presunción de culpabilidad era el principio rector en la tramitación de los expedientes, en una de las pocas acciones decididas en la política de los primeros tiempos del franquismo, en medio de la desidia administrativa general.

 

La Junta de Defensa Nacional no perdería el tiempo emitiendo, a propuesta del Rector de la Universidad de Zaragoza, “órgano superior de la enseñanza”, un Decreto[2] el día 19 de agosto de 1.936, con instrucciones que orientaban el procedimiento.

 

El día 26 de agosto de 1.936, Eduardo Málaga, Inspector Jefe de la provincia, concretó para los alcaldes y maestros, Instrucciones[3] relativas al comienzo del curso escolar. En ellas se establecía la necesidad de demostrar en las zonas ocupadas, la normalidad en el funcionamiento de los organismos oficiales, entre ellos la escuela, “como piedra fundamental del estado, que ha de contribuir a la españolización de las juventudes del porvenir, orientada en los últimos años en sentido inverso”.

 

Para ello se dotaba de poderes plenos a los alcaldes, que debían vigilar que la enseñanza impartida era la adecuada y exaltaba el “patriotismo sano”; informar “las debilidades y orientaciones opuestas” de los maestros y si sus conductas habían “perturbado las conciencias infantiles”, en cuyo caso, los Rectores ordenarían con toda urgencia su sustitución; y comunicar los maestros que se hubieran presentado el día uno, únicos a los que los habilitados estaban autorizados a pagar. En los pueblos donde no se hubiese presentado, el alcalde designaría a un sustituto interinamente, entre los maestros de la localidad o de localidades situadas a menos de 5 kilómetros. Si no se encontraban maestros, podría nombrarse a cualquier titulado universitario, eso sí, de reconocida moralidad y patriotismo.

 

Por su parte, el Gobernador Civil de Cáceres, mediante Circular[4] de 1 de  septiembre de 1.936, establecía que “la Guardia Civil, procederá a averiguar y formar relación de los maestros nacionales clasificados por ideas socialistas, comunistas y francamente izquierdistas, a fin de ordenar su destitución”.

 

Hasta aquí los prolegómenos del proceso. Pronto comenzaría a normalizarse el mismo en todo el territorio, con normas comunes.

 

El Decreto de 8 de noviembre de 1.936, creaba las Comisiones Depuradoras, al considerar que “la atención que merecen los problemas de la enseñanza, tan vitales para el progreso de los pueblos, quedaría esterilizada si, previamente, no se efectuase una labor depuradora en el personal que tiene a su cargo una misión tan importante como la pedagógica (…)”[5]. Las Comisiones Provinciales de depuración, supervisadas por la Comisión General Central de Depuración del Magisterio, solicitaban informes de los maestros en modelos normalizados, a las “personas de orden” de las localidades donde estaban ejerciendo: Guardia Civil, Alcalde, Juez, Cura, Jefe de Falange, cabezas de familia de acreditada moralidad, etc., a partir de los cuales proponían la absolución, o bien, imputaban cargos y proponían las sanciones que creían más adecuadas.

Una Orden de 7 de diciembre de 1.936, señalaba las sanciones a aplicar, que iban desde el traslado forzoso, a la separación definitiva del servicio.

El 18 de marzo de 1.939, otra Orden señalaba causa suficiente de sanción, la pasividad de quienes pudiendo haber cooperado con los sublevados, no lo hicieron.

 

Como colofón del proceso, el gobierno rebelde aprobó una Ley el 10 de febrero de 1.939, en la que se compilaban las normas depuradoras, tratando de actuar con rapidez para identificar y reintegrar a los afines y localizar y sancionar a los que “contribuyeron a la subversión y prestaron asistencia a quienes por la violencia se apoderaron de los puestos de mando de la Administración”.

La Disposición Adicional Segunda establecía: “La depuración del personal docente que depende del Ministerio de Educación nacional, se efectuará con arreglo a las normas especiales que al efecto se dicten”.

En todo caso, como este proceso “purificador” se extendió también a los maestros “no contaminados”, al terminar la guerra, los que pudieron probar su hostilidad a la República, tuvieron que superar unos exámenes y seguir unos cursos de orientación profesional, “para saturar su espíritu del contenido religioso y patriótico que informa nuestra cruzada”[6].

 

A continuación trataremos de arrojar un poco de luz sobre la depuración del magisterio que ejercía en el ámbito de lo que es hoy el CRA “Las Villuercas”, ocho localidades en total, pertenecientes a tres partidos judiciales. Para ello se han consultado y analizado los expedientes de los 17 maestr@s que ejercían en estos pueblos, obrantes en el Archivo General de la Administración, que acarrearon desiguales consecuencias, como veremos. Hemos agrupado la información obtenida en cuatro bloques, referidos a datos personales; características profesionales; aspectos socio-políticos y una cuestión abierta. Pondremos de manifiesto las principales características de los tres primeros bloques, centrándonos a continuación en los procesos seguidos a dos maestros, cuyas consecuencias fueron la destitución fulminante en un primer momento, y la sanción al finalizar la tramitación de sus correspondientes expedientes.

 

 

Comenzaremos fijándonos en las personas que ejercieron la tarea de  informantes, para ubicarnos adecuadamente en las fuentes de que las que se nutría la administración, para conocer sobre el magisterio. Sus informaciones, según se desprende del análisis de los expedientes, están cargadas de subjetividad, por cuanto sobre un mismo maestro aparecen, en algunos casos, informaciones radicalmente opuestas entre unos informantes y otros, llegando, incluso, a advertir unos sobre las posibles inexactitudes aportadas por otros.

 Eran individuos que ocupaban puestos de responsabilidad local y que eran requeridos por la Comisión Depuradora, para informar y emitir juicios de valor sobre los maestros, cumplimentando un cuestionario elaborado al efecto.

Esta función fue desempeñada, en la práctica, por los estamentos a los que el régimen consideraba los pilares de la nueva sociedad: El Alcalde, el Cura, el Comandante de Puesto de la Guardia Civil, el Juez, el Jefe de Falange y “personas de orden” con reconocida moralidad e intachable conducta religiosa, política y social.

En las Villuercas Bajas, los informantes fueron:

 

	Alcalde (10)	G. Civil (6)	Cura (7)	Falangista (4)	Juez Municipal (3)	Otros (4)
Campillo de Deleitosa	Jerónimo Rivero	Bernardino Coca	Ildefonso Díaz Astudillo		Antonio Salas Curiel
Deleitosa	Marcelino Soleto Gonzalo Jiménez Maximiliano Buenvarón	José Novoa Oropesa Tomás Palacios Bañegil	Hilario Palacios Jácome	Manuel ¿?	Alejandro Izquierdo	Fausto Rodríguez
Navezuelas	Román Benito Antonio Durán Vicente Álvarez Alama (1º Tte.)	Evaristo Blázquez Maeso Fernín Roa Alonso	José Blanco Gallego			Tomasa Porras Sánchez
Robledollano	A. Muñoz	José Novoa Oropesa	Melquíades García	Adolfo Carrasco
Roturas de Cabañas	Pedro González	Fermín Roa Alonso	Ezequiel Morcillo Cuadrado Ciriaco Rodríguez López		Primitivo Araújo
Retamosa de Cabañas		José Novoa Oropesa Evaristo Blázquez Marro	Ezequiel Morcillo Cuadrado	Inocencio Serrano Díaz
Cabañas del Castillo		José Novoa Oropesa		Francisco Fernández Estacio
Casas de Miravete	Ulpiano Domínguez		Eurico Gómez Rubio			Andrés Moreno Eugenio Monroy

 

 

 

DATOS PERSONALES.

 

Maestros y Escuelas. De los diecisiete expedientes analizados, ocho son de maestras y nueve de maestros. En todo caso hay que aclarar que en la zona no hay, por ello, diecisiete escuelas, sino trece, ya que cuatro de ellos están sustituyendo a los titulares. En el caso de Deleitosa, por destitución gubernativa; en Campillo de Deleitosa, porque la maestra se había fugado con los “rojos”; en Retamosa, porque el maestro estaba en el frente; y en Navezuelas, el titular fue destituido y el sustituto se incorporó a filas, por lo que era el cura el que realizaba las funciones propias de maestro.

En todo caso, conviene aclarar que, administrativamente, diez maestros eran propietarios, cinco interinos, uno sustituto y otro del denominado grado profesional.

 

Estos profesionales atendían cinco escuelas unitarias de niñas, cinco de niñas y tres unitarias mixtas en Campillo de Deleitosa, Roturas de Cabañas y Cabañas del Castillo, atendidas por maestras.

 

Localidad	Tipo de escuela	Maestr@ titular	Maest@ sustitut@	Causa de la sustitución
Deleitosa	Unitaria niños	Evaristo Jiménez Sánchez
Deleitosa	Unitaria niños		Florián López Muñoz	Destitución del titular
Deleitosa	Unitaria niñas	Eufemia Ramos Gil
Campillo	Unitaria mixta	Manuela Alonso
Campillo	Unitaria mixta		Mª Luz Dguez. Expósito	Fuga de la titular con los rojos
Roturas	Unitaria mixta	Ignacio Serrano Díaz
Robledollano	Unitaria niños	Primitivo Martínez Flores
Robledollano	Unitaria niñas	Lucila Carrasco Muñoz
Casas Miravete	Unitaria niños	Alipio Vicente Rodríguez
Casas Miravete	Unitaria niñas	Pilar García Peña
Cabañas	Unitaria mixta	Ana Ruiz Barba
Retamosa	Unitaria niños	Lorenzo Barrado
Retamosa	Unitaria niños		Tarsicio Chamorro Herrero	Marcha del titular al frente
Retamosa	Unitaria niñas	Antonia Gallego Rodríguez
Navezuelas	Unitaria niños	Jacinto Romero Pardo
Navezuelas	Unitaria niños		Gregorio Lirón Parra	Destitución del titular
Navezuelas	Unitaria niños		José Blanco Gallego (cura)	Marcha al frente del sustituto
Navezuelas	Unitaria niñas	Casilda Avedillo Huertas

 

De estos profesionales, trece eran de la provincia de Cáceres y los otros cuatro eran de las provincias de Toledo, Salamanca, Ávila y Zamora.

Sobre sus filiación personal, sabemos que el magisterio de la zona era mayoritariamente joven, con predominancia de la soltería y escasez de hijos, salvo el caso de una maestra que tiene cinco. En su mayor parte eran católicos practicantes.

Es significativo el hecho de su escaso tiempo de permanencia en las localidades de destino, lo que confirma que las escuelas de la zona, ya por aquellas fechas constituían un destino de paso para los docentes.

 

	MAESTROS	MAESTRAS
Edad	Menores de 25 años: 4

Entre 26-30 años: 2

Entre 31-35 años: 1

Mayores de 35 años: 2Menores de 25 años: 3

Entre 26-30 años: 2

Entre 31-35 años: 0

Mayores de 35 años: 1

Sin determinar edad: 2Estado CivilSolteros: 4

Casados: 5Solteras: 4

Casadas: 2

Sin determinar: 2Nº de hijosNinguno: 6

Un hijo: 1

Dos hijos: 2Ninguno: 4

Un hijo: 2

Cinco hijos: 1

Sin determinar: 1PermanenciaMenos de 1 año: 3

Entre 1-5 años: 4

Entre 6-10 años: 1

Entre 11-15 años: 1Menos de 1 año: 2

Entre 1-5 años: 3

Entre 6-10 años: 1

Sin determinar: 2CatolicismoBuen católico: 5

Sin religión: 3

Desigual: 1Buena católica: 6

Sin determinar: 2

 

La dedicación del tiempo libre resultaba netamente distinta para maestros y maestras, ateniéndose a los socialmente bien visto en la época. Mientras que las maestras fuera de la escuela, asumen todas las tareas domésticas, que como mujeres les asignaba la sociedad y participaban de las acciones caritativas, los maestros, en ningún caso las asumen. Por el contrario, los maestros disponen de elementos de ocio personales y participan activamente en la vida política de las localidades.

 

Estas son las principales dedicaciones señaladas:

 

	Maestras	Maestros
Ocio		Pasar ratos de recreo. Actividades y expansiones naturales. Caza. Pasear con su señora y vivir en familia. Poesía.
Laboral	Trabajos propios de su propio sexo. Bordar. Quehaceres domésticos
Educativo Formativo	Dar clases particulares.	Dar clases particulares gratuitas. Estudiar. Enseñar instrucción militar a falangistas y niños.
Político social	Enaltecer a la patria	Hacer propaganda política del Frente Popular.

Asistir a reuniones comunistas, socialistas y revolucionarias. Asuntos de engrandecimiento de la patria como jefe de Falange. Hacer de vivo caballero ejemplar. Distracciones con funcionarios de mal proceder político.

Socio Religiosos

Hacer obras de caridad. Promover el celo católico. Orientar a los jóvenes por el bien. Actividades de Acción Católica. 

 

DATOS PROFESIONALES.

En el cuestionario se incluían cuestiones relativas al planteamiento, desarrollo e implicación de los maestros con su profesión, impregnadas de un marcado contenido socio-político, que aclarase la comunión o no del docente con el régimen en ciernes.

Las horas dedicadas a la escuela, pretendían saber, indirectamente, si dedicaba su tiempo a cuestiones “poco patrióticas”. Pues bien, siete maestros dedicaban seis horas diarias a la escuela, mientras que otros cinco, dedicaban cinco horas. De tres maestros se afirma que las horas dedicadas a la enseñanza eran las reglamentarias y del resto no se especifica esta información.

Sobre la implicación de los maestros con su labor, en nueve casos enseñaban bien y con entusiasmo; en dos, enseñaban regular y con entusiasmo; en otros dos, enseñaban mal y sin entusiasmo; y en los demás no se especifica.

 

También se solicitaba información sobre los juegos que los maestros aplicaban con los niños, por si éstos se estaban utilizando como forma de adoctrinamiento político o de entrenamiento bélico. En las escuelas de la zona tenemos: recreos, juegos infantiles propios de la edad y tradicionales del país, instrucción militar, juegos patrióticos basados en la educación física, juegos recreativos, morales, sanos, instructivos, pedagógicos y buenos, la peonza, el corro “dime niña”…

En cuanto a la simbología política, dos cuestiones se centraban en recabar información sobre su uso dentro de la escuela, haciendo hincapié, únicamente, en la de tendencia izquierdista. Tan sólo en un caso se afirma que se cantaba la internacional y se saludaba puño en alto.

 

DATOS POLÍTICOS.

El último asunto sobre el que se incide en la encuesta, quizás el más significativo en relación con su objetivo, trataba de localizar e identificar, para sancionar, a los maestros izquierdistas. Hacía referencia a las actividades políticas y asociativas. A raíz de las respuestas de los informantes, se iniciaron procesos civiles y penales contra los maestros, tres en el ámbito de la zona considerada, dos maestros y una maestra, de los trece maestros titulares, lo que supuso en torno al 23% de la plantilla.

En cuanto  la afiliación política, a tenor de las informaciones recogidas en los documentos, tenemos que tres maestros eran de la CEDA; dos eran de Falange, uno de ellos jefe en Roturas y uno era de Izquierda Republicana, presidente en Deleitosa.

Posteriormente se interroga sobre el carácter asociativo del magisterio. En total cuatro docentes estaban integrados en asociaciones: dos maestros pertenecían a la Asociación Provincial del Magisterio; una maestra a la asociación de estudiantes católicos y otra maestra a las cinco asociaciones religiosas había en la localidad.

Finalmente, se recogen las observaciones más significativas que realizaron los informantes, en el caso de algunos de los docentes de la zona. Son las siguientes:

Manuela Alonso, propietaria de Campillo, “se ha marchado con los comunistas a Mesas de Ibor. Su fe era casi nula y su hijo dijo que ir a misa era como ir al baile e día 20, patrón de la localidad”.

Mª Luz Domínguez Expósito, interina que sustituye a la titular de Campillo, “siempre ha sido de derechas, como su familia. Fue nombrada por el alcalde al irse la titular con los comunistas, sustituyendo a la fugada”.

Ignacio Serrano Díaz, propietario de Roturas, era el Jefe de Falange en la localidad.

Primitivo Martínez Flores, propietario de Robledollano, “en las clases nocturnas ensañaba a los adultos que no tenían que ir a misa los domingos, porque decía que la República había quitado tal obligación”. Alcalde y cura coinciden en que “es cumplidor y carente de vicio y merece el máximo respeto y consideración como maestro y como persona”.

Lucila Carrasco Muñoz, sustituta de Robledollano (nada se dice de que hubiese una propietaria), “merece el máximo respeto y consideración. Ha llevado en fila a los niños a misa y les ha enseñado cantos religiosos. La localidad está muy ilusionada con ella por su incansable labor profesional y elogiosa vida privada”.

Pilar García Peña, propietaria de Casas de Miravete, “da ejemplo con su intachable conducta, es católica y patriota, por lo que fue perseguida por las izquierdas del pueblo. Socorre a las familias necesitadas siguiendo el espíritu cristiano, aún en tiempos adversos. Durante unos mese dio clases a la hija de Isidoro Moreno Moreno, Alcalde, jefe del Partido Socialista y delegado de las organizaciones obreras del partido”.

Alipio Vicente Rodríguez, propietario de Casas de Miravete, “de conducta moral intachable, buen patriota al servicio de la causa de la nueva España. Ejemplar caballero católico”. Por otra parte, “no tiene condiciones para enseñar, pues se burlan de él los niños. Aunque es de derechas, convivió con las izquierdas cuando éstas se adueñaron del poder”.

Ana Ruiz Barba, interina de Cabañas del Castillo, es “ferviente católica y se ha visto perseguida por sus ideas derechistas”.

Tarsicio Chamorro Herrero, propietario de Retamosa, “está en el frente desde octubre de 1.936. Enseña doctrina de crudo materialismo monístico, como el origen simiano del hombre, conforme, totalmente, al evolucionismo de Darwin”.

 

Estas son las principales características de los maestros de la zona, durante el proceso de depuración política, que una vez puestas de manifiesto, nos llevan a centrarnos en dos de los maestros expedientados, cesados y sancionados injustamente, por el ensañamiento de los alcaldes de Deleitosa y Navezuelas, respectivamente.

Ante tamaña injusticia se rebelaron los vecinos y, también, las sucesivas autoridades de ambos pueblos, apostando por ellos y dejando en evidencia la falsedad de las acusaciones, que les acarrearon injustas sanciones profesionales y amargos trances personales, como veremos a continuación, al tratar las vicisitudes acontecidas a Evaristo Jiménez Sánchez, maestro de Deleitosa y a Jacinto Romero Pardo, maestro de Navezuelas.

 

 

EVARISTO JIMÉNEZ SÁNCHEZ. Maestro de Deleitosa.

 

En primer lugar tratamos el caso del maestro de Deleitosa, Evaristo Jiménez Sánchez. Sobre él se ensañaron el cura y el alcalde de la localidad en los primeros momentos de la rebelión. La intervención de las autoridades y, sobre todo, del vecindario, aclarando las falsedades vertidas sobre el maestro, hicieron rectificar a la administración, aunque, se verá la amargura vivida por él y su mujer, así como las trágicas consecuencias del retraso en la resolución de su expediente.

 

El informe inicial. El alcalde de la localidad, Marcelino Soleto, remite dos documentos fechados el 10 de septiembre y el 9 de octubre de 1.936, al Gobernador Civil de la Provincia de Cáceres y al Rector de la Universidad de Salamanca, informando sobre el maestro Evaristo Jiménez Sánchez, al que acusa de tener avanzadas ideas comunistas, que procura exteriorizar en toda ocasión. Informa también que se marchó a Cebreros (Ávila) al principio de las vacaciones y no había regresado a la localidad.

 

La Destitución. Con esa información, el maestro es cesado de manera fulminante.

 

Informes solicitados por la Comisión Depuradora. A lo largo del mes de octubre se remiten a la comisión depuradora del magisterio de Cáceres, los informes cumplimentados por el alcalde, el brigada de la guardia civil de Trujillo, José Novoa Oropesa, el  cura, Hilario Palacios Jácome y dos personas de orden, Jacinto Robledo y Fausto Rodríguez, que aportan interesante información.

El maestro, de 57 años, natural de la provincia de Toledo, casado y sin hijos, llevaba 15 años en la localidad. No ejercía como católico y en su tiempo libre hacía propaganda extremista y revolucionaria del Frente Popular, asistiendo a reuniones políticas.

A la escuela dedicaba 5 horas diarias, enseñando mal y sin entusiasmo, saludando con el puño en alto y cantando la internacional, aunque el cura lo niega.

Desde el día 16 de febrero de 1.936 era presidente local de Izquierda Republicana, partido al que estaba afiliado desde el 14 de abril de 1.931. se le acusaba, además de masón. Había sido suspendido de empleo y sueldo.

Apostillan, para finalizar, que el maestro se encuentra en campo rojo desde que el movimiento se inició, en concreto, en Calera y Chozas (Toledo), donde fomentó y auxilió a la rebelión cuanto pudo junto con su sobrino, no presentándose a la apertura del curso escolar. Un evadido de Madrid informó que estaba en la capital.

Cura, Hilario Palacios Jácome: al principio se portó como católico perfecto, luego, aún antes de proclamarse la República, dejó las prácticas cristianas y terminó en estos últimos tiempos siendo ateo. Iba poco a la escuela. Un sobrino que vivía con él, que era comunista, pues aquí pertenecía a la juventud socialista y que mandaba blasfemar a los niños, era el encargado de ella, mientras él se dedicaba a la propaganda comunista. Cuando el jefe de los socialistas iba a la escuela, se saludaba con el puño en alto, salvo algunos de familias de derecha, que no lo hacían, exponiéndose a ser castigados. Asistía con los niños a las manifestaciones.

Antonio Floriano Cumbreño,  inspector de educación, resume estos informes el día 7 de abril de 1.937, haciéndose eco de las principales acusaciones que aportan, para constancia de la comisión depuradora provincial.

 

El pliego de cargos. La comisión, como siempre, sin mayor contraste, da por buenas las informaciones aportadas y, el día 3 de mayo de 1.937, acuerda imputar y remitir al maestro el siguiente pliego de cargos: Hacer ostentación de ideas izquierdistas. Cantar la internacional y saludar con el puño en alto en la escuela. Asistir con los niños a manifestaciones socialistas. Presidir Izquierda Republicana. Abandonar la escuela en manos de su sobrino de juventudes socialistas, que obligaba a los niños a blasfemar. Fomentar y auxiliar con entusiasmo la rebelión roja. Pertenecer a la masonería.

 

La imposibilidad de realizar los descargos. El pliego de cargos se remitió a Deleitosa, para que fuera entregado al maestro, pero como éste estaba ausente, e día 7 de mayo de 1.937, el alcalde lo devolvió a la Comisión que, una vez recibido, ordena, el 12 de junio de 1.937, la publicación de un requerimiento en el Boletín Oficial de la Provincia, instando al maestro a fijar residencia. El mismo se publica el 16 de junio.

 

Sanción. Agotados todos los tramites y no habiendo logrado la audiencia del maestro,, el día 20 de agosto de 1.937,  la comisión provincial depuradora eleva a la comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, la propuesta de sanción: separación definitiva del servicio. La comisión asume la propuesta el 16 de noviembre y la amplía con la inhabilitación para cargos directivos y de confianza. La sanción es ratificada el 26 de octubre por la comisión superior dictaminadora, que la hace firme y se consuma con la Orden del Ministro de Educación Nacional, de 30 de diciembre de 1.939, que imponía al maestro la separación definitiva del servicio y baja en el escalafón.

 

Regreso del maestro a Deleitosa. Hasta aquí se extiende la primera parte del proceso a Evaristo Jiménez Sánchez, quien no es consciente de la situación administrativa por la que está pasando, al no encontrarse, no ya en la localidad, sino en el bando rebelde, cuyo gobierno le estaba depurando. Finalizada la contienda, el maestro regresa a Deleitosa y es informado de su situación de suspensión, encontrándose a cargo de la escuela el maestro interino, Florián López Muñoz, quien estaba en su puesto desde octubre de 1.936.

 

Solicitud de revisión del expediente. El maestro comienza las gestiones para que su expediente sea revisado, remitiendo al Ministro de Educación Nacional, el día 23 de enero de 1.940, una solicitud de revisión, en la que alega que no se encontraba en Deleitosa cuando estalló el Movimiento, porque se había ido el día 16 de julio de 1.936 a Madrid, para someter a sus esposa, anciana de 60 años, a un tratamiento médico. Había permanecido en zona roja hasta la total victoria de las armas Nacionales, concretamente en la parroquia de San Felipe Neri, de Alicante. Cuando se reintegró a su destino nuevamente, presentó declaración para su expediente, pero sin tiempo para acompañar documentos acreditativo de su conducta, los cuales había enviado con posterioridad. Prosigue, informando de que en los 32 años que lleva de servicio, 16 en Deleitosa, no ha tenido una sola nota desfavorable, pudiendo acreditar las autoridades locales y el vecindario su  buena conducta pública y privada, como ciudadano y como maestro. Se lamenta de que habiendo sido separado del magisterio, teniendo 62 años y enfermo con una afección cardiaca, que le incapacita para el trabajo corporal y que tanto él como su anciana esposa carecen de familiares que pudieran ampararlos, la sanción le condena a mendigar su sustento, llevando el estigma sobre la frente.

Finalmente, suplica la revisión de su expediente.

Nuevamente vuelve a remitir la solicitud al ministro el día 25 de febrero de 1.940, pero en esta ocasión, aportando cuatro documentos de aval, que considera de tremenda importancia.

El primero, fechado el 8 de febrero de 1.940 en Alicante y firmado por el párroco de San Felipe Neri, D. Manuel Arivente Aguilar, quien certifica que el maestro vivió en su casa desde primeros de noviembre de 1.936 hasta julio del año 1938, habiendo observado una conducta inmejorable, no interviniendo en política ni figurando en nada con los rojos.

El segundo documento, de 23 de febrero de 1.940, lo fieman en Deleitosa las autoridades locales, Alcalde, Comandante de Puesto, Juez, cura y Jefe de Falange, quienes ponen de manifiesto que antes de iniciarse el Movimiento, perteneció a un partido de izquierdas, en el que no consta que hiciera propaganda ni se ocupara en dar mítines, cumpliendo con sus deberes profesionales y particularmente hacía una vida conviviendo con todos los vecinos. Unos días antes del 18 de julio de 1.936, se ausentó de esta localidad y le sorprendió en movimiento en zona roja, donde permaneció hasta la victoria final, desconociéndose su actuación en dicha zona.

 

Explicaciones del maestro. El propio maestro redacta el día 24 de febrero una declaración jurada, en la que hace constar  que no ha pertenecido a ningún partido político ni ha ostentado cargo alguno, habiendo vivido para su profesión de maestro, como atestiguan los informes de autoridades padres y vecinos. Se sincera relatando sus avatares personales, para justificar su militancia en Izquierda Republicana: “Con motivo de tener a mi esposa enferma, en el año 32 me trasladé a Madrid, a que fuera reconocida por un especialista. Como este dijo que necesitaba ingresar en una clínica, careciendo de recursos para el sostenimiento de la misma, ya que su estancia en ella había de pasar de un mes y no conociendo a nadie a quien acercarme para que ingresara en un establecimiento benéfico, me acerqué, aunque sin conocerle, al entonces diputado por esta provincia, D. José Giral, a quien expuse mi situación y logré su ingreso, aunque no su curación.

Cuando llevaba en Deleitosa más de medio año de mi regreso de Madrid, me sorprendió un día el correo con una credencial de Jefe de Acción Republicana y una carta del Sr. Giral que, a cambio del favor que me hizo, me pedía lo aceptara. Con la República nefasta, este caso excepcional y fortuito me hizo pertenecer a un partido de izquierdas de hecho, no de derecho, del que no hice caso alguno, siguiendo las normas que me tracé al terminar mi carrera: enseñar y sólo enseñar en mi escuela, no asistiendo a acto político alguno que pudiera desdecir del papel que debe representar todo maestro en la sociedad”.

 

Primer aval del vecindario. El mismo día, ocho vecinos de la localidad, firman un aval al maestro, en el que aseguran que desde que fue destinado a esta escuela, observó “una conducta intachable moral y profesional, no se preocupó de otra cosa que no fuera enseñar, dando ejemplo de honradez y ciudadanía. Durante la nefasta república, perteneció a un partido de izquierda, pero no se le vio actuar en política, no acudiendo a mítines, reuniones ni acto alguno que pudiera estimular con su presencia a los demás. Al iniciarse el Movimiento estaba en Madrid, donde fue acompañando a su señora, que padeciendo una dolencia visual, necesitaba consultar a un especialista”. Firman: Casáreo Moreno, Benito Ciriero, Julián Durán, Apolinar Buenvarón, Aniceto Robledo, Bibiano García, Constantino Moreno y Francisco Buenvarón. El Alcalde, Gonzalo Jiménez, certifica las firmas.

 

Revisión del expediente e inicio de actuaciones. En compás de espera queda el asunto, hasta que la administración lo retoma dos años después. Mientras tanto, el maestro y su mujer vivieron de la caridad del vecindario, muriendo la esposa de pura inanición, según el testimonio de algunos vecinos, que vivieron la situación y recuerdan al maestro y las penalidades que hubo de pasar.

Pasados que fueron dos años desde la solicitud de revisión del expediente, el día 6 de febrero de 1.942, el ministro accede a lo solicitado por el maestro y ordena que se remita el expediente a la comisión Provincial, para que comience el trámite de comunicación de cargos y se dé audiencia al maestro, lo que se traslada a Cáceres el día 23 de febrero de 1.942.

 

Pliego de cargos. La comisión cacereña comunica al maestro el pliego de cargos el día 15 de mayo de 1.942, dándole diez días para que formule los descargos que estime oportunos y remita la documentación exculpatoria que crea de su interés para su defensa, plazo que empieza a corres desde el día 29 de mayo, cuando le es entregado al maestro.

 

Alegato de descargos. Evaristo Jiménez Sánchez, que cuenta ya con 63 años, contesta el día 4 de junio de 1.942 a los siete cargos, tratando de desmontarlos a base de testimonios y certificaciones.

No hizo nunca ostentación ni tuvo jamás ideas socialistas ni comunistas, siendo contrario a las mismas, no pudiendo persona alguna de esta localidad decir me viera asistir a reuniones socialistas ni oyera que en mi escuela se cantara nunca jamás la internacional, ni se saludara con el puño en alto, como igualmente que no asistí ni solo ni acompañado de los niños de la escuela a manifestaciones de ninguna clase.

Si bien es cierto que recibí nombramiento de presidente de Izquierda Republicana, con el cago de constituir partido en este pueblo, nadie puede decir que hice la menor gestión para reunir partidarios, haciendo constar que este nombramiento lo acepté y no devolví, en agradecimiento a favores recibidos de D. José Giral, tal como hice constar en el escrito de solicitud de revisión de mi expediente.

Nunca abandoné mi escuela, aunque mi sobrino, de 14 años, me ayudaba en la enseñanza de los pequeños, bajo mi exclusiva dirección, no siendo cierto que éste obligara a blasfemar a los niños.

Juro por mi honor que no fomenté ni auxilié a la rebelión roja, ya que siempre fui enemigo de este falso ideal; juro que ignoro lo que es la masonería y por tanto no podía pertenecer a esta organización.

Finalizaba instando a la comisión para que solicitara informes suyos a las autoridades y al pueblo en general, pues él no podía acompañarlos al expedirse éstos, únicamente, a requerimiento de la comisión.

Adjuntaba certificados de los curas de Garciaz, Deleitosa y San Felipe Neri, quienes certificaban que no había hecho ostentación de ideas izquierdistas, ni manifestado deseos de que triunfara la revolución roja. Era un hombre honrado y pacífico, de intachable conducta moral social y religiosa, que frecuentaba los sacramentos y asistía todos los días festivos a cumplir los deberes de buen cristiano. Asistía puntualmente a la escuela, cumpliendo bien con sus deberes profesionales.

 

Segundo aval del vecindario. Pocos día después, el 10 de junio de 1.942, el maestro remite a la comisión un nuevo escrito, para agregar un nuevo documento de descargo a su expediente. Se trata de un aval firmado por varios vecinos de Deleitosa, “personas de la mayor solvencia moral, de intachable conducta y de absoluta adhesión al Glorioso Alzamiento Nacional”, según sus propias palabras, que “hace caer como columna rota por su base, los infundados cargos que se me hacen”.

En el aval, firmado por 32 vecinos de la localidad, se hace constar que el maestro,  al que conocen desde hace diecinueve años, “tanto por su conducta pública, moral, como privada es un perfecto caballero, adornado de buenos sentimientos. Es un fiel cumplidor con los preceptos de la Iglesia, habiendo asistido asiduamente con los niños de su escuela, lo mismo al Santo Sacrificio de la Misa, cuanto a la práctica del Rosario. En el orden político, ignoramos el ideal que haya profesado, pero si ha pertenecido a algún partido, jamás se le ha visto hacer ostentación de ello, ni trabajar para sumar adictos a su causa. Firman: Constantino Romero, Marcos Muñoz, Bibiano García, Tomás Robledo, Ovidio García Soleto, Francisco Buenvarón, Apolinar Buenvarón, Adolfo Robledo, Daniel Jiménez, Julián Durán, Gonzalo Jiménez, Aniceto Robledo, Venancio Robledo, Anselmo Rodríguez, Guillermo Jiménez, Severiano García, Victoriano Barambones, Luis Robledo, Narciso Ruiz, David Carbonero, Cesáreo Moreno, Siro Vadillo de Vega, Balbino Montero, Calixto Barambones, Emilio Moreno González, José Cartagena Pacheco, José Moreno, Juan Palomo, Isidoro Luengo, Ramón Álvarez, Benedicto Ramos Gil y José Muñoz.

El alcalde, Maximiliano Buenvarón, certifica las firmas.

 

Nueva propuesta de sanción. La comisión provincial elabora la nueva propuesta de sanción definitiva el día 18 de junio de 1.942. en la misma se consideraba como única actuación sancionable al maestro, la presidir de su comité local de Izquierda Republicana. Por ello, se propone sancionarle “con la suspensión de empleo y sueldo por el plazo de dos años, para los que le servirá de abono el tiempo que ha estado separado de sus funciones; inhabilitación para cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza y traslado forzoso fuera de esta provincia”. El día 30 de junio es remitido el expediente a Madrid, para su definitiva resolución. Allí se unen al mismo las consideraciones que sobre el asunto hace la Dirección General, para que sean tenidas en cuenta por el Juzgado superior de revisiones. Se considera que las nuevas informaciones aportadas, atenúan los cargos inicialmente imputados, aunque “lo de Presidente de Izquierda Republicana no hay quien se lo quite”. Por ello se estima procedente “dejar la última pena, como dice la Comisión, para casos más destacados.”

 

Sanción definitiva. Considerado ultimado el expediente, el día 18 de diciembre de 1.942, el juzgado superior de revisiones propuso anular la orden de 30 de diciembre de 1.939, así como imponer la suspensión de empleo y sueldo por dos años, con abono del tiempo haya permanecido en dicha situación, inhabilitación para cargos directivos y de confianza y traslado forzoso fuera de esta provincia, con prohibición de solicitar vacante por un periodo de cinco años.

Nuevamente la tramitación del asunto sufre un considerable retraso, pues no sería hasta dos años después, cuando el día 1 de diciembre de 1.944, el juez revisor solicitase a la unidad administrativa correspondiente de Cáceres la hoja de servicios del maestro, para ver la edad y los años de servicio.

 

Muerte del maestro. Para entonces ya era trágicamente tarde. La administración cacereña contesta al juez revisor el día 13 de diciembre, que el maestro había fallecido el día 20 de febrero de 1.944, cuando contaba con 64 años y 32 años de servicios. Ante tal eventualidad, el 18 de diciembre se ordena el archivo definitivo del expediente.

 

JACINTO ROMERO PARDO. Maestro de Navezuelas

 

El otro caso de ensañamiento de las autoridades ocurrió en la localidad de Navezuelas, recayendo las acusaciones sobre el maestro Jacinto Romero Pardo.

 

La acusación. El día 9 de septiembre de 1.936, el alcalde de Navezuelas, Román Benito, comunica al Gobernador Civil de Cáceres que el maestro Jacinto Romero Pardo “ha sido muy comunista”.

Destitución. Con esta información, el día 21 de septiembre de 1.936, el Gobernador destituye a maestro, a través del servicio de inspección.

El maestro se defiende. El día 7 de octubre, tras recibir la noticia de su cese, el maestro remite dos escritos y diversos certificados de conducta al inspector jefe, para que sean tramitados, así como otro escrito al gobernador, suplicando que le reponga en su cargo.

Alegaba que siempre había desempeñado su trabajo con convicciones católicas y que no había pertenecido a ningún partido político ni asociación, a la vez que estaba sumado al movimiento, afiliado a las milicias de su pueblo, Herreruela, donde le había sorprendido el Movimiento. “Asaltaron los rojos el cortijo donde con mis familiares me encontraba pasando las vacaciones, en las proximidades de Puebla de Obando (Badajoz), donde fui amenazado de muerte para que entregara las armas y, además, robado y maltratado”. Termina suplicando que se recaben informes suyos si alguno fue “equivocado” y adjunta uno sobre su personalidad, para que lo tenga en cuenta.

El segundo de los escritos, iba avalado por la firma de 314 cabezas de familia de Navezuelas, mayores de 25 años, personas de intachable conducta, en el que, habiéndose enterado de la destitución del maestro y “como personas interesadas en la enseñanza de los chiquillos, hombres del mañana de nuestro pueblo”, manifiestan su  profundo pesar, por tratarse de un funcionario competente. Suplican que sea repuesto en su cargo para, basado en los principios de religión y patria, dote a los niños de suficiente civilización y cultura; porque goza de la simpatía y afecto del vecindario, es digno del más entusiasta aplauso de los padres de familia, por su labor, en nada contraria al Movimiento Nacional.

Aporta varios certificados, fechados el 30 de septiembre en Herreruela y firmados por el alcalde, Tomás Bas Flores; el cura, Gregorio Rocha Fernández y el jefe de Falange, Urbano Chaparro Moreno. Todos ellos coinciden en afirmar que Jacinto Romero Pardo, al igual que su familia, es de conducta intachable moral y religiosa, es considerado como persona de orden y de derechas. Había llegado a Herreruela con sus padres a primeros de agosto, solicitando vigilancia armada, por huir de los rojos que habían asaltado el cortijo donde se encontraban. Desde entonces estuvo en las milicias patrióticas, prestando servicios de vigilancia.

Se recaban informes. Pero los trámites del proceso de depuración continúan de forma inexorable. En enero de 1.937 se remitieron a la comisión depuradora del magisterio de Cáceres, a requerimiento de ésta, los informes del maestro. Fueron dados por el Alcalde, Antonio Durán, el cura, José Blanco Gallego y el vecino Román Benito (que, como anterior alcalde, había informado negativamente sobre el maestro, por lo que éste fue destituido).

Según estos informes, Jacinto Romero Pardo, que llevaba más de tres años en la localidad, era natural de Herreruela, de 30 años, estaba casado y tenía dos hijos. Todos coinciden en que no era católico practicante, apuntando el alcalde que su familia sí lo era. Fuera de la escuela se ocupa de los asuntos de su casa, pasear con su familia y “distraerse con funcionarios de mal  proceder político”.

Dedica a la escuela las horas reglamentarias, con juegos tradicionales del país y de la edad. Enseñaba bien y con entusiasmo y estaba afiliado a la Asociación Nacional de Maestros de Primera Enseñanza, habiendo sido suspendido.

En las observaciones se señala que era apreciado por el vecindario y que tenía más amistades con los de izquierdas que con los de derechas. El cura profundiza con más detalles “se acompañaba del médico, don José Mateo y de otro maestro, Fernando Collado, sin cargo, que eran de mala conducta. Se dice de él que inspiraba en el socialismo al casero. Votaba a izquierdas, aunque en mis tiempos no se le vio haciendo mofa de los actos religiosos. Ahora cumplía y paseaba con el cura, antes nada de eso”.

Pliego de cargos. Con estas informaciones, la Comisión formula el pliego de cargos y se lo comunica al maestros el día 16 de mayo de 1.938. En el mismo se le acusa de hacer ostentación de ideas izquierdistas, socialistas y comunistas, votando al Frente Popular y teniendo sus amistades entre los elementos destacados de izquierdas.

Alegato de descargos. El día 28, desde Navezuelas, remite el maestro sus descargos y doce certificaciones de defensa a la comisión de Cáceres. Sabedor de su inocencia, en el escrito no profundiza mucho sobre su defensa, indica que como las certificaciones que deben obrar en poder de la Comisión y las que remite prueban suficientemente su ayuda moral, personal y económica desde el primer día al Glorioso Movimiento, así como su conducta moral, profesional y política y, sobre todo, “que no es cierto ninguno de los cargos que han motivado el expediente que se me instruye, prescindo de defenderme acusando y de hacer sucios retratos morales y políticos”.

De los doce documentos exculpatorios que remite, seis se emiten en Herreruela  por el Secretario del ayuntamiento, Pedro Holguera Chaparro; el comandante de puesto de la Guardia Civil, Diego Pérez Barra; el alcalde, Gerardo Gómez Pardo; el Juez municipal, Fidel Hidalgo; el cura de Herreruela, Gregorio Rocha Fernández y el jefe de Falange, Urbano Chaparro Moreno. Estos informes acreditan que el maestro había demostrado incondicional adhesión al movimiento, pertenecía a Falange, donde había desempeñado varios cargos: instructor de flechas, delegado sindical y delegado de prensa y propaganda; había prestado servicio en las milicias del pueblo, cumpliendo con lealtad y entusiasmo, contribuyendo con las suscripciones, demostrando patriotismo, de intachable conducta pública y privada, cumplidor como buen católico y apreciado por vecinos y autoridades.

Por su parte desde Navezuelas, el vecino Vicente Álvarez, además de afirmar que la conducta del maestro había sido siempre intachable, benéfica y justiciera, libre de rencillas, hace el siguiente relato: “el 21 de febrero de 1.936 por la tarde, como ciertos individuos socialistas insultaron y quisieron asesinar a los hijos del primer teniente de alcalde de entonces y ahora, D. Vicente Álvarez Alama, acertando a pasar por allá para ir a su casa, les afeó su pésimo proceder y sosteniéndoles con harto peligro de su vida, no tanto con razones, cuanto con su propio cuerpo, libróles a Pedro y Flaviano Álvarez Cortijo, hoy en los frentes de combate, de un atropello y muerte ciertas. Lo digo en nombre de mis hijos ausentes”.

La presidenta del Consejo local de Primera Enseñanza, Tomasa Porras Sánchez, certifica que ha desempeñado su labor admirablemente, ajeno a la política y con el aplauso de los vecinos, dando facilidades para que los niños pudieran santificar la fiesta. “No enseñó nada en contra de la patria, la moral o las buenas costumbres, ni en su escuela se cantó la internacional, marsellesa o himno de Riego”. Jamás vertió ideas izquierdistas ni se le vio en manifestaciones ni mítines del Frente Popular, ni estuvo en la casa del pueblo, ni promovió algaradas ni escándalos.

El cura matiza positivamente y rectifica parcialmente sus indicaciones iniciales. Ahora asegura que aunque no frecuentó la iglesia antes del alzamiento, “fue por miedo a perder su escuela, no por irreligioso. En ningún momento coartó la libertad de su familia, habiendo bautizado a sus hijos “y al que murió lo enterró cristianamente”. Tampoco había impedido a los niños de la escuela asistir a oficios religiosos y “si los monaguillos llegaban tarde, no les ponía mala cara”.

Las autoridades locales, junto al comandante de puesto de Berzocana, Evaristo Blázquez Maeso, también se implicaron a favor del maestro, asegurando que no había estado afiliado a ningún partido y que era incierto que manifestara ideas izquierdistas, dado mítines ni conferencias, pisado la casa del pueblo, o ido a manifestaciones. En la escuela estuvo alejado de la política y “no cantó internacional, marsellesa ni himno de Riego”, ni saludado. En las clases nocturnas explicó la constitución republicana, pero se resistió a poner la bandera tricolor. No votó las candidaturas de izquierdas.

Nuevamente, aporta un escrito firmado por 314 vecinos de Navezuelas, informando muy favorablemente sobre el maestro, en estos términos: “en la escuela su cumplimiento ha sido demasiado rigorista, invirtiendo más tiempo del mandado, tratando a niños y adultos por igual, no sembrando ideas contrarias a nuestra nación e historia y proporcionando a los escolares más material del presupuestado, abonándolo de su dinero y juzgando que a nuestros niños, dado su medio ambiente no se les podía pedir más erudición. Su conducta privada y pública ha sido digna de los mejores aplausos, siendo el verdadero maestro que enseña con el ejemplo. Jamás le hemos visto actuar en política ni asistir a manifestaciones o participar en actos perniciosos”.

Propuesta de sanción. Analizada toda la documentación por parte de la comisión, el día 20 de agosto de 1.938, se propone la sanción, al estimar completo el expediente. Por unanimidad se acuerda proponer la suspensión de empleo y sueldo por trece meses y un día, sirviéndole de abono el tiempo ya suspendido.

Sanción definitiva. Sería más de un años después, cuando el 26 de octubre de 1.939, la comisión superior propusiera al Ministro, sin atender en nada las verdaderas circunstancias del maestro, el traslado forzoso dentro de la provincia, con prohibición de solicitar cargos vacantes, durante un periodo de dos años e inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos y de confianza en Instituciones Culturales y de Enseñanza.

Esta fue la sanción que debió sufrir el maestro, por las acusaciones, falsas a tenor de los informes aportados, del alcalde de Navezuelas, Román Benito, apoyado inicialmente por el cura de la localidad, José Blanco Gallego.

Se cierra el expediente de este maestro, como el de otros tantos miles en todo el territorio, con una injusta sanción, fundamentada en falsas acusaciones de las autoridades, en los primeros momentos de la rebelión.

 

En resumen, en el caso de Evaristo Jiménez Sánchez, la causa real de su acusación estuvo en que había acudido desesperado a Madrid para tratar de buscar curación a la enfermedad ocular de su mujer. Ante su falta de recursos, se dirigió al diputado por la provincia de Cáceres, José Giral, quien le ayudó, a cambio de su nombramiento como presidente de Izquierda Republicana en Deleitosa. El maestro aceptó el cargo, pero no lo ejerció.

Cuando se produjo el golpe de estado, el maestro se encontraba nuevamente en Madrid con su mujer, lo que fue aprovechado por el alcalde de Deleitosa para cargar contra él, acusándolo de comunista y de haberse fugado a zona roja.

Como los intentos de localización del maestro por parte de la comisión depuradora de Cáceres, para comunicarle los cargos, resultaron infructuosos, se le sancionó con la separación definitiva del servicio, mientras él se encontraba con su mujer en Alicante, a la espera de regresar a Deleitosa en cuanto le fuera posible.

A su regreso, enterado de su cese y con otro maestro ocupando su puesto, el maestro solicitó la revisión de su expediente, con el apoyo de vecinos y nuevas autoridades locales, revisión que fue concedida dos años después. Tras las correspondientes alegaciones a los cargos y presentación de avales, nuevamente de los vecinos y autoridades, transcurridos que fueron otros dos años, atendieron sus alegaciones y dieron por amortizada la nueva sanción, con el tiempo que había transcurrido sancionado desde 1.936. Sin embargo, el maestro no pudo disfrutar de su reintegración al magisterio. Ya había muerto, al igual que su mujer, que lo hizo años atrás, por pura inanición, a decir de vecinos de la localidad, que aún recuerdan tan amargo trance. La tramitación del expediente había durado la friolera de ocho años.

 

 

El análisis de los expedientes de depuración de los maestros Evaristo Jiménez Sánchez, de Deleitosa y Jacinto Romero Pardo, de Navezuelas, obligan a realizar algunas apreciaciones en torno a la consideración que de los maestros se tenía en el ámbito de las Villuercas Bajas.

De forma general, puede entenderse demostrado que, en los primeros momentos de la rebelión armada, se produjo un ensañamiento de las autoridades con los maestros, informando sobre falsedades en torno a los mismos al aprovechar la coyuntura de caos.

Tras realizarse las acusaciones, los maestros se ven imposibilitados para demostrar su inocencia, aún aportando informes y certificaciones de conducta muy favorables, de los propios elementos del régimen en ciernes. Resultan vanos todos los intentos de exculpación, ante la presunción de culpabilidad impulsadas por los alcaldes, con la aquiescencia de los curas.

A ello se une la tremenda lentitud en la tramitación de los expedientes, tres años en un caso y ocho años en el otro, que origina que los maestros sufran, de hecho, mayor sanción que la que definitivamente se les impondría. En el caso de Jacinto Romero Pardo, se le comunican los dos años de sanción, cuando llevaba suspendido más de tres. En el caso de Evaristo Jiménez Sánchez, los dos años de sanción se le imponen cuando llevaba ocho años suspendido y, lo que es más grave, cuando ya había fallecido.

Ello había originado en ambos casos una angustiosa situación personal, ante la falta de ingresos para sostener a sus familias. Especialmente en el caso de Evaristo Jiménez, cuya esposa, a decir de los vecinos de Deleitosa que recuerdan el caso, había fallecido de pura inanición.

Sin embargo de todo ello, un hecho positivo quedó claramente de manifiesto. El apoyo del vecindario de las localidades de Deleitosa y Navezuelas a su respectivo maestro hizo, aún en las peores condiciones políticas, que imperara su apreciación y criterio, desenmascarando a las autoridades que, valiéndose de sus cargos, habían cargado las tintas sobre los maestros que estaban tratando de ilustrar a sus vecinos más pequeños, los niños. Triunfaría de esta forma LA REBELIÓN DE LOS JUSTOS.

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