Oct 011999
 

Roberto C. Montañés Pereira.

Hacia mediados de 1933 buena parte de los municipios cacereños vivían el apogeo de una espiral de conflictividad social inherente al marco político en curso desde Abril de 1931, la II República. Dos factores determinan semejante estado de cosas: por un lado la democratización en las estructuras de poder como principio doctrinal(constitucional) que caracterizaba al nuevo régimen político dotando de aceleración histórica y significación social a una región que largamente había carecido de ella, cuyos rasgos más notables eran el atraso económico, el arcaísmo social y el inmovilismo político. El advenimiento de la II República, con su multiplicidad de interpretaciones y expectativas generadas suponía una ruptura que en marcos como el extremeño determinaba una experiencia histórica vertiginosa en la que se ensancharon los cauces de participación política y se invirtieron en muchos casos las tradicionales esferas de poder, quebrándose el modelo de servilismo social que había presidido el marco de relaciones humanas hasta entonces merced a la elevación e incipiente protagonismo de agentes sociales otrora postergados que dotaban de dinamismo al tradicional y monocorde marasmo político de estas tierras, por otra parte, el régimen republicano asumía el reto de uno de sus ejes directrices, el llamado “problema social del campo”, largamente formulado y apenas abordado por su complejidad y magnitud, que ahora iba a ser atacado con las vacilaciones y ambigüedades que dictaba la coyuntura política y socioeconómica. En Extremadura, el problema agrario estaba destinado a convertirse en el centro de todas las querellas y en el epicentro de una escalada de violencia rural y conflictividad campesina inusitada bajo el amparo legal de un régimen rupturista que oscilaba entre la reforma, la reacción y la contrareacción o revolución.

Dos problemas, entre muchos otros, orbitaban en el devenir de la experiencia republicana en Extremadura: el intenso y estructural paro agrícola estacional forzoso, especialmente doliente en terrazgos de secano, en el que la estacionalidad del ciclo productivo agrario determinaba una abundante pero abaratada mano de obra concentrada en épocas concretas de laboreo. Este desempleo cíclico conducía a la miseria social más alarmante, condenando a la pobreza más extrema a una ingente cantidad de campesinos desposeídos, los jornaleros. El otro problema paralelo e intrínsecamente unido derivaba del régimen de propiedad y el sistema de explotación de la tierra que no había experimentado variaciones en relación con la reforma agraria liberal burguesa, perviviendo las grandes explotaciones fundiarias con alto grado de concentración parcelaria, si bien, se había agudizado la situación social de las clases bajas rurales gracias a la privatización y enajenación de los bienes concejiles de aprovechamiento comunal, que unido a la implantación del orden económico capitalista depauperó a la población campesina y la empobreció irremisiblemente, bajo la complicidad de un régimen político, el de la Restauración, que no ofrecía cauces de participación ni vías de solución, instrumentado y al servicio de los mentores que custodiaban dichas transformaciones. Por estas y otras razones, la República ofrecía un escenario socioeconómico tremendamente sugerente cuya andadura, repleta de contradicciones, perceptibles en la esfera microespacial o local, diseñaron el final truculento y el resultado frustrado de esta realidad histórica.

La escalada reivindicativa y la protesta social asociada a esta experiencia política alcanzó su cenit en 1933, al registrarse una amplia y numerosa tipología de conflictos campesinos: alteraciones del orden, huelgas, desmanes, ataques a la propiedad etc.. debido a la combinación de varios factores como ha recogido Juan García Pérez: aguda depresión económica, intensidad del paro forzoso, apatía y arbitrariedades de los propietarios, decididos a abortar cualquier medida de “utilidad social” de la propiedad, que unido a la desconfianza ante los escasos resultados de la Reforma Agraria y la fuerza y pujanza de las organizaciones obreras cristalizaban en un aumento sin igual de los movimientos sociales de protesta en Extremadura.[1]

La villa cacereña de Ceclavín[2], integrada en el partido judicial de Alcántara y distante unos 80 km de la capital provincial era uno de los numerosos ejemplos de desequilibrio económico y por ende de polarización social en 1933 a las puertas de que expirara la trayectoria de la alianza republicano-socialista de Azaña y poco antes de un estío donde se alcanzaban cotas de subversión rural cuyos actores eran jornaleros y pequeños arrendatarios que aumentaron significativamente sus protestas durante ese año.[3]

Ceclavín había conocido episodios de conmoción social de cierta entidad durante los siglos XVIII y XIX, no en vano, fue uno de los centros más importantes de prácticas contrabandistas con la vecina Portugal. Era un pueblo brioso con un importante contingente poblacional cifrado en 4872 habitantes, dotado de numerosos servicios primarios (sanitarios, asistenciales etc.) y una aceptable actividad industrial y manufacturera[4]. Pero lo más sobresaliente es que contaba con un volumen de jornaleros bastante notable[5], víctimas de una estructura de la propiedad concentrada[6] y del paro forzoso, verdadera lacra social en Ceclavín y fuente de todas las situaciones de tensión social que se registraron, estrechamente ligado al tema de las bases de trabajo.

El 2 de Junio de 1933 aparecía en el Diario Extremadura el siguiente titular “El pueblo de Ceclavín lleva 48 horas en estado de bloqueo por huelguistas revolucionarios”, extracto del telegrama enviado a la redacción del rotativo por la Asociación de Propietarios de Ceclavín en el que se solicitaba protección y la intervención de las fuerzas del orden ante los desórdenes que se registraban[7]. El telegrama es fiel reflejo de un conflicto cuyo trasfondo no era otro que la disparidad irreconciliable de intereses entre patronos, obreros y Alcaldía. Los primeros se oponían al alojamiento de obreros y éstos respondieron con la convocatoria de un paro total en la que al parecer hubo amenazas, reflejando una lucha atomizada que hacía difícil la convivencia y que el transcurrir del régimen republicano había contribuido a enquistar. El estado de inquietud fue la tónica durante ese año en Ceclavín, que se inició con un fuerte conflicto en Enero[8] cuyo telón de fondo no era otro que la administración, gestión y aprovechamiento de los bienes de propios en la Dehesa Boyal, la pugna que en este asunto mantenían socialistas y propietarios y cuyo resultado era la estrecha vigilancia del agro ceclavinero por la Guardia Civil ante los desmanes perpetrados por unos obreros subalimentados.[9] En este sentido, el problema de la escasez de subsistencias y productos alimenticios de primera necesidad actuaba de galvanizador último de la protesta social debido a la carestía de trigo, insuficiente para garantizar el abastecimiento de la población y consecuentemente el peligro desestabilizador de la elevación de sus precios ante su especulación por los acaparadores. El Ayuntamiento, decidido a avalar el consumo, inspeccionó los domicilios de los tenedores de trigo para verificar la exigüidad de su existencia amén de otras medidas como la prohibición de exportación del trigo almacenado en la localidad “para armonizar los intereses particulares con el bien general”[10]. Ni siquiera la mediación del Gobernador Civil ante sendas comisiones de patronos y obreros y la aplicación de las primeras medidas de la Reforma Agraria, la realización de uno de sus principios rectores, el asentamiento y la conversión de jornaleros en pequeños labradores pudo disuadir al proletariado rural ceclavinero, dispuesto a revelarse contra los abusos sufridos y manifestar su indignación ante la dependencia y miseria a que el sistema les condenaba, propósito que llevó a efecto el 30 de Marzo cuando la Casa del Pueblo “Frente Único” convocó una huelga de brazos caídos para el 8 de Abril que según el Diario Extremadura podría movilizar a 700 obreros[11]. Los propietarios de la localidad atendiendo a las necesidades del Ayuntamiento efectuaron un préstamo de 10.000 ptas destinado a subvencionar la conversión de los colonos en modestos labradores ante la ausencia de fondos en las arcas municipales, cantidad que se sumaba a las 30.000 ptas consensuadas con el Gobernador Civil en Enero y que a modo de anticipo deberían distribuirse entre los labradores asentados para paliar así la crisis obrera. No es de extrañar pues el malestar y el descontento de los propietarios dispuesto a exigir por sus ayudas un elevado precio político-social al utilizar estos argumentos como moneda de cambio y bascular sobre este eje todo el peso de sus excusas e inhibiciones. La oposición patronal a las medidas municipales era irreconciliable y subió de temperatura cuando varios contribuyentes se negaron a aportar su parte correspondiente del préstamo para solucionar el paro obrero provocando una vez más la intervención del Gobernador Civil, temeroso de que esta actitud desencadenara disturbios y alteraciones del orden, quién invocó a la Ley de Defensa de la República para instar a todos los propietarios al pago de las cantidades estimadas[12]. Para colmo de males, la corporación carecía de recursos económicos con que hacer frente a las eventualidades que la situación exigía y dependía económicamente de los préstamos de los mayores contribuyentes, comprometiendo así su libertad política. Este estado de cosas no solamente vino a crispar la vida política del municipio sino que hacía imposible la buena vecindad debido a un ambiente social enrarecido donde la patronal denunciaba el desorden existente en el pueblo y visible en actos delictivos cometidos con plena impunidad, con la aquiescencia de Alcaldía, Juez y fuerzas del orden, visión parcial y sesgada de una realidad convulsa y vista a través del prisma deformante de la exaltación política y el ánimo excitado, que dejaba traslucir la irreductibilidad efervescente de posiciones de clase enconadas que hacían imposible la vida político-social en Ceclavín. La capacidad de arbitraje del ayuntamiento estaba seriamente mermada por su falta de disponibilidad económica, su morosidad en los pagos en un momento especialmente delicado, en plena crisis generada por el paro forzoso, incapaz de hacer frente a los numerosos gastos de reparación de caminos y limpieza de calles como fórmulas de colocación obrera y por otro lado cuando se efectúan los asentamientos de jornaleros mediante un régimen de préstamos con cantidades que oscilaban entre las 50 y las 125 ptas por persona. En esta situación desesperada no sorprende que se buscara la ayuda de instancias administrativas más elevadas que concedieran fuentes de ingreso y presupuestos extraordinarios para mantener la política de socorro social “dada la miseria de esta pobre gente a quienes se aplica”.[13]

Guardias civiles a caballo levantando atestados a cuadrillas enteras de jornaleros empujados por el hambre que talan leña en la dehesa, actividad delictiva de naturaleza social muy extendida, roturaciones espontáneas en fincas privadas, asalto a otras tantas así como a sus majadas y casas de campo, robo de ganado y aceituna, absoluta discordancia entre todos los sectores del espectro social ceclavinero son los trazos de una estampa, la que corresponde a Ceclavín en 1933, extensible a numerosos pueblos de la región. No conviene pues enmascarar unos procesos de honda virulencia pese a las visiones distorsionadoras que responden a intereses concretos, expresadas en situaciones puntuales como la acontecida a la salida del domicilio social de la sociedad obrera “Frente Único” el 26 de abril, donde se registraron incidentes que amenazaron la tranquilidad pública y suscitaron la respuesta del Alcalde en los siguientes términos: “Siendo deber de toda autoridad velar por la tranquilidad pública y que mutuamente se respeten las ideas, al amparo de la Constitución, por ser la verdadera libertad del régimen democrático actual”.[14]

El clima no debió apaciguarse porque tan sólo cinco días después volvió a registrarse otra alteración del orden, durante la celebración del día del trabajo, el 1º de Mayo en cuya manifestación obrera se produjeron tumultos[15]. Estamos en la antesala de un estallido que llevaba largo tiempo latente y larvado y que explotaría en los primeros días de Junio tras la convocatoria y posterior celebración de una huelga campesina convocada por los afiliados de la Casa del Pueblo “Frente Único”, quienes presentaron un escrito a la Alcaldía el día 30 de Mayo exponiendo los motivos de la manifestación en cuya resolución jugó un papel destacado el Gobernador Civil, a quién se le informó de las peticiones de los jornaleros abogando por la normalización de la situación e instando al dialogo entre todas las partes implicadas, convocando a representantes de los patronos, obreros y Comandante de la Guardia Civil. El conflicto tenía varias razones solapadas, siendo la principal el estado de pobreza extrema agudizado por la escasez de subsistencias y que encontraba su origen en el precio de los jornales, notablemente inferiores en losalojamientos que en las faenas mejor pagadas, las de siega, además de la habitual retracción de los patronos para evitar a toda costa la carga de tener que colocar obligatoriamente a los jornaleros en función del volumen de riqueza disfrutado.[16]

Una vez que reinaba la tranquilidad en el municipio y se calmaron los ánimos tras la huelga campesina, sobre todo a raíz de la intervención de las fuerzas del orden y su presencia disuasoria a partir del envío del contingente de la Guardia Civil ordenado por el Gobernador Civil, se abordaron las posibles soluciones y pudieron discutirse las bases reales de colocación que permitieran afrontar con seguridad la crisis de trabajo durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre, es decir, en plena recogida de las cosechas de cereales y evitar así los desmanes.

A este fin obedeció la propuesta de bases que la Corporación municipal formuló el día 10 de Junio a obreros y patronos[17], en la que se estipulaba el reparto de campesinos, arrendatarios y aparceros con superficies inferiores a 10 fanegas entre los propietarios de fincas rústicas que tuvieran una contribución anual que excediese de las 50 pts y cuyos líquidos imponibles sobrepasaran las 500 ptas. En función del patrimonio catastral se asignaba el número de campesinos alojados, si bien la base 5ª preceptuaba la posibilidad que tenían los propietarios para satisfacer la cantidad equivalente a los jornales empleados y evitar así el alojamiento, medida incentivada con el 10% de bonificación habida cuenta de las dificultades de colocación, haciéndose cargo la Alcaldía de los obreros sobrantes además de proceder a la contratación directa de 50 jornaleros para sus obras de mantenimiento y reparación de infraestructuras y obras públicas. En cualquier caso, se permitía la libre disposición de los obreros inscritos en el censo y que figurasen en la bolsa de trabajo creada a tal efecto con las debidas medidas de seguridad para que no fuera burlado el cupo de obreros asignados en función de la riqueza rústica atesorada. Para velar el cumplimiento del acuerdo se procedería a la rectificación quincenal del padrón de obreros a fin de registrar la cuantificación de las altas y las bajas pertinentes. Sin duda, no era una casualidad la estrecha vigilancia a la que se sometía a lo propietarios, no en vano, su negativa constante a este sistema es una de las claves para entender la dimensión real del conflicto social en Ceclavín. Así, desde principios de año desde la administración se quiso conocer de manera estadística el volumen del proletariado rural y sus posibilidades de colocación a partir de la creación de registros, dotando a los obreros de tarjetas de identificación[18] y pidiendo a propietarios y arrendatarios la relación de los obreros que tenían, ya fueran permanentes o eventuales así como de las labores que realizaban[19] ante la inhibición de los mismos.

Precisamente, el intento de aunar esfuerzos para buscar fórmulas y vías de solución ante la magnitud del “problema social” en Ceclavín por parte de la Alcaldía llevó a la creación de la Junta Local de Colocación Obrera y defensa contra el paro, en la que se pretendía integrar a todos los sectores implicados, obreros, propietarios y autoridad municipal y cuya evolución y desarrollo estuvo presidido por la impotencia, la asepsia y la incapacidad. Una muestra de la parálisis y falta de operatividad de la misma fue el reiterado intento por parte de los propietarios para desmantelarla aduciendo que la comisión de colocación obrera debía ubicarse en la cabeza de partido judicial y además su constitución no había sido aprobada por el Ministerio de Trabajo y Previsión.[20]

El reparto era una solución urgente y extraordinaria, indicativo de una aguda depresión económica y reflejo de un panorama social crítico, rechazado por la patronal y odiado por la Administración por lo que supone de reconocimiento tácito de una dependencia vergonzante y de una mendicidad encubierta. Precisamente es este sesgo indigno lo que condujo a su anulación por el Decreto 18 de Julio de 1931, disposición argumentada por la Asociación de Propietarios para exponer su oposición al proyecto de bases mediante su impugnación mientras denunciaba las arbitrariedades y el abuso de poder de la autoridad municipal al hacer recaer sobre ellos las responsabilidades derivadas de la realidad ceclavinera diezmando sus fuentes de ingresos: “acabamos de facilitar, extraídas del Banco de España por no tenerlas disponibles, DIEZ MIL PESETAS al Ayuntamiento, sin perjuicio de haber anticipado anteriormente otras VENTICINCO MIL, de haber llenado varias y repetidas suscripciones, de haber soportado innumerables alojamientos siempre grabosos y antieconómicos y de haber, en fin, puesto al servicio de esa causa, con la frustrada esperanza de pronta terminación, sus disponibilidades y buena voluntad ingrata e innoblemente correspondida con crueles amenazas”[21] además de la ilegalidad de sus medidas al regular un problema cuya competencia no le correspondía. Pero quizás lo más sobresaliente de aquel escrito de impugnación era la caracterización que la patronal agraria hacía de la huelga campesina al tacharla de “revolucionaria”, introduciendo un matiz desestabilizador en la práctica política y “criminalizando” las actuaciones obreras, en suma, achacando exclusivamente la conflictividad social a los desmanes y prácticas delictivas de los jornaleros en un claro ejercicio de cerrazón y parcialidad: “(…) la situación de nuestras fincas que en buena lógica tendrán realizadas todas las operaciones que demanda un cultivo razonable y la propia situación de sus poseedores que ven sus rentas totalmente impagadas con el mayor descaro y sin ningún formulismo que exigiera el más liviano pudor, muchas de aquellas invadidas sin garantía, precio ni contrato y otras atropelladas y usurpadas en sus productos sin que nadie las ampare habrá de convertirse fácilmente en la razón de nuestra negativa”[22]. Así lo entendía el Alcalde Aquilino Sánchez García con su furibunda crítica en respuesta al escrito de impugnación. Éste defendía la mediación del Ayuntamiento en este asunto por el deber de garantizar el orden, preocuparse del bien común y velar por el cumplimiento de las peticiones de sus gobernados a la par que criticaba ferozmente la actitud de los propietarios con las siguientes palabras: “No señores propietarios, no se trata de un alojamiento obligatorio, sino que se pretende resolver una crisis de paro forzoso, con muy poco sacrificio por parte de ustedes y sí con gran beneficio para sus propiedades. El proyecto que nos ocupa, en vez de impugnarlo ha debido ser de todos estudiado, habiendo podido llegar por la discusión del mismo a una verdadera concordia, evitando los rozamientos que existen entre las diversas clases sociales, que sin duda alguna, han tenido por origen los egoísmos de siempre y la no reflexión al no entender que el nuevo régimen modifica en un todo las costumbres, adaptándolas a la realidad y no al imperativo que existía, uniendo a todos en lazos de fraternidad y no de servilismo impropio de seres humanos; esa es la razón y por eso están ustedes haciendo imposible la vida social en Ceclavín”.[23]

La protesta cursada por la asociación de propietarios de Ceclavín fue desestimada por la Corporación en sesión plenaria celebrada el 22 de Junio de 1933 y se acordó enviar el proyecto de bases de trabajo al Delegado Provincial de Trabajo para que considerase su viabilidad o en todo caso su improcedencia, pero confiados de su aprobación “por ser conveniente y necesario para la resolución del paro forzoso”.[24]

Parece aventurado ofrecer conclusiones convincentes pero es obvio que la huelga campesina acaecida en los primeros meses de junio tildada de “revolucionaria” por los propietarios de Ceclavín parece ubicarse en la dinámica de enfrentamientos sociales tan profusos en este momento repartidos por toda la región, si bien dotada de una intensidad impresa desde la propia coyuntura socioeconómica ceclavinera que carece de solidez suficiente para individualizarse, es más probable considerar el fenómeno como un estallido espontáneo del proletariado rural de Ceclavín exteriorizando una difícil y angustiosa situación económica presidida por un problema estructural, el paro forzoso multiplicando sus funestos efectos a partir de su alianza con otras causas coyunturales y paralelas como la falta de subsistencias y el raquitismo de la vida política local.

Estamos ante dos interpretaciones contrapuestas que interaccionan en un marco microespacial, la versión que ofrecen los propietarios, que sienten amenazada su tradicional preponderancia en todas las esferas del medio rural, condenando cualquier intento de transformación como “revolucionario” y por otra parte la visión de la Alcaldía socialista, más receptiva a las demandas de sus vecinos pero igualmente crítica ante las formas y procedimientos de sus elementos exaltados, en cualquier caso en una situación complicada, la de ser autoridad en un medio social falto de concordia y sintonía entre los sectores que conformaban la sociedad ceclavinera, ejemplo elevado de desarticulación y cuna de las luchas económicas y en último extremo de la lucha por los resortes de poder, fraccionado entre poder político(detentado por los socialistas) y los beneficiarios del fáctico poder económico(mayores contribuyentes) perceptible en distintos niveles, ordenes o instancias organizativas: en la esfera social entre jornaleros y propietarios, en el plano político, entre socialistas y republicanos conservadores y en la dimensión societaria entre la Sociedad Obrera “Frente Único” y la Asociación de propietarios de Ceclavín. Las manifestaciones de todos estos órdenes perfilaban un modelo social desigual, convulso y en permanente estado de tensión, proporcionaba un equilibrio inestable de carácter estructural fácilmente quebrantado por coyunturas desfavorables cuyas esclerotizadas vías de solución conducían inexorablemente a la instintiva lucha social.


NOTAS:

[1] Hasta la fecha, el único trabajo realmente serio acerca de los movimientos sociales campesinos durante la II República se debe a Juan García Pérez: Estructura agraria y conflictos campesinos en la provincia de Cáceres durante la II República, Cáceres, 1982.

[2] Este trabajo se ha realizado sobre la base de las informaciones aportadas por la documentación analizada en distintas fuentes: hemerográficas (Diario Católico Extremadura), fuentes primarias(Archivo Municipal de Ceclavín, en adelante AMC) y bibliográfica especializada.

[3] La escasa celeridad en la aplicación de la Ley de Bases para la Reforma Agraria promulgada en Septiembre de 1932, y su escasa efectividad debido al bloqueo y boicot de las clases propietarias y hacendadas determinaron el aumento de la espiral de violencia que alcanzó su momento cumbre a mediados de 1933, punto de inflexión de la revuelta campesina, a partir del cual experimentaría un notable retroceso y desarticulación de sus órganos de expresión y sociabilidad y en suma, su capacidad reivindicativa debido a la promulgación de la Ley de Orden Público de Julio de 1933, la instauración de un gabinete conservador tras las elecciones de Noviembre y las medidas represivas dictadas tras el estallido de la Revolución de Octubre de 1934.

[4] Ceclavín contaba con un número importante de artesanos y comerciantes dedicados a tareas dispares; regentadores de Cafés y tabernas, de gran número en la localidad, diversas tiendas de tejidos al por menor amén de oficios tradicionales de gran notoriedad en el municipio como el de orífice o plateros, de gran raigambre en el pueblo. También es notable la presencia de artesanos funcionales (sastres, zapateros etc.). Como centros manufactureros son destacables la existencia de una fábrica de loza ordinaria, numerosas prensas de husillo y viga. Finalmente cabe mencionar la substantividad de una fábrica hidroeléctrica, Fronteriza del Alagón, que proveía de electricidad al núcleo rural. AMC, Matrícula de contribución industrial y de Comercio. Año 1933, Leg: 155 Expte: 2582.

[5] Resulta difícil cuantificar el peso real del proletariado rural ceclavinero, ya que las fuentes archivísticas no arrojan luz al respecto y tenemos que recurrir al material informativo que se desprende de las reseñas periodísticas sobre el problema social en Ceclavín para trazar un mapa sucinto y somero acerca de la envergadura numérica del movimiento obrero en Ceclavín. En cualquier caso, y contemplando un margen razonable de error (debido a que las estimaciones existentes aluden a la afiliación al sindicato socialista local) podemos cifrar en unos 300 obreros por término medio que en coyunturas especialmente desfavorables podía ascender hasta los 700, como en el momento objeto de estudio.

[6] Según las fuentes catastrales, en Ceclavín 8 fincas ocupaban una extensión de 5983Ha (37,12%), citado por J.García Pérez: Op Cit, p 72.

[7] “Pueblo Ceclavín lleva 48 en estado de bloqueos por huelguistas revolucionarios que impiden todos los servicios de pan y agua, soltando ganados, persiguiendo cruelmente personas honradas por no acudir refuerzos de la benemérita. Guardia Civil impotente para contener ataques, falta de apoyos de autoridades locales que clausurado centro patronal, se temen trágicos sucesos ante personal defensa que salve responsabilidad”. Diario Extremadura 2/6/1933, citado por J. García Pérez: op cit, p 366.

[8] “Los socialistas por amos del campo en Ceclavín”, titular de prensa aparecido en el Diario Extremadura 12/1/1933 donde se resume la línea editorial del periódico, alineado con las clases propietarias. Ceclavín conoce un significativo conflicto social en Enero debido a las discrepancias que sobre la forma de explotación de los bienes de propios mantienen socialistas y republicanos conservadores durante la época de barbechera.

[9] La crisis obrera registrada en Ceclavín en Enero de 1933 hacía presagiar un horizonte sombrío para aquel año, donde las clásicas medidas de colocación obrera en obras públicas se mostraban insuficientes debido al escaso numerario de la municipalidad que recurría a “vales” ya que carecía de fondos con que pagar los jornales invertidos en la red de caminos vecinales. El estado de necesidad conduce a una práctica delictiva cotidiana y de carácter social cuya manifestación típica es el hurto de frutos o leña, tal y como ha estudiado Fernando Sánchez Marroyo: Delincuencia y derecho de propiedad. Una nueva perspectiva del problema social durante la II República.

[10] Libro de Actas Municipales, 1933 23/2/1933 AMC Leg: 153 Expte: 2562.

[11] “Setecientos obreros anuncian la huelga de brazos caídos en Ceclavín para el día 8 de Abril” en Estado Social de la Provincia. Diario Extremadura 1/4/1933.

[12] Comunicación del Gobierno Civil de la Provincia de Cáceres. AMC Leg: 155 Expte: 2591.

[13] Libro de Actas Municipales, 1933 10/6/1933. AMC Leg: 153 Expte 2562.

[14] Expediente instruido por alteración de orden público 1933 AMC Leg: 155 Expte: 2588.

[15] Durante la manifestación conmemorativa del 1º de Mayo se registraron insultos entre algunos vecinos del tipo “canallas y criminales”, con las correspondientes sanciones dictadas por el Juez municipal. Expediente instruido por alteración de orden público. AMC Leg: 155 Expte: 2589.

[16] El jornal de los segadores era de 8 pts frente a los braceros alojados, quienes percibían sueldos que oscilaban entre las 2,25 pts y las 3 pts, según fuera su horario laboral de 6 u 8 horas. Este considerable desequilibrio salarial determinaba que muchos vecinos marcharan a buscar trabajo en la siega a otros municipios.

[17] Propuesta de bases que hace el Ayuntamiento de Ceclavín a obreros y patronos para que de una manera definitiva se solucione la crisis de trabajo durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año que nos ocupa. AMC Leg: 155 Expte: 2590.

[18] Bando Municipal de la Alcaldía Constitucional de Ceclavín (1931-1933) 20/1/1933. AMC Leg: 148 Expte: 2474.

[19] Bando Municipal de la Alcaldía Constitucional de Ceclavín (1931-1933) 20/4/1933. AMC Leg: 148 Expte: 2474.

[20] Expediente instruido y funcionamiento de la Comisión Inspectora a los fines del Reglamento para ejecución de la Ley de 27 de Noviembre de 1931 relativa a colocación obrera. AMC Leg: 155 Expte: 2586.

[21] Escrito de impugnación elevado por la Asociación de Propietarios de Ceclavín a la Alcaldía expresando su disconformidad con el proyecto de bases de trabajo para solucionar la crisis obrera. AMC Leg: 153 Expte: 2591.

[22] Idem

[23] Correspondencia enviada por la Alcaldía a la Asociación de Propietarios de Ceclavín en respuesta al escrito de impugnación del proyecto de bases de trabajo, 23/6/1933. AMC Leg: 155 Expte: 2590.

[24] Libro de Actas Municipales, 1933. Sesión 22/6/1933 AMC Leg: 153 Expte: 2562.